Eduardo Brenta, candidato a Senador por el Frente Amplio (Uruguay) : «El Frente Amplio no planea modificar la edad de retiro laboral en el próximo Gobierno»
La edad de retiro laboral es otro de los temas que ha generado cruce de declaraciones entre candidatos. El Partido Nacional sostiene que el Frente Amplio busca aumentar la edad jubilatoria. Para conocer qué propuestas concretas tiene el oficialismo para el próximo Gobierno, En Perspectiva entrevistó al exministro de Trabajo, Eduardo Brenta. El extitular de la cartera y candidato a senador planteó la necesidad de discutir un tema como este de manera más general, que trascienda lo multipartidario. También aclaró que no está en los planes del Frente modificar la edad de retiro laboral.
NICOLÁS BATALLA:
Los avances en bienestar y en salud hacen que la expectativa de vida vaya en aumento. Esto, de por sí, es una buena noticia. Sin embargo, no está exenta de desafíos. El aumento de la esperanza de vida de los uruguayos se traduce en un incremento de la población pasiva del país y supone un reto para el actual sistema de seguridad social.
«Acá está claro. Página 88, párrafo tres del programa del Frente Amplio (FA). Quieren aumentar la edad para jubilarse. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso», dijo el candidato a vicepresidente por el Partido Nacional (PN), Jorge Larrañaga, hace algunos días en una charla con vecinos en el Expreso Pocitos. Mientras lo decía, señalaba con el dedo una página subrayada de las bases programáticas frenteamplistas.
El dedo acusador de Larrañaga sirve de excusa para conocer con más detalle qué piensa el oficialismo sobre este tema.
¿Qué cambios propone concretamente el FA para el sistema previsional uruguayo? ¿Están pensando en subir la edad mínima para el retiro, como dice la oposición?
Vamos a conversarlo con el exministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Brenta.
Actualmente, para jubilarse hay que tener 60 años de edad y 30 de trabajo. Eso permitirá a una persona obtener alrededor del 45% de su sueldo en el momento de retirarse. Sin embargo, si esa persona trabaja hasta los 65 años, se jubilará con 65% de su ingreso. Eso implica que la edad real en que los uruguayos eligen jubilarse esté algunos años por encima de los 60; entre los 63 y los 64 en promedio. ¿Es correcto?
EDUARDO BRENTA:
Está en los 64 años. Dos precisiones: es la página 89, Larrañaga se equivocó. Segundo, la discusión acerca de la edad de retiro en mi opinión se introdujo en la entrevista realizada a la economista Arbeleche, quien planteó claramente que había que pensar en modificar la edad de retiro. Lo dijo en una entrevista radial que está en la página del propio PN. La economista Arbeleche afirmó en Radio Universal que el tema de la edad de retiro debía ser discutido más pronto que tarde, e hizo referencia a un ámbito multipartidario en el que se sienten los distintos actores involucrados para analizar seriamente las cuentas del BPS y dentro de ese análisis hacer una revisión de la edad de retiro.
Quiere decir, primer problema, que tampoco hay una posición única en el PN. Hay dos posiciones, la de la economista Arbeleche y la del candidato a la Vicepresidencia, doctor Larrañaga. Y hay una tercera, que es la del doctor Lacalle Pou, que dijo que no, «lo de la economista Arbeleche no, y no vamos a tocar la edad de retiro».
NB – En realidad son dos discusiones: una es dar la discusión y otra, tomar las medidas que requiera lo que resulte de esa discusión.
EB – Lo otro importante de señalar es que la economista Arbeleche plantea un ámbito multipartidario, cuando en Uruguay hemos tenido dos períodos de lo que se ha dado en llamar el Diálogo Nacional sobre la Seguridad Social. Allí han participado todos los partidos políticos, todos los actores sociales y todas las organizaciones vinculadas a la seguridad social, como por ejemplo las propias AFAP. Nosotros reivindicamos esta experiencia, nos parece positiva.
