Sin acusados, Fiscalía chilena cierra el caso de los 33 mineros
Fiscal regional indicó que «no había convicción para formular una acusación» contra los dueños de la minera San Esteban.
Durante tres años se indagó si había responsabilidades penales tras el accidente, que mantuvo 69 días enterrados a los trabajadores.
La Fiscalía de Atacama decidió cerrar, sin acusados, la investigación por el derrumbe ocurrido en la mina San José, en la III Región, y que dejó a 33 mineros atrapados durante 69 días. El accidente ocurrió el 5 de agosto de 2010 y generó preocupación a nivel mundial sobre la situación de los mineros. Finalmente, el 13 de octubre de ese año, los trabajadores fueron rescatados uno a uno, durante 25 horas, por medio de la cápsula Fénix 2 que bajó cerca de 700 metros de profundidad.
Después de tres años de investigación, el Ministerio Público determinó que no existían antecedentes suficientes para continuar la indagación contra los dueños del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, así como a las autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de la época.
La resolución fue revelada ayer por el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, quien indicó en La Moneda que se “adoptó esa decisión de no perseverar, porque no había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado”.
Mella agregó que se investigó “la situación que todo el mundo sabe que ocurrió (el derrumbe) y el conocimiento de las querellas que se habían presentado, que tenían que ver con delitos de carácter funcionario”.
La fiscalía decidió iniciar una investigación “de oficio”, tras conocer que los 33 hombres habían quedado atrapados en el yacimiento, y el objetivo de las pesquisas fue establecer si había responsabilidades penales tras el accidente. Entre las querellas que se presentaron en esta causa estuvo una presentada por la Municipalidad de Caldera, por cuasidelito de homicidio. El documento apuntaba a la empre- sa y a funcionarios públicos que habrían dejado de cumplir normativas de seguridad.
La abogada de los dueños de la minera San Esteban, Catherine Lathrop, indicó que la decisión de la fiscalía fue comunicada en una audiencia y que“nosotros estamos súper conformes, sin perjuicio de que creemos que podemos llegar a una solución jurídica de mayor certeza. La decisión de no perseverar a la que arriba el Ministerio Público hoy, es una muestra clara de que efectivamente los dueños de la mina San José no habían cometido ningún delito”.
La abogada manifestó que “esto también da certeza de que funcionan las instituciones. Es una causa bien polémica, que el Ministerio Público haya hecho una exhaustiva investigación nos deja conformes”. Lathrop también destacó que, “nosotros siempre hemos sostenido que si bien los 33 fue un lamentable accidente, (pero) es sólo eso, un accidente, y tampoco se pudo establecer que había alguna responsabilidad de mis clientes en este caso”.
ORIGEN DE PESQUISAS
La investigación de las causas del accidente que dejó a los mineros atrapados se inició a los pocos días de ocurrido el hecho. Una de las primeras diligencias realizadas por la fiscalía fue allanar las oficinas de la minera, para conocer el funcionamiento de la mina.
Durante la indagación personal de la PDI también acudió a las oficinas del Sernageomin, para conocer el historial del yacimiento. Una de las aristas que fue indagada fue el cierre de la mina, en 2007, y la autorización para su reapertura, en 2008.
Tras el rescate y cuando los trabajadores estuvieron recuperados, la fiscalía les tomó declaración para establecer si efectivamente hubo alertas de que algo podría estar pasando con la mina y que podría ser indicio de un eventual desprendimiento.
Otro de los antecedentes que recopiló la fiscalía en los tres años de investigación fue el testimonio de los dos dueños de la mina, quienes estuvieron frente al fiscal por más de seis horas.
El Ministerio Público también pidió imágenes a las empresas que participaron en el rescate, para conocer las condiciones de la mina.
En el tema civil, el Consejo de Defensa del Estado acordó con la empresa, que ésta debía pagar US$ 5 millones al Estado, por los costos generados a raíz del rescate minero.
