Somos un Estado mafioso – Periódico ABC Color, Paraguay
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Durante su larga hegemonía, el gobierno dictatorial de Stroessner convirtió al Paraguay en guarida de criminales. Para perpetrar sus fechorías o pagar protección, estos siniestros personajes del hampa transnacional se relacionaron con altos funcionarios del Gobierno, y algunos estaban directamente asociados en sus negocios con el propio Presidente o sus familiares. Esta fusión de Gobierno y grupos criminales convirtió al Paraguay en un “Estado Mafia”, como los que proliferan hoy en otros lugares. El Paraguay pasó a ser sarcásticamente conocido como el país donde había delitos, pero no delincuentes. Hoy, con la prensa libre, la ciudadanía ha empezado a denunciar y a individualizar los delitos y también a los responsables de los mismos. Pero todavía falta que los delincuentes identificados vayan a la cárcel. Como caso ilustrativo de connivencia institucional hoy para encubrir a funcionarios de actos ilícitos podemos citar a la Dirección de Aduanas en el bochornoso escándalo internacional de la introducción en el Paraguay de vehículos robados en Europa y en la región, y legalizados fraudulentamente en nuestro país con la complicidad de funcionarios aduaneros inescrupulosos.
Durante su larga hegemonía, el Gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner convirtió al Paraguay en guarida de criminales de guerra nazis, como Josef Mengele y Eduard Roschmann; de terroristas, como los croatas Ante Palevic, Miro Baresic y Jozo Damjanovic; de traficantes de drogas, como Auguste Joseph Ricord; de traficantes de armas, como Hans Uldrich Rudel; y de estafadores internacionales, como Gustavo Gramont Berres y los primos hermanos Alexander y Thomas Barton, australianos prófugos de la justicia de su país, entre otros rufianes del crimen organizado. Para perpetrar sus fechorías o pagar protección, estos siniestros personajes del hampa transnacional se relacionaron con altos funcionarios del Gobierno, militares y policías, como Sabino Augusto Montanaro, Pastor Coronel, los generales Ramón Duarte Vera, Francisco Brítez y Alejandro Fretes Dávalos, entre otros. Algunos más privilegiados, como el as de la aviación alemana de la Segunda Guerra Mundial Hans Rudel y el argentino Gramont Berres, estaban directamente asociados en sus negocios con el propio Presidente de la República o sus familiares.
Esta fusión de Gobierno y grupos criminales convirtió al Paraguay en un “Estado Mafia” como los que proliferan en la actualidad en el mundo económicamente globalizado y en los que es difícil distinguir si es el país el que tiene en su seno a la mafia, o si la mafia es la que tiene en su poder al país, al decir de un parlamentario búlgaro con referencia a su patria, catalogada en la actualidad como un Estado dominado por el crimen transnacional.
Como no podía ser de otra manera, esta asociación de los jerarcas del régimen stronista con el crimen organizado tuvo una influencia corruptora sobre todas las instituciones de la República, incluidos el Poder Ejecutivo, el Parlamento y la Justicia. Con el correr del tiempo, esta simbiosis del crimen organizado y el Estado extendió sus tentáculos hasta los negocios legítimos, con el afán de ganar su apoyo en los corredores del poder. De este modo, el régimen de Stroessner proporcionó a la red criminal internacional la protección legal y los privilegios diplomáticos de que solo goza un Estado. A finales de la década de 1970, la participación del gobierno de Stroessner en el negociado de la triangulación para la compra de armas por parte del régimen blanco de Sudáfrica –burlando el embargo decretado por las Naciones Unidas– marcó el punto alto del Estado Mafia en Paraguay.
Obviamente, en cualquier país penetrado por la mafia transnacional, como el nuestro en aquel tiempo, y hasta ahora, la corrupción permea todos los estamentos estatales y la impunidad se constituye en el caldo de cultivo de la inmoralidad pública y privada. El Paraguay pasó a ser sarcásticamente conocido como el país donde había delitos, pero no delincuentes.
