Justicia declara como delitos de lesa humanidad a crímenes contra militantes de Unión Patriótica
La más reciente decisión de la Fiscalía, de declarar como delitos de lesa humanidad los crímenes contra los miembros de la Unión Patriótica (UP), dejó al descubierto la alianza criminal que por más de 10 años se gestó entre las altas esferas de la sociedad, los sectores políticos y los militares para impedir el ascenso de un movimiento de izquierda que surgió como alternativa política al conflicto que se vivía en Colombia. Los paramilitares y algunos agentes del Estado terminaron por asesinar a dos candidatos a la Presidencia, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y 5.000 militantes de la UP que durante la década del 80 lograron un gran respaldo electoral.
La Dirección Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía, en el marco de la investigación denominada “violencia contra miembros de la Unión Patriótica” y en la que se priorizaron 34 crímenes, especificó que gracias a los testimonios de distintos jefes paramilitares, como Éver Veloza García, alias ‘H.H.’, logró establecer que sí existió un ataque sistemático y generalizado. “Son casos ilustrativos que dan cuenta de que los mismos (la violencia contra la UP) no hicieron parte de unos hechos aislados, ni de actos de delincuencia común, sino que, hicieron parte de un plan de exterminio en el que participaron estructuras criminales organizadas de carácter ilegal, en coordinación o connivencia con el estamento oficial, en varios de los casos”, puntualizó el ente investigador.
La decisión se desprende de los resultados obtenidos en uno de los casos priorizados. Se trata de la masacre del Aracatazzo, ocurrida el 12 de agosto de 1995 en Chigorodó (Antioquia) y en la que murieron 18 personas de la UP y una resultó herida. Además de las declaraciones de ‘H.H.’ –en la sentencia de Justicia y Paz contra el comandante ‘para’ hay un capítulo dedicado al exterminio de la UP– están los testimonios de otros paramilitares como José Ruperto García, alias el ‘Gato’, y del coronel (r) del Ejército, Carlos Alfonso Vásquez, quienes indicaron las presuntas relaciones de miembros de las Fuerzas Armadas con los crímenes cometidos contra la UP.
Y es que entre los argumentos de la Fiscalía está que el exterminio de la UP, que se extendió por más de 10 años en regiones como el Urabá, Meta y Antioquia, fue la consecuencia de los procesos fallidos de paz, la aparición de partidos de oposición y de izquierda y respuesta violenta de distintos empresarios y sectores políticos que los veían como un brazo de la guerrilla. Para el ente investigador, la constitución de los grupos de autodefensa a partir de la creación de la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam) fue el resultado de alianzas “corruptas y clientelistas” –en las que también participó el narcotráfico– que terminaron cooptando las estructuras del poder estatal.
A través de masacres, asesinatos y desplazamientos intentaron tomarse el control del país. “En 1982 el comandante del municipio Puerto Boyacá, mayor Óscar Echandía Sánchez, junto con el capitán Luis Antonio Meneses, convocó a ganaderos y agricultores con el fin de formar los primeros grupo de autodefensas. A estas reuniones asisten, entre otros, Pablo Emilio Guarín, Henry Pérez, Nelson Lesmes Leguizamón, Pedro Parra, Jaime Parra, Carlos Loaiza, Luis Suárez, Gilberto Molina, Gonzalo de Jesús Duran y el comandante del batallón Bárbula coronel Jaime López Arteaga”, indicó la Fiscalía frente al origen de las autodefensas.
Agregó en la decisión que fue entonces que en 1984 apareció Acdegam con el fin de, supuestamente, defenderse de la guerrilla. “A las reuniones asistieron oficiales de la Policía y el Ejército (…) Al interior de este grupo aparecieron estructuras con vocación política como el Movimiento de Reconstrucción Nacional, fundado por Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’. Los generales que asistieron fueron Faruk Yanine Díaz, comandante de la Brigada XIX, y el general García Echeverry. Según declaraciones de Alonso e Jesús Baquero, alias ‘Negro Vladimir’, éste desempeñó un rol importante en la conformación de estas bandas (…) explicó la forma de llevar la confrontación bipolar, y bajo una lógica ‘amigo enemigo’, que no era directamente contra el grupo guerrillero, sino que era necesario quitarle el agua al pez, es decir, atacando, según él, a quienes eran la base de los grupos guerrilleros: la población civil”, sentenció la Fiscalía.
De ahí, se explicó el exterminio de la UP, un partido político que intentó representar a las minorías y sectores que no se sentían representados en los partidos políticos tradicionales. Asunto que desembocó en su exterminio al considerarlos “colaboradores” de las Farc. Para la Fiscalía, en ese momento las facciones más radicales de las Fuerzas Militares “insistieron en defender públicamente la existencia de grupos de autodefensa. El apoyo se prorrogó con la aprobación del Manual EJC-3-10 (reglamento de combate contraguerrillas), por parte del comandante y ministro de defensa, Óscar Botero en noviembre de 1987, que reiteraba las Juntas de Autodefensa como uno de los principales apoyos de la lucha contrainsurgente”.
De esta forma, en 1985 el nombre de Fidel Castaño ya generaba terror en el Urabá antioqueño. Con su reducto paramilitar conocido como los Tagangueros realizó una serie de asesinatos. En total, entre 1988 y diciembre de 1990 sucedieron al menos 18 masacres colectivas. Muchos de los homicidios tenían tintes políticos, ya que la única razón que explicaba esta oleada de terror era que en las primeras contiendas electorales en las que participó UP, logró un contundente resultado: 14 congresistas electos, 18 diputados y 335 concejales en 11 departamentos y 187 municipios. A esta macabra retaliación se unieron también distintos narcotraficantes como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, quienes terminaron patrocinando los grupos de autodefensas.
La Fiscalía recordó que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidenció la persecución y la sistematicidad de los asesinatos. Entre los 34 casos priorizados están los homicidios del excandidato presidencial Bernardo Jaramillo, del profesor y congresista Pedro Luis Valencia y del abogado José Antequera. El primero de ellos fue masacrado en el aeropuerto Puente Aéreo de Bogotá el 22 de marzo de 1990; el segundo, el 14 de agosto de 1987 en Medellín; y el tercero, también en el aeropuerto de la capital el 3 de marzo de 1989. Entre esta estela de crímenes se recuerda también el del dirigente político Jaime Pardo, quien murió a manos de sicarios el 11 de octubre de 1987 cuando estaba por una carretera de Cundinamarca. El último de los líderes de la UP en caer fue Manuel Cepeda, quien no pudo escapar de la violencia tras ser asesinado el 9 de agosto de 1994.
