Costa Rica: indígenas entregan a Corte Interamericana Informe sobre graves violaciones a sus derechos
Una delegación del Territorio Bribri de Salitre, junto a organizaciones humanitarias, hizo entrega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del Informe que documenta graves violaciones al derecho indígena e individual, por particulares y autoridades judiciales y de Gobierno por lo que esperan que se abra una causa en contra del Estado costarricense, en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
“Yé tö a iche tö ie so bteo aié ichök tö wés sawéirke so kaska”: vengo a decirles los maltratos que sufrimos en nuestra Tierra, dijo el dirigente y miembro del gobierno Bribri, Felipe Figueroa, frente a los portones de la Corte Interamericana, que tiene su sede en San José, mientras esperaba con varias decenas de personas a ser recibidos, “sóki Sergio kianasakaki”: queremos a Sergio libre en nuestra Tierra, repitió alzando la vos.
Las primeras palabras del mensaje en lengua bribri que Figueroa dio ante la CIDH, golpearon contra los muros de la entrada al edificio, una hora antes de ser recibidos por funcionarios del máximo organismo del Sistema Interamericano, en el Día Internacional de Derechos Humanos.
El 9º Informe del Observatorio de los Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODAHIN) entregado a la Corte Interamericana, este miércoles, documenta un operativo de allanamiento y detención que efectuaron por orden y bajo la dirección de la Fiscalía de Asuntos Indígenas de la Corte Suprema de Justicia, de la que es responsable la jueza Adriana Céspedes, casi un centenar de agentes de la policía judicial (OIJ) y de la Fuerza Pública, varios fiscales y la Jueza de los Tribunales de Buenos Aires de Puntarenas, el pasado 6 de noviembre en el Territorio de Salitre.
Los agentes del OIJ y de la Fuerza Pública a la orden de las autoridades judiciales, entraron armados, con violencia y actitudes intimidatorias y retuvieron a las familias en sus casas sin permitirles moverse ni salir de sus viviendas a niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos mayores, que esperaron durante horas a que llegara la jueza para que hiciera de diligencia, señala el Informe del ODAHIN, sin presencia de organismos protectores de la niñez y la adolescencia o de las personas adultas mayores.
El 9º Informe de ODAHIN fue acompañado de un documento de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica que recoge la intervención en la Asamblea Regional de Mujeres Indígenas en las Américas, que se celebró en Washington el 8 de noviembre de este año, en la que participó Roxana Figueroa Calderón, del Territorio Bribri de Salitre.
También fue entregada a la Corte la copia de la carta dirigida al presidente Luis Guillermo Solís por la organización Coecoceiba- Amigos de la Tierra, que avala el 9º Informe de ODAHIN y documenta la situación de los pobladores del Territorio de Salitre desde la detención del presidente del gobierno local y líder espiritual, Sergio Rojas Ortíz, el 6 de noviembre pasado.
Figueroa, enjugándose las lágrimas minutos antes de entrar a la sede de la Corte Interamericana, de la que no sabía que existiera hasta hace unos días, dijo a Informa-Tico que “los bribris hemos agotado todas las instituciones nacionales, hemos llegado al límite de que está en peligro la integridad, la seguridad y la vida de nuestra población, y han agotado nuestra capacidad de esperar”.
Figueroa dijo que “la única institución que nos ayuda es la Defensoría de los Habitantes, pero parece que hay cosas que no puede hacer porque las agresiones siguen, las amenazas siguen y las invasiones a las tierras recuperadas han vuelto a ocurrir. Los no indígenas sacaron a balazos y a golpes a las familias de fincas recuperadas y la policía dijo que se quedaba el no indígena hasta que las cosas se aclaren. No sabemos a qué se refieren porque las invasiones al territorio indígenas son ilegales e ilegítimas, entonces”.
“Ahora esperamos que nos ayudan los organismos internacionales de derechos humanos y de derechos indígenas, nuestro pueblo y los otros siete pueblos indígenas costarricenses no podemos esperar más para que se reconozcan y respeten nuestros derechos ancestrales a la cultura, la cosmovisión, la seguridad y a nuestros Territorios, nuestra Madre Tierra”, dijo Figueroa.
“Al presentarnos a la Corte Interamericana, esperamos que nos orienten para canalizar una denuncia contra el Estado costarricense por violaciones a los derechos humanos y al derecho indígena por autoridades y funcionarios del Estado y por negligencia en la custodia de nuestros derechos, respeto a los Territorios y de nuestra seguridad” agregó el representante del gobierno Bribri.
El Informe de ODAHIN
El 9º Informe de ODAHIN fue dado a conocer el lunes de esta semana y revela detalles del violento operativo judicial-policial, así como de las omisiones y errores de los sucesivos gobiernos para atender la situación de los ocho Pueblos Indígenas y 24 territorios que existen en nuestro país, principalmente la angustiante situación de los Territorios de la zona sur del país que sufren persecución, invasiones, agresiones físicas, hostigamiento y racismo por parte de la población no indígena de la ciudad de Buenos Aires de Puntarenas, cabecera de un cantón donde están ubicados Territorios Bribris, Cabécares, Térrabas y Borucas.
Las ONGs de derechos humanos además de acusar al Gobierno de negligencia en asuntos indígenas han pedido que se tomen medidas preventivas para parar las amenazas de próximas agresiones que podrían producirse este fin de año.
El ODHAIN exhortó a las autoridades a que se inicie una investigación de inmediato y se establezcan responsabilidades por parte del Poder Judicial y de la Presidencia de la República “contra la Fiscalía de Asuntos Indígenas y contra los Fiscales y Juezas, policías judiciales y de la Fuerza Pública y sus responsables, que realizaron el operativo de allanamiento y detenciones, el pasado 6 de noviembre del 2014, en el Territorio Bribri de Salitre.
Los detenidos en ese operativo fueron los miembros y ex miembros del gobierno local Bribri –ADI- de Salitre, otros líderes y miembros de la Comunidad, pero solo quedó en la cárcel de Pérez Zeledón el presidente del gobierno local, Sergio Rojas Ortíz, sobre quien pesa una fianza de 30 millones de colones. Su encarcelamiento y destitución del cargo por orden de un juez son acciones para inmovilizarlo, en contra de su libertad y su liderazgo espiritual e impedir que siga siendo el interlocutor del pueblo Bribri ante el Estado, consideró en su Informe ODAHIN.