De hecho, la edad de jubilación a la que tú hacías referencia fue modificada por el FA. De 65 pasó a 60, y los años de trabajo requeridos se redujeron de 35 a 30. Esto generó un incremento muy importante de jubilados. Teníamos un promedio anual de 15.000 jubilados, hoy tenemos unos 30.000.
La discusión sobre la edad de retiro no debe darse en forma aislada. Debe darse en el marco de una mirada mucho más general de la seguridad social. Nosotros creamos una ley en la que se reconoce un año por hijo para la jubilación, hasta cinco, para las mujeres. Esto ha generado un fenómeno extremadamente novedoso en Uruguay, que es que en los tres últimos años se han jubilado más mujeres que hombres. Eso nunca había pasado en Uruguay. Y además la reducción de la edad y de los años trabajados permitió un incremento notorio de las jubilaciones.
Quiere decir que el acceso al sistema jubilatorio se ha incrementado notoriamente, al reducir la cantidad de años requeridos y por tanto modificar a favor de las personas el derecho a la seguridad social que estaba limitado en los gobiernos anteriores. Los gobiernos de la coalición blanquicolorada habían aumentado la edad de retiro en el año 95, con la ley 16713, la ley madre en materia de seguridad social hoy, la que creó las AFAP y el sistema mixto. Este es el primer dato.
Lo segundo es que es cierto que –y esto fue ampliamente discutido– el Uruguay tiene hoy una expectativa de vida mucho más larga, por suerte. Es cierto también que las organizaciones de jubilados han planteado en reiteradas oportunidades que la gente llegue a la edad jubilatoria, porque la gente no se jubila a la edad que puede, se jubila después.
NB – Se jubila a la edad en que económicamente puede hacerlo.
EB – También hay una cuestión vinculada a cómo se siente la persona cuando llega la edad de retiro. A los 60 años la persona se siente en condiciones de seguir trabajando y por tanto sigue trabajando. En este período de gobierno, además de las modificaciones del período anterior a que hacía referencia, en este Diálogo Nacional sobre Seguridad Social comenzamos a introducir un elemento que nos parecía importante, porque existía una inequidad en el sistema de seguridad social.
Quien se jubilaba por la Caja Policial, por ejemplo, con una jubilación bonificada, porque se computan más años de los trabajados, normalmente volvía a la actividad de industria y comercio trabajando en general en áreas vinculadas a la seguridad. Lo mismo sucede con los militares, se retiran antes y tienen esa posibilidad. A partir de esa experiencia, los únicos «perjudicados» que luego de jubilados no podían trabajar eran la gran mayoría, el 70% aproximadamente, que son los jubilados de industria y comercio, que una vez jubilados no podían realizar esa actividad.
Nosotros estimamos que había unos 40.000 jubilados que realizaban alguna tarea –porque decir «trabajaban» es quizás un poco excesivo–, pero de manera informal. Entonces comenzamos a explorar la posibilidad de generar mecanismos de eliminación de la incompatibilidad entre trabajo y jubilación.
Ese es el tema que puso sobre la mesa el doctor Lacalle al decir: «Yo no voy a aumentar la edad de retiro, pero voy a tomar un proyecto de ley que está en el Parlamento –del diputado Daniel Mañana– para eliminar la incompatibilidad», que ya fue eliminada por una ley que se aprobó en el año 2012 o 2013, enviada por nosotros mismos al Parlamento en aquel momento.
NB – Vamos a lo que disparaba esta conversación, el planteo de Larrañaga que en el programa del FA se planteaba de manera clara que la intención del oficialismo es ir hacia un aumento de la edad de jubilación. Lo cierto es que el documento citado por el candidato a vicepresidente por el PN no es tan contundente sobre esa posibilidad.
El programa dice, a propósito del proceso de envejecimiento que atraviesa la sociedad, que «debe preverse con tiempo sus consecuencias en el mediano y largo plazo, a efectos de analizar e impulsar medidas, comenzando por una alteración muy gradual de las edades de retiro, previendo y evitando situaciones que puedan generar políticas de ‘shock’, sin descartar, por supuesto, otras medidas necesarias con la misma finalidad».
