Tras una maratónica sesión, diputados argentinos votaron una nueva Ley de abastecimiento
Pese a las críticas de opositores y a la resistencia del arco empresarial, el oficialismo convirtió en ley la medida por 130 votos a favor, 105 en contra y 5 abstenciones. Además son leyes la creación de un observatorio de precios y la instauración de un fuero especial para conflictos entre empresas y consumidores. Por la noche, se recortó el número de oradores para no extender aún más el debate.
La sesión se inició a las 12.35 de ayer con un quórum obtenido por el oficialismo -139 legisladores- con la presencia, entre otros, del diputado Martín Insaurralde, el moyanista Omar Plaini, el massista Alberto Roberti y los legisladores que responden al gobernador cordobés José Manuel De la Sota, Juan Schiaretti, Carlos Caserio y Blanca Rossi.
Ninguno de los candidatos presidenciales de la oposición -Julio Cobos, Ernesto Sanz, Elisa Carrió, Hermes Binner y Sergio Massa-dio quórum en la sesión.
La modificación de la Ley de Abastecimiento fue aprobada por 130 votos a favor, 105 en contra y 5 abstenciones, pese a que era rechazada por gran parte de los bloques de la oposición, que se manifestaron divididos en lo que respecta a las otros dos proyectos que estaban sometidos a debate.
En ese contexto, la Cámara baja también convirtió en ley la creación de un observatorio de precios por 136 votos a favor y 104 en contra y la instauración de un fuero especial para conflictos entre empresas y consumidores que se aprobó por 202 votos a favor y 36 en contra.
La kirchnerista Diana Conti, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, fue informante del oficialismo y en la apertura del debate resaltó que la iniciativa apunta a que «el Poder Ejecutivo tenga los instrumentos para defender de mejor manera a los usuarios y consumidores».
Por su parte, Martín Lousteau (Suma+Unen) señaló que la ley impulsada por el Gobierno «no es un instrumento idóneo para bajar la inflación» porque, alertó, la causa de esa problemática son los «horrores macroeconómicos».
La massista Graciela Camaño respondió a las acusaciones del oficialismo al advertir que «no nos pueden venir con el cuento de que defendemos la concentración económica cuando a largo de once años otorgaron subsidios que a veces resultan inexplicables».
La radical Patricia De Ferrari, presidenta de la comisión de Defensa de la Competencia, apuntó que la ley que impulsa el Gobierno tiene «irregularidades y vicios insalvables» y es «anacrónica y vetusta».
Para el diputado del Frente Renovador y ex titular de la UIA, José Ignacio De Mendiguren, la flamante norma que fue impulsada por el oficialismo es «inconstitucional» y alertó que «acorralar a la inversión es un error estratégico grave», porque afectará la recuperación de la economía del país.
El macrista Pablo Tonelli sostuvo que esta ley «atrasa más de 50 años» y advirtió que la propuesta «es una gran delegación de las facultades que el Congreso haría al secretario de Comercio», Augusto Costa.
Su compañero de bancada, Federico Sturzenegger apuntó que «esta ley somete a toda la actividad económica a la sanción y apriete arbitrario y discrecional de los funcionarios» y señaló que normas de este tipo se aplicaron a la carne, a la energía y al dólar y «los resultados: la carne más cara que en Estados Unidos, la energía la tenemos que importar y el dólar está a 15 pesos y cada vez faltan más».
En tanto, Margarita Stolbizer (GEN) consideró que «para defender a los usuarios, consumidores y la libre competencia, existen muchas leyes vigentes. No hacen falta nuevas. Lo que hace falta es cumplirlas y un estado con funcionarios honestos y competentes que controle».
Otro de los que se manifestó en contra de la reforma de la Ley de Abastecimiento fue Claudio Lozano (Unidad Popular), quien desafió al kirchnerismo a «dar un debate sobre el capital concentrado» y advirtió que «el Gobierno tiene las herramientas para intervenir y normalizar las ganancias del capital concentrado».
En el final del debate, la presidente del bloque de diputados del oficialismo, Juliana Di Tullio aseguró que la Argentina necesita «un Estado fuerte para generar mas derechos a nuestro pueblo frente a las posiciones dominantes para tener una relación mas equitativa entre producción y consumo».
Es de destacar que ante la posibilidad de que el debate se prolongara hasta hoy al mediodía, los legisladores decidieron acortar la lista de oradores. La decisión fue anunciada anoche pasadas las 22 por el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, quien indicó que «por acuerdo planteado por los señores presidentes de los bloques mayoritarios se acordó hacer un cierre de las posiciones individuales a la 0.30 e iniciar el cierre de los respectivos bloques».
La situación puso al descubierto cierto desentendimiento entre Domínguez y la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, ya que el titular del cuerpo había dicho que se iba a reducir las exposiciones individuales a tres minutos, pero la jefa de la bancada oficialista respondió que eran «cinco minutos».
Finalmente el kirchnerismo consiguió llegar a 130 votos para dar sanción definitiva a la reforma de la Ley de Abastecimiento gracias a sus tradicionales aliados y al apoyo de la ex piquetera del MIJD de Raúl Castells, Ramona Puchetta (Frente por la Inclusión Social), y del moyanista Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo).
Por la negativa se manifestaron la mayoría de la bancada radical, el PRO, Frente Renovador, Partido Socialistas, Coalición Cívica ARI, GEN, Frente Cívico de Córdoba, Compromiso Federal, Unión por Córdoba y Facundo Moyano (Cultura, Educación y Trabajo), entre otros.
En qué consiste la Ley de Abastecimiento
El gobierno nacional impulsa un nuevo Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo, busca la creación del Observatorio de Precios y la modificación de la Ley de Abastecimiento. De las tres iniciativas, la que más polémica generó es la última. Distintos sectores empresariales aseguran que la nueva ley afectaría la actividad productiva y comercial. En esta nota, qué propone la nueva Ley de Abastecimiento.
– Fortalece el control del Estado en materia de abastecimiento de bienes y cumplimiento de los servicios.
– Genera un marco regulatorio para el proceso de formación de precios.
-Autoriza a los gobernadores y a los jefes de Gobierno de Buenos Aires para fijar en sus jurisdicciones precios máximos.
– Alcanza a todas las actividades económicas del país, no sólo a la industrial, sino también a la comercial y de servicios, hasta ramas como el deporte, el esparcimiento y la cultura.
– Incorpora sanciones pecuniarias regidas por el principio de “pague ahora y reclame después”.
– La secretaria de comercio podrá establecer márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios. También disponer de la cancelación de concesiones privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales.
– Las sanciones por incumplimiento van desde multas, clausura, inhabilitación, decomiso y, en caso de reincidencia, clausura definitiva para quienes eleven injustificadamente los precios, revalúen existencias, acaparen materias primas y productos, nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o una prestación de servicios.
– Las penas económicas son aplicables tanto a las personas jurídicas como a los directivos.
– Quita la pena de cárcel pero eleva las multas hasta $ 10 millones y se autoriza la clausura por un plazo de 90 días.