En nuestro tiempo, a 25 años de la caída de la dictadura, resulta irónico que en democracia el Paraguay no haya podido liberarse aún de ese perverso estigma. En tal sentido, la única diferencia entre ahora y entonces es que, gracias a la libertad de información que ampara a la prensa y a los medios masivos de comunicación, cuando hay delito, ya se conoce al delincuente, porque la prensa libre –con el apoyo de la ciudadanía– ha empezado no solamente a denunciar los delitos, sino a individualizar a los responsables de los mismos, con nombre y apellido.
Sin embargo, lo que todavía falta es que, como en las sociedades con Estado de derecho efectivo, los delincuentes identificados vayan a la cárcel, para que dejemos de ser conocidos como un país lleno de delitos pero sin delincuentes. Solo así podrá la sociedad paraguaya romper el círculo vicioso de la impunidad que sustenta la rampante corrupción incubada bajo la dictadura y que no acaba de irse, para escarnio de todos los paraguayos y las paraguayas de bien, y de nuestra nación. Para que eso suceda, resta una tarea muy importante: neutralizar la inercia de complicidad y encubrimiento prevaleciente en el ánimo de los jefes de las reparticiones públicas que por todos los medios buscan proteger a los delincuentes bajo su autoridad.
Como caso ilustrativo de connivencia institucional para encubrir a funcionarios sospechosos de actos ilícitos, podemos citar a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en el bochornoso escándalo generado por el descubrimiento de una banda internacional involucrada en la introducción al Paraguay de automóviles de lujo robados en la región y en países europeos, e ingresados y legalizados fraudulentamente en nuestro país con la complicidad de funcionarios aduaneros inescrupulosos, algunos de ellos hasta el límite de la desfachatez, como el administrador aduanero del puerto privado Caacupemí, Isidro Ernesto Berino Parra, cuya esposa, Mirta Dejesús Agüero de Berino, ha sido identificada como propietaria de uno de los vehículos denunciados como robados y que precisamente –¡vaya casualidad!– entró por el puesto aduanero hoy controlado por su esposo, y por donde se sospecha que también entró la mayoría de los 206 vehículos investigados por robo en España.
Con base en la denuncia del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la fiscalía ha tomado cartas en la investigación del delito, que involucra no solo a la DNA, sino a importadores y despachantes. Pese a las categóricas evidencias, tanto internas como del exterior, en cuanto a la existencia del delito, como en los mejores tiempos de la dictadura, el pusilánime director nacional de Aduanas, Nelson Valiente, parece más bien empeñado en encubrir la identidad de sus funcionarios incursos en el escandaloso delito de repercusión internacional, en vez de ser el primero en caerles encima con todo el peso de la ley y de la autoridad para ello que la misma le confiere.
Ante innumerables situaciones similares, si es que se tiene voluntad política para desterrar definitivamente la impunidad que sustenta la corrupción en nuestro país, constatado un delito, debe individualizarse a los delincuentes y llevarlos ante la justicia, y esta remitirlos a la cárcel si los halla culpables.
Por tanto, esta de la Aduana es una excelente oportunidad para que la ciudadanía compruebe si estamos avanzando hacia la seguridad jurídica de la que el presidente Horacio Cartes ha hecho cliché, como condición sine que non para atraer la inversión extranjera que el país necesita para su despegue económico. No es admisible que, tras un cuarto de siglo en democracia hasta hoy, la República no haya podido implantar el Estado de derecho que garantice el imperio de la ley.
Mientras no se cierre el cerco de la justicia en torno a un delito constatado con la identificación, procesamiento y castigo de los delincuentes, no habrá “nuevo rumbo” en el Paraguay.
Mientras tanto, a partir de este momento deben ser revisados uno por uno todos los contenedores que vengan de puertos europeos con facturas raras y contenidos vagos, pues con toda seguridad están en tránsito hacia Asunción muchos vehículos más robados en Europa.
