La diputada Villalba también debe ser investigada – Diario ABC Color, Paraguay
Existe al menos un principio formal de sospecha respecto a la corresponsabilidad penal que podría caberle a la diputada colorada “cartista” Cristina Villalba en el caso de los asesinatos de nuestro corresponsal en Curuguaty, Pablo Medina, y su joven acompañante, Antonia Almada, perpetrados el pasado 16 del mes en curso.
Por de pronto, hay un escrito –hallado en la computadora personal del corresponsal Pablo Medina– en el que se señala a la diputada Villalba como protectora política del intendente de la localidad de Ypejhú, Vilmar “Neneco” Acosta Marques, actualmente prófugo de la justicia. Si bien la legisladora busca despegarse de la incómoda situación, alegando que la relación entre ambos era netamente “institucional”, son ya numerosas las fotografías que le muestran en compañía de “Neneco” en fiestas y acontecimientos sociales, lo que prueba fehacientemente, si no la complicidad misma, cuando menos, una estrecha relación con el intendente prófugo.
Esta condición de amistad tiene relevancia, o debería tener, para la investigación que emprende el Ministerio Público, sobre todo considerando las gruesas mentiras que la diputada Villalba profirió cuando, al día siguiente del asesinato que involucraba como sospechoso a su correligionario y amigo de Ypejhú, con todo desparpajo declaró que su relación con el prófugo Acosta era meramente “profesional”. Pero debe recordarse que el propio fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, admitió que, a poco de ocurrir el asesinato de nuestro periodista, ¡la misma diputada le llamó para interceder en favor del citado intendente!
Aunque en este país estemos acostumbrados a que senadores, diputados y altos funcionarios y dirigentes mientan descaradamente cuando se ven descubiertos en faltas graves, en este caso la farsa representada por la diputada revierte una importancia mayor, porque se asocia a un crimen brutal, en cuyo esclarecimiento y castigo debe estar comprometido todo el gobierno porque una sociedad asqueada e indignada lo reclama y la recta justicia lo exige.
Otro indicio que se sumó después, para hacer más confusa la actuación de la diputada Villalba en este turbio asunto, fue la “manifestación” de apoyo que recibió la misma de parte de unos 500 empleados públicos, en horario laboral, en un local de la subsede de la Gobernación de Canindeyú, espectáculo montado con gran escenario teatral y que, según refieren personas del lugar, consistió en uno de esos clásicos “arreos” de funcionarios, igual a los que se practicaban en tiempos de la dictadura stronista. Los “manifestantes” habrían sido convocados con engaño, para otro motivo, y una vez presentes en el acto se les repartió el papel en el que declaraban su “apoyo incondicional” a la diputada.
El episodio sirve también, por lo demás, para demostrar que en el interior del país continúa vigente la vieja práctica de instrumentar a los funcionarios para esta clase de actos partidarios de adhesiones incondicionales y respaldos “morales”, de tan triste memoria para quienes vivieron los oscuros tiempos del stronismo. Esa pobre gente que les debe un cargo, un salario o una promesa a los dirigentes partidarios, es la que tiene que estar sometida a la libre disposición de sus padrinos políticos. Quién sabe cuántos “favores” le deben a la diputada Cristina Villalba, influyente cacique colorada, quien el año pasado, durante el primer año de gobierno de Cartes, llegó a ser líder de bancada en su Cámara. En estas condiciones, es fácil organizar una “manifestación de apoyo” a algún dirigente en problemas, si bien estas movilizaciones amañadas ya están fuera de época y arrojan más bien un efecto contrario al deseado, a sabiendas de su instrumentación.
Pero se debe mirar qué otra cosa hay detrás de todo eso, porque es posible que no sea una demostración más de mera politiquería. Podría haber narcotráfico, contrabando, ajustes de cuentas, intimidaciones, sobornos y venganzas, que son los factores que convirtieron esa zona fronteriza en la más peligrosa del país y hasta de una vasta región del subcontinente sudamericano.
Lo que menos podría haberse esperado de las autoridades de esa zona es que se dedicaran a organizar ridículos actos partidarios sin qué ni para qué, en vez de manifestarse inequívocamente contra el crimen y ponerse a plena disposición del Ministerio Público y la Policía para cooperar con las investigaciones.
Increíblemente, los gobernadores, intendentes y concejales colorados de la zona fronteriza con Brasil, afectados directamente por las organizaciones criminales, no convocaron a ninguna manifestación pública de repudio contra el crimen del periodista Medina y su asistente. Su inacción y silencio en este caso contrastan demasiado llamativamente con la velocidad y eficiencia que tuvieron para desagraviar a la diputada Villalba, que no es víctima de nada, ni de persecución ni de calumnias, ni de amenazas contra su vida o buena salud.
Por lo que la opinión pública la señala con el índice acusador, en este momento, es por haber mentido tan descaradamente acerca de su relación con el principal sospechoso de la autoría moral del doble asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada, y por el hecho de que esta mentira es ocasión para pensar que esta diputada sabe mucho más de lo que dice saber y que, por consiguiente, debe ser interrogada e investigada por el Ministerio Público con la mayor premura posible, a fin de evitar más ocultamientos y fugas de evidencias.
Y cabría ir todavía un poco más lejos en este legítimo y enérgico reclamo de verdad y justicia: los investigadores del doble crimen tendrían que intervenir las oficinas, residencias y los documentos de todas las demás autoridades públicas que tuvieron vinculación con los sospechosos prófugos. Gobernadores, intendentes, concejales, comisarios, aduaneros, dirigentes partidarios y quienes más fuesen sospechosos deben caer bajo la lupa de los fiscales y policías que tienen a su cargo la develación del caso.
Porque detrás de estos asesinatos que nos conmueven la sensibilidad humana, hay mucho mayor cantidad de crímenes contra la sociedad y el país, y con un número de bandidos, cómplices y encubridores que bien podría estar llegando hasta los niveles más altos del poder gubernamental.
Así como la sociedad viene exigiendo mano dura con los bandidos, con mayor razón se impone aplicar esa misma regla contra sus protectores, cómplices y encubridores. En este caso, contra sus padrinos políticos.
