Venezuela: exmandatarios de varios países instan a liberar a Leopoldo López

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Exmandatarios latinoamericanos y europeos instaron al gobierno venezolano a cumplir el pronunciamiento de un grupo de derechos humanos de Naciones Unidas a favor de la liberación del dirigente opositor Leopoldo López.

«Nosotros firme y fuertemente exhortamos al gobierno de Venezuela a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias», dijeron los exmandatarios al respaldar una resolución de ese grupo de Naciones Unidas que consideró que López es víctima de una «detención arbitraria» y pidió su liberación.

La declaración fue promovida por los expresidentes Oscar Arias, de Costa Rica; Ricardo Lagos, de Chile; Luis Alberto La Calle, Uruguay; Andrés Pastrana, Colombia; Fernando Henrique Cardoso, Brasil; Osvaldo Hurtado, Ecuador; Alejandro Toledo, Perú, y Jorge Quiroga, Bolivia. Y fue firmado por otros 20 exgobernantes, entre ellos el ex primer ministro griego, George Papandreou.

El documento fue suscrito en la víspera, y AP obtuvo una copia enviada por el departamento de comunicaciones del Grupo de Madrid, integrado por exmandatarios electos para compartir experiencias y promover la democracia y su defensa.

El escrito expresó que la resolución de la ONU «observa claramente que el Estado venezolano viola normas establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles», suscrito y ratificado por Venezuela, «y por lo tanto de cumplimiento obligatorio».

El gobierno del presidente Nicolás Maduro consideró esa resolución como una injerencia en los asuntos internos de Venezuela y un tribunal local negó la liberación de López, argumentando que no es vinculante.

López, de 43 años, fue acusado en abril por la Fiscalía General de los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. El dirigente es señalado de promover unos hechos violentos en el centro de Caracas que ocurrieron luego que la oposición realizó una multitudinaria manifestación contra el gobierno el 12 de febrero.

De ser declarado culpable de los cuatro cargos el dirigente del partido opositor Voluntad Popular podría enfrentar una condena de 13 años, 9 meses y una semana de prisión, según estimaciones de la Fiscalía General.

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