Corte IDH condena al país por violar derechos de migrantes haitianos
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó a la República Dominicana, mediante sentencia, y le ordena desconocer la aplicación de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y dejar sin efecto toda norma constitucional, legal, y reglamentaria con relación a los casos de la nacionalidad de descendientes de haitianos.
Responsabilizó al país de la expulsión de personas “haitianas y dominicanas”, violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y exigió adoptar las medidas de derecho interno para evitar que la Sentencia 168-13 del TC continúe produciendo efectos jurídicos.
“Adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria, administrativa o cualquier práctica o decisión o interpretación que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las niñas y niños nacidos en territorio de República Dominicana”, advirtió el organismo.
Exigió además adoptar las medidas legislativas, incluso, “si fuera necesario constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que sea accesible y sencillo, de inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de sus padres”.
Advirtió también, luego de condenar a la RD al pago por daños material e inmaterial de costas y gastos, que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y que dará por terminado el caso una vez el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
La CIDH estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación y ordenó las reparación integral, en virtud de las cuales el Estado debe, inter alia: adoptar las medidas necesarias para que las víctimas dominicanas, según el caso, sean debidamente registradas y cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana.
“En el caso de las víctimas que son investigadas, dejar sin efectos las investigaciones administrativas, así como a los procesos judiciales civiles y penales en curso vinculados a sus registros y documentación; adoptar las medidas necesarias para que una víctima haitiana pueda residir o permanecer en forma regular en el territorio de RD, brindar gratuitamente; realizar las publicaciones ordenadas en la sentencia y programas de capacitación de carácter continuo y permanente de los miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y encargados de procedimientos migratorios y judiciales, vinculados con materia migratoria.
La Corte estuvo integrada por Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), presidente; Roberto F. Caldas (Brasil), vicepresidente; Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Eduardo Vio Grossi (Chile), y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México). Los jueces Diego García-Sayán y Alberto Pérez Pérez se excusaron.
Según las motivaciones de la CIDH, el caso se refiere a las supuestas privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas hacia Haití, incluidas niñas y niños, ocurridas entre los años 1999 y 2000, sin las debidas garantías y sin acceso a un recurso efectivo para garantizar sus derechos.
Indicó que la CIDH determinó la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y, por el conjunto de dichas violaciones, al derecho a la identidad, en consideración de que las expulsiones de Willian, Awilda, Luis Ney y Carolina Isabel, todos de apellido Medina, así como de Rafaelito Pérez Charles, se efectuaron desconociendo sus documentos de identificación personal y que acreditaban su nacionalidad.
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DICE ES UN INSULTO A LA CONSTITUCIÓN
El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, considera que el fallo dado a conocer ayer por la CIDH es un insultante desconocimiento a la Constitución, a la autoridad suprema del Tribunal Constitucional, del Congreso y a su soberanía. “La CIDH pretende dar un golpe de Estado a los poderes públicos de RD al desconocer la autoridad suprema del TC y su fallo 168-13; la autoridad del Presidente y el Congreso como responsables de la Ley 169-14”.
Haitianos exigen agilizar el Plan de Regularización
Un grupo de haitianos montó un piquete frente a la Gobernación Provincial de aquí para exigir de las autoridades la agilización del proceso de regularización en nuestro país.
Los haitianos, hombres y mujeres, que son estudiantes y trabajadores informales, se quejaron de la lentitud del proceso, indicando que esa situación les crean serios problemas y gastos económicos.
Algunos de los denunciantes dijeron que residen en localidades del Cibao, y que tienen que pagar pasajes para llegar hasta esta ciudad.
“Cuando venimos aquí nos ponen a esperar por muchas horas, y luego nos informan que no nos pueden resolver nuestros problemas”, comentó Jianni Yan Pié.
Igual situación dijo atraviesa la joven Marien Eliant, quien dijo que vive en La Vega, y que no puede estar pagando pasajes todos los días, sin que les entreguen sus documentos finales.
Denunciaron que algunos abogados y personas que dicen trabajar en el programa de regularización les han cobrado sumas entre cuatro, cinco y seis mil pesos para conseguirles los documentos.
En las últimas semanas, mientras se acerca el primer plazo otorgado por el Gobierno para el proceso de Regularización, cientos de extranjeros, principalmente de origen haitiano, han formado largas filas con la finalidad de beneficiarse del programa gubernamental.