¿Cuál es entonces la posición del FA con respecto a este tema?
EB – La posición del FA es que ese tema no puede ser visto como un tema aislado, sino en el marco de un conjunto de propuestas que están reseñadas en la página 91 del programa que tienden a tener una mirada integral.
La primera es generar un ámbito para discutir el tema de la renta básica. Esta es una discusión a nivel mundial, está planteada en todos los organismos internacionales. Yo participé en ámbitos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el propio Banco Interamericano de Desarrollo en discusiones respecto a la necesidad de la existencia de una renta básica, porque la cobertura de seguridad social a nivel mundial es muy baja y de muy mala calidad. Uruguay es una gran excepción en esto, tiene una amplia cobertura, por tanto hay que tratar de llegar a cubrir al conjunto de la sociedad con una renta básica que le permita subsistir.
NB – La propuesta del FA habla de instrumentar un grupo de trabajo asesor que estudiará ir hacia «una renta básica única que asegure la suficiencia de ingresos y una reforma del sistema que contribuya al reparto de la riqueza». ¿Qué quiere decir?
EB – Quiere decir trabajar sobre la base de pensiones no contributivas que aseguren que las personas que llegan, por razones diversas, a una edad de la vida y no tienen ningún ingreso, tengan un ingreso a través de una renta básica que les asegure la subsistencia, la posibilidad de vivir dignamente.
NB – Por ejemplo personas que no trabajaron.
EB – Que no trabajaron, amas de casa. En Uruguay también ha habido una gran transformación en ese sentido, muchas de las normas que impulsamos en este período tienden a incorporar a la mujer al mercado de trabajo. Pero esto no fue así siempre, además las mujeres tienen una expectativa de vida superior a la de los hombres en el Uruguay, por lo tanto esas personas deben tener una renta, una pensión no contributiva que les asegure llegar dignamente a la vejez.
NB – ¿En qué plazos se maneja eso?
EB – Eso es parte de la discusión que hay que dar de aquí en adelante, no podemos precisar demasiado, pero es un objetivo programático.
NB – No está pensado para el próximo período de gobierno.
EB – Está pensado comenzar a trabajar y posiblemente ir avanzando en forma gradual. Está claro que las transformaciones tienen que tener gradualidad. El sistema es complejo, involucra a más de 600.000 personas en forma directa que reciben prestaciones, y en realidad nos involucra a todos, activos y pasivos. Por lo tanto la gradualidad es un elemento fundamental.
Pensamos que la edad de retiro tiene que estar asociada a la tasa de reemplazo. Si uno analiza aumentar la edad de retiro, eso tiene que ir de la mano de una mejora de la tasa de reemplazo, o sea, la persona puede retirarse después pero con una jubilación mejor. Esta es la idea, por eso digo que no se puede ver aisladamente. Planteamos –cosa que no está planteada en el programa del PN– «rever la tasa de reemplazo jubilatorio, elevando el porcentaje sobre el que se fijan las jubilaciones, siendo de elemental justicia social y atendiendo especialmente la necesidad de la población mayor».
NB – El programa, en efecto, habla de esa vinculación, pero en definitiva habla de una alteración gradual de la edad de retiro. ¿Cómo se daría esa discusión y cómo se iría hacia la instrumentación?
EB – La discusión se daría en el marco del Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, que vamos a proponer para el tercer gobierno del FA, tal como lo hemos hecho en el primero y en el segundo. Evidentemente habrá que ir a una discusión aún más profunda del sistema de seguridad social, que incluye la existencia del ahorro solidario a través del BPS y también el sistema de AFAP y las aseguradoras, todo el paquete. Esa discusión tiene que tener sostenibilidad.
