Jalisco: cifra inédita de funcionarios muertos – Revista Sin Embargo, México
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El priista Aristóteles Sandoval Díaz protestó como mandatario de Jalisco el 1 de marzo de 2013, recuperando para el tricolor una gubernatura que estuvo 18 años en manos del Partido Acción Nacional (PAN).
Un año y seis meses después de asumir la administración estatal, su gobierno enfrenta una crisis de inseguridad que, sin embargo, ha sido minimizada por el mismo Gobernador y por los funcionarios de su gobierno, así como por los medios que simpatizan con el gobierno priista.
Hace apenas cinco días, el mandatario jalisciense declaró que “no hay focos que nos indiquen que se recrudece la violencia en Jalisco. Hoy Jalisco está por debajo de la media nacional. (…) Está por debajo inclusive de la media en tema de homicidio doloso y de secuestro”.
Sin embargo, la realidad es que nunca antes como en sus 18 meses de gobierno los funcionarios públicos de la entidad habían sido uno de los blancos centrales de grupos del crimen organizado, dicho incluso por las autoridades estatales encargadas de impartir justicia.
El propio Aristóteles Sandoval ha reconocido la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad. Sin embargo, también ha presumido que hay líderes de esa organización delictiva ya detenidos y que el grupo delincuencial no representa un riesgo en el estado que gobierno.
Pero, pese a los argumentos del también ex Alcalde de Guadalajara, la violencia no se puede tapar con un dedo, ni con declaraciones alegres.
De acuerdo con cifras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al 3 de agosto pasado, 60 servidores públicos de diversos niveles habían sido asesinados sólo en lo que en el transcurso de la administración priista.
La Zona Metropolitana de Guadalajara –donde se ubica la capital del estado y los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga– es la que concentra el 56 por ciento de homicidios contra burócratas. Mientras que fuera de esta región, los ayuntamientos que tiene más casos de homicidios de funcionarios públicos son Ahualulco de Mercado, con cuatro casos, y Tepatitlán con tres.
La mayoría de estos homicidios, como acostumbra la justicia mexicana, no se ha esclarecido. Pero, además, también como se acostumbra en estos casos, esas ejecuciones han sido achacadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y por autoridades del gobierno a grupos del crimen organizado.
Aristóteles Sandoval arrancó su sexenio con una muerte que cimbró a la sociedad tapatía.
La tarde del 9 de marzo de 2013 fue asesinado el Secretario de Turismo de la entidad, José de Jesús Gallegos Álvarez, en la ciudad de Guadalajara. Apenas ocho días antes había asumido esa encomienda de manos del Gobernador priista.
Aunque en sus primeras declaraciones afirmó que la muerte del funcionario no tenía relación con la delincuencia organizada, el 14 de mayo de ese mismo año, el titular de la FGE, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, informó que los asesinos de Gallegos Álvarez confesaron haber recibido ordenes del Cártel de Jalisco Nueva Generación para matarlo, ya que apoyaba económicamente a un cartel rival.
El Procurador no especificó quién dio la orden a los ejecutores ni a qué cártel apoyaba el ex Secretario de Turismo, quien también era un importante empresario de la construcción en la entidad.
El 3 de agosto pasado, el Presidente municipal de Ayutla, Manuel Gómez Torres, fue asesinado junto con su escolta. Ambos fueron ejecutados alrededor en un rancho cercano a esa cabecera municipal.
Esta vez, el Fiscal General del Estado, Nájera Gutiérrez, no dudó. Apenas horas después del homicidio afirmó: “No creo que haya sido tema de robo, creemos que fue por crimen organizado”.
Antes del asesinato del Alcalde, el 26 de junio pasado y también en Ayutla–, Juan Ramón Ramírez, subdirector de la Dirección de Seguridad Pública del municipio, fue acribillado por un grupo de sicarios, en un hecho que hasta la fecha no ha sido aclarado con suficiencia por parte de las autoridades que, sin embargo, también lo ligaron con la delincuencia organizada.
El 14 de agosto pasado, un funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue asesinado a balazos en la colonia Venustiano Carranza, en el municipio de Zapopan y el señalamiento de las autoridades fue contra el crimen organizado.
Antes, el 29 de julio de 2014, los policías investigadores Raúl Alvarado Barriga y Gerardo Villa Sánchez fueron ejecutados en Tlajomulco de Zúñiga, donde investigaban una pipa con combustible y que supuestamente había sido robada. En esa ocasión, Luis Carlos Nájera dijo que los funcionarios muertos habían actuado de “mala forma”, según una declaración consignada en el diario El Informador.
Ayer, autoridades de Zacatecas encontraron una camioneta abandonada y en su interior el cadáver calcinado del Diputado federal por Jalisco, Gabriel Gómez Michel, junto a otro cuerpo.
La Fiscalía de Jalisco informó que el priista Gómez Michel fue secuestrado el lunes en Tlaquepaque, Jalisco, y que sus restos, junto a los de un asistente, fueron hallados calcinados en su camioneta en Ajulco, Zacatecas.
Esta vez, Nájera afirmó que contra el legislador del PRI no existían amenazas y tampoco se exigió el pago de un rescate.
Pero, con las investigaciones en curso, no se sabe cuál vaya a ser la conclusión de la Fiscalía jalisciense que, por lo regular, termina acusando al crimen organizado, mientras que, en un contrasentido, el Gobernador afirma que Jalisco no es un estado sumido en la violencia ni dominado por los cárteles delincuenciales.
De poco le servirá al Gobernador seguir desviando la atención sobre estos casos –que en este caso son sólo de funcionarios– y sobre la presencia activa de cárteles criminales en la entidad.
A la luz de la violencia que se vive hoy en el estado es necesario que enfrente la crisis y no le ponga oídos sordos, ni rehúya al tema. Ahí está lo que pasó en Michoacán, ahí está lo de Tamaulipas… Seguro que los jaliscienses no quieren sumarse a la lista de los gobiernos omisos e irresponsables que han dejado en indefensión a sus ciudadanos.