Las cifras del Banco de Previsión Social (BPS), que fuimos analizando a lo largo del diálogo –que están en manos de todo el mundo, porque participó todo el mundo, y la Universidad de la República dio sustento técnico a este diálogo–, indican que el sistema tiene estabilidad. Estabilidad que se ha generado fundamentalmente por el fuerte incremento de los activos en este período. En el año 2004 teníamos unas 950.000 personas aportantes al BPS y hoy tenemos casi un millón y medio, 1.460.000.
El fuerte incremento de los activos generó una mejora notoria en la situación de estabilidad del sistema. Por lo cual no vemos ninguna clase de urgencia en atender estos temas, dado que la seguridad social no está en una situación crítica, como la que motivó la ley 16713 en el año 95. Hoy tenemos una situación de estabilidad, con un BPS que normalmente se ha mantenido casi sin subsidios, obviamente teniendo en cuenta las transferencias que están establecidas por ley.
Por eso hemos ido por el camino de atender esta nueva demanda que plantean los adultos mayores de eliminar restricciones en lo que tiene que ver con la posibilidad de trabajar estando jubilado. Posibilidad que algunos tenían y otros no. Allí nos encontramos con la propuesta que hizo el PN, que hoy rescata el candidato a la Presidencia del PN, y la propuesta que hizo el FA y que se concretó en una ley.
NB – El programa del PN menciona la posibilidad de discutir esto en un ámbito multipartidario. Sin embargo ustedes entienden que esto ya está contemplado con el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social. Entienden que esto ya se hizo o se está haciendo.
EB – Sí, creemos que el debate sobre este tema trasciende lo multipartidario y tiene que involucrar a las organizaciones. Me refiero a empresarios, trabajadores, jubilados, pero también a las AFAP y otras instituciones que han participado en el diálogo y con altos niveles de acuerdo, esto es muy importante. Por ejemplo, participó el contador Davrieux en representación del Partido Colorado (PC) en esta instancia, los partidos lo tomaron en serio y enviaron representantes de alto nivel. Por lo tanto reivindicamos esa posición de diálogo nacional y no de escenario multipartidario.
NB – El propio presidente de la República, José Mujica, había dicho en el año 2011: «Vendrán gobiernos que tendrán que elevar la edad de jubilación y a nadie le va a gustar y todos van a patear, y no va a ser este gobierno, pero los futuros sí». ¿Es una medida que puede tener costos políticos? ¿El hecho de que afecte a cerca de medio millón de uruguayos pesa a la hora de tomar las decisiones?
EB – Primero, en todo caso afectaría a los que se van a jubilar, no a los ya jubilados. De cualquier manera, no vemos esto como una cuestión que esté vinculada al costo. De hecho la gente se retira después de la edad mínima que establece la ley. Lo hace, en mi opinión, porque se siente en condiciones de seguir trabajando. Y, también en mi opinión, la frase del presidente tampoco debe verse aislada de lo que yo mencionaba antes, de las tasas de reemplazo. En nuestra opinión –que es distinta de la opinión del PN, que no habla de tasa de reemplazo–, si hay que modificar la edad de retiro, eventualmente, en el gobierno que viene o en el otro o en el otro, no sé, por el momento no está planteada una urgencia, el programa es una definición de carácter general…
NB – No está planteado como urgencia porque no está definido de esa manera a nivel programático y porque el diagnóstico no apunta a que se tenga que tomar la decisión con celeridad.
EB – Claro, porque el sistema tiene sustentabilidad. La ley de inclusión financiera y demás va a contribuir a seguir mejorando la formalidad, hoy nos enorgullecemos de tener 60.000 trabajadores domésticos en la seguridad social, pero tenemos 60.000 afuera. Quiere decir que nos falta la mitad. Casi no había antes, ha sido un gran avance, pero un avance insuficiente. Entonces hay que continuar en el proceso de formalización. Por eso el programa también propone crear un ámbito de formalización, que existe pero se va a institucionalizar. Esto fue planteado en la segunda presentación en la torre de Antel que hizo nuestro candidato a la Vicepresidencia. Se hablaba de institucionalizar ese ámbito con el trabajo interrelacionado de los organismos de fiscalización a los efectos de que la mejora en la formalidad contribuya a mantener la sustentabilidad del sistema.
Por tanto no estamos pensando ni en modificar la edad de retiro de forma aislada –lo hemos integrado en un paquete de medidas en que se modifique también la tasa de reemplazo y por tanto que la gente se jubile con mejores jubilaciones– ni en que sea necesario hacerlo durante el período de gobierno que viene. Me parece que es importante dejar eso claro porque el razonamiento que hace Mujica es correcto pero está planteado en el largo plazo.
Hoy tenemos una demanda de otro tipo y no estamos trabajando sobre una situación de emergencia, que para nada está planteada. El presidente del BPS ha dicho reiteradamente que tenemos superávit en el BPS, obviamente a partir de la transferencia que por ley se establece, pero efectivamente es un superávit. Quiere decir que la seguridad social está estabilizada, es importante trasmitir seguridad a la población. Esto no tiene que ver con lo electoral, porque la tranquilidad es para todos, para los ciudadanos de todos los partidos y para todos los partidos que tengan que hacerse cargo de la seguridad social. Creo que vamos a ser nosotros, pero la gente decidirá eso el 26 de octubre.
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NB – Luis Lacalle Pou habló estos días sobre la conveniencia de avanzar en los mecanismos que permitan a los jubilados «seguir trabajando» al mismo tiempo que siguen recibiendo su prestación. El oficialismo salió rápidamente a contestar esta propuesta, en parte ya contemplada por la ley 19006, aprobada en este período de gobierno, que establece la compatibilidad entre trabajo y jubilación en ciertas condiciones para los trabajadores de la industria y el comercio.
El candidato nacionalista basa su propuesta en un proyecto de ley presentado en 2011 por el diputado Daniel Mañana. ¿Cómo ve esta propuesta de flexibilización de Lacalle Pou?
EB – Primero, por las razones antedichas, lo que conversamos en el bloque anterior, vimos necesario eliminar esa injusticia de que eran solo los jubilados de industria y comercio los que no podían trabajar. Y comenzamos a avanzar en los criterios respecto a cómo eliminar esta incompatibilidad para no generar situaciones de inestabilidad desde el punto de vista del mercado de trabajo.
A partir de la situación de bajo desempleo histórico que el país tiene y la demanda de mano de obra calificada en varias áreas de la actividad económica, entendimos que había que condicionar la posibilidad de compatibilizar trabajo y jubilación a que se tratara de áreas en las que existiera escasez de mano de obra calificada en determinados oficios, profesiones o categorías laborales.
Luego establecimos que había que hacer consultas a las organizaciones de empresarios y de trabajadores para potenciar este objetivo del trabajo calificado. Esto fue luego de una experiencia que hicimos en el área de la construcción autorizando el trabajo de capataces, dado el altísimo nivel de empleo en la construcción y un problema de calificación serio de muchos trabajadores que ingresaban y no tenían experiencia ninguna. Incorporamos 30 o 40 capataces en un acuerdo entre la Cámara de la Construcción y el sindicato de la construcción.
Con este antecedente seguimos avanzando para establecer criterios tomados por ejemplo de la normativa española, que también permite la compatibilidad entre trabajo y jubilación, siempre con determinado nivel de condicionamiento.
El proyecto que plantea el diputado Mañana, que tiene un artículo único, establece exclusivamente dos limitaciones: que la persona no vuelva a trabajar en la misma empresa y que no se hubiera retirado con una actividad bonificada. Sería un absurdo que alguien que se retira con una actividad bonificada, por razones de salud, vuelva a trabajar.
En nuestra opinión es un proyecto extremadamente riesgoso. Permitiría que más de medio millón de jubilados –no sé cuántos son los bonificados– volvieran a trabajar, en cualquier condición. No establece ninguna clase de condición ni ninguna limitante. Por lo tanto una empresa podría resolver sustituir a los trabajadores por jubilados parciales, pagando salarios inferiores, etcétera.
NB – Repasemos algunas características de la compatibilidad que está vigente hoy. Rige solo para industria y comercio…
EB – Rige solo para industria y comercio porque ya regía para los otros. Ahora rige para todos. Ya regía para las cajas de Jubilaciones Policial, Bancaria, etcétera.
NB – … Requiere la autorización del Poder Ejecutivo, que la otorgará para aquellos sectores de actividad en los que exista escasez de oferta de mano de obra. Estará condicionada al crecimiento del sector. Será precaria y revocable. La compatibilidad solo se autorizará para la contratación de personal calificado. Y en caso de que el jubilado fuera contratado por el mismo empleador para quien trabajaba al momento de acogerse a la jubilación o por una empresa que integre un mismo conjunto económico con aquella, no podrá percibir un salario inferior al que cobraba al momento de su egreso, prorrateado a la jornada que cumpla.
Ustedes dicen que todas estas características y cuidados no están contemplados en la propuesta de Lacalle Pou a partir del proyecto de ley de Mañana.
EB – Exacto. Y te agregaría algunas más. El jubilado conservará su condición de beneficiario del Sistema Nacional Integrado de Salud, seguirá teniendo la prestación de salud de la jubilación. Habrá dispositivos para asegurarse de que los jubilados contratados provengan de una efectiva situación de retiro de la actividad (artículo 11); que no excedan determinado porcentaje de la plantilla de trabajadores de la empresa (artículo 8), y que su contratación no suponga el indebido desplazamiento de otros trabajadores.
Por ejemplo, una empresa que envía gente al seguro de desempleo obviamente no puede contratar a nadie, ni activo ni pasivo. Pero por el proyecto de ley de Mañana podría contratar pasivos. Una empresa podría despedir trabajadores y sustituirlos por jubilados exclusivamente a fin de bajar sus costos laborales, porque ese proyecto tampoco establece la garantía –que sí establece nuestra ley– de respeto de la categoría del jubilado, a la que va asociado el salario establecido en los consejos de salarios del sector.
Trabajamos a fondo la norma, en el marco del Diálogo. Es cierto que el sector empresarial planteó que esto podía ser demasiado complejo y por tanto difícil de poner en práctica. En nuestra opinión todavía no hay condiciones para evaluar la aprobación, ha habido poca gente.
NB – ¿De momento cuál es la respuesta que ha tenido?
EB – No sé exactamente la cantidad, pero es muy poca la gente que ha utilizado este mecanismo.
NB – ¿Y cuáles eran las expectativas?
EB – Nunca evaluamos expectativas en términos de cantidad de gente. Pero lo cierto es que nuestro objetivo era y es –está en el programa del FA, lo dijo el doctor Tabaré Vázquez hace unos días– incrementar las inspecciones a los efectos de controlar la existencia de jubilados que trabajen en forma informal, de modo de permitirles la formalidad. Creo que en este caso todavía no ha habido difusión suficiente de la norma, el sector empresarial no la conoce o la conoce escasamente; habría que desarrollar una campaña de difusión.
Hay una segunda norma por la que, atendiendo a la misma situación, se requiere que se contrate a un joven en el correr del año. Esto fue parte de la negociación con el sector empresarial.
NB – Al menos por 180 días.
EB – Nosotros queríamos que se contrataran en simultáneo un joven y un jubilado para hacer el proceso de transición al retiro definitivo. Pero los empresarios dijeron si se los obligaba a hacerlo al mismo tiempo difícilmente lograrían hacerlo, que de repente no encontraban al joven. Entonces dimos un año para contratar.
Y luego fuimos a otro proyecto de ley, que también fue aprobado en el 2013, que es la jubilación parcial. Esto es tomado de la legislación europea básicamente, y atiende al mismo problema, que la gente siente que puede continuar trabajando. Entonces decidimos darle a la gente la posibilidad de retirarse por la mitad de su tiempo.
NB – ¿Qué diferencia hay entre uno y otro proyecto? Porque se han manejado entreverados.
EB – Este permite la compatibilidad. El jubilado vuelve a trabajar con todas las condicionantes que mencionamos a los efectos de dar estabilidad al mercado de trabajo, no generar desempleo. Para eso tienen que estar todas las condiciones que mencionamos. Además está claro que los jubilados que vuelven a trabajar en términos generales son los más calificados. Normalmente las personas mayores con baja calificación tienen dificultades de acceso al mercado de trabajo, por tanto un jubilado tiene más. Salvo que se lo use para bajar salarios, ahí cambia la cosa.
El segundo proyecto, el de jubilación parcial, está pensado como una transición para hacer menos brusco ese día en que la persona deja de trabajar. Hay un fenómeno emocional incluso, tiene que ver con una sensación de que uno no es útil. Entonces dijimos: está bien, que la persona no pase de 100 a 0, sino que vaya retirándose gradualmente, que pueda jubilarse por cuatro horas y permanecer trabajando cuatro horas. Y al mismo tiempo la empresa contrata a un joven con un régimen que también ha sido regulado, que incluso está contemplado en la ley de empleo juvenil –por eso digo que esto es un sistema–. Se va incorporando un joven para aprender lo que se aprende en el trabajo. Todos sabemos que hay una parte que es la formación, la educación, etcétera, pero que hay otro conocimiento que se adquiere en el mundo del trabajo. La ley de jubilación parcial fomenta esta transferencia de conocimiento del trabajador que se está yendo al que entra.
Recurrimos a dos herramientas, eliminar la incompatibilidad condicionada a una serie de aspectos para mantener la estabilidad en el mercado de trabajo, que por suerte la tiene, y permitir un régimen de retiro parcial, gradual –volvemos a la gradualidad– junto con la promoción de la incorporación de jóvenes.
Para la incorporación de jóvenes tenemos dos herramientas. Esta es una, estas dos leyes promueven el ingreso de jóvenes, a la que se le suma la ley de empleo juvenil, que también está aprobada y reglamentada, que establece cuatro modalidades de contratación de jóvenes. Porque los jóvenes todavía tienen una tasa de desempleo superior.
Creo que aquí la gran cuestión es ver la integralidad. Aprobar un proyecto como el propuesto por el diputado Mañana y rescatado ayer por el doctor Lacalle Pou es poner en jaque el sistema, nadie sabe lo que puede pasar. A partir de una medida de este tipo alguna empresa podría hacer una transición parcial de los trabajadores a los jubilados, despedir una parte y tomar jubilados. No se establece ningún condicionamiento. Es una propuesta extremadamente elemental y además surge asociada a la edad de retiro, que son dos cosas completamente distintas.
NB – ¿El mecanismo de jubilación parcial también ha tenido poca respuesta?
EB – La ley fue aprobada hace siete u ocho meses, tampoco hay tiempo para evaluar. Es parte de esa transición cultural que el país está haciendo a una nueva realidad. Y pretende tomar en cuenta una serie de demandas nuevas, de una sociedad que reclama cosas nuevas.
Normalmente en Uruguay la gente trabajaba casi hasta morirse. Hoy la gente exige un tiempo de ocio, de descanso, no hay que obligar a la gente a trabajar si no quiere. Pero el objetivo nuestro no era ese, era impactar menos en el momento del retiro y eliminar injusticias que el sistema tiene –y que aún mantiene en otros aspectos, hay que continuar mejorando–, asociado a la mejora de las jubilaciones. Cosa que también hemos hecho, en nueve años en forma consecutiva todos los años ha mejorado el poder adquisitivo real de las jubilaciones. Las jubilaciones han crecido asociadas al índice medio de salarios y además el gobierno generó un mecanismo de incremento adicional. Nosotros no solo cumplimos con la Constitución, sino que generamos un incremento adicional a las jubilaciones mínimas que permitirá que aquellas jubilaciones de 300, 400 y 500 pesos de las que Murro habla permanentemente al terminar este período estén ubicadas en un mínimo de 8.000 y algo de pesos.
