Argentina: presentan querella contra grupo empresario por desaparición de trabajadores durante la dictadura

El CELS presentó una querella en la causa por la desaparición de 24 trabajadores de Molinos Río de la Plata para que se determine la responsabilidad del grupo Bunge & Born en los crímenes cometidos contra representantes gremiales.

“Las medidas económicas implicaban necesariamente la represión ilegal de cualquier movimiento de resistencia, lo que demuestra la conexión directa entre el accionar criminal de la dictadura y el proyecto de transformación del capital económico”, dice el Centro de Estudios Legales y Sociales en la querella que presentó la semana pasada en la causa en la que se investigan las desapariciones de los trabajadores de Molinos Río de la Plata S.A. El expediente fue abierto el año pasado por los hijos de tres desaparecidos y destinado a investigar la complicidad de los integrantes del directorio de la empresa del grupo Bunge & Born y de su personal jerárquico en delitos de lesa humanidad. El escrito del CELS es clave para interpretar no sólo este caso, sino el de muchas causas en las que se analiza la responsabilidad empresaria en los crímenes de la última dictadura. Entre otras cosas, profundiza en el rol de las comisiones internas en la puja estructural de capital y trabajo y destaca la emergencia de una figura de la víctima que ya no está sólo pensada en su dimensión de militante político, sino en su doble condición de “trabajador” y “trabajador organizado”. En ese contexto, explica que “las medidas tuvieron como objetivo resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social con el poder de la clase trabajadora. A diferencia de las líneas de solución intentadas durante la segunda sustitución de importaciones, que habían tenido como trasfondo la permanencia del modelo de industrialización y de sus relaciones estructurales, las diversas políticas operadas a partir de marzo de 1976 no sólo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones políticas de la clase trabajadora, sino que, simultáneamente, promovieron transformaciones económicas que alteraron profundamente sus bases estructurales de poder”.

“El avance del proceso de justicia en nuestro país ha llegado a investigar la responsabilidad de las empresas en los crímenes de la dictadura, no como hechos aislados sino como parte de un plan sistemático, dirigido desde las altas esferas del gobierno de facto y de las cúpulas empresariales para transformar el modelo económico”, señala el CELS. “Desde luego, esa transformación traía aparejada la necesaria reducción de los derechos laborales de la clase trabajadora y la concentración económica en reducidos grupos.”

El escrito de cuarenta páginas se presentó el viernes ante la Justicia Federal de La Plata, donde está radicada la causa Molinos. Es la primera vez que el CELS se presenta institucionalmente como querella en las causas de complicidad civil que avanzaron en los últimos tres años.
El caso

A mediados del año pasado, tres hijos de desaparecidos de Molinos acompañados por una profesora de historia reunieron sus historias, material de archivo y salieron a golpear puertas para reunir datos sobre lo que había pasado en una de las principales plantas de Molinos Río de la Plata SA, ubicada en Avellaneda. Presentaron ese material en la Justicia acompañados por el abogado Javier Garín, en una presentación en la que pidieron que se investigue a los directivos del grupo Bunge & Born por el secuestro y desaparición de por lo menos 20 trabajadores de la planta de Avellaneda y de una niña. Hoy la presentación del CELS reúne 24 víctimas, entre ellas la esposa de uno de los trabajadores y una hija, aunque insisten en que el universo completo de las víctimas puede ser mayor. Todos los secuestros se produjeron a partir del golpe de 1976 y hasta fines de 1978. Hubo varios hechos aislados, pero el operativo más importante ocurrió el 7 de julio de 1976 en la puerta de la planta, entre las cinco y seis de la mañana, hora de ingreso del turno mañana. Tres camiones del Ejército estacionaron sobre la calle Deán Funes y cargaron a un número aún incierto de trabajadores que, de acuerdo con los relatos, va de 20 a de 80. Tres están denunciados en esta causa y siguen desaparecidos.

Desde el inicio, los primeros querellantes presentaron los secuestros y desapariciones como efecto de la disputa entre capital-trabajo. Y el CELS retoma ahora esta línea. Todos las víctimas pertenecían, o estaban cerca, a la comisión interna que ganó las elecciones en 1973. Había militantes de la JTP, Montoneros y uno de Organización Comunista Poder Obrero. Dos eran de la planta de Paseo Colón. Los trabajadores habían llevado adelante planes de lucha, tenían organizadas “brigadas de control de precios” para frenar las “políticas de desabastecimiento de productos de primera necesidad”. Y sumaron los efectos del secuestro de los Born.

“A lo relatado se agrega un hecho altamente relevante para vincular la desaparición y persecución de los trabajadores con la empresa. Nos referimos al secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born el 19 septiembre de 1974 por la organización Montoneros”, dice el escrito. “Juan y Jorge Born eran el gerente y el director general del grupo económico Bunge & Born, propietario de la empresa Molinos Río de la Plata S.A. entre otras empresas. Entre los pedidos de la organización Montoneros para liberarlos se planteaban reivindicaciones laborales para los trabajadores de las empresas que pertenecían al grupo (Molinos, Grafa, Alba, Compañía Química y Centenera), las que eran coincidentes con los reclamos que venían realizando los delegados. Otra de las condiciones para la liberación era la entrega de mercaderías por la suma de un millón de dólares para ser repartida en barrios carenciados. Producida la liberación de los empresarios, esa mercadería se distribuyó a través de militantes de la organización y en algunos casos a través de los mismos trabajadores de la empresa, como el caso de Héctor Dadin Vasere y Santos Ojeda en la planta de Molinos. Este hecho le serviría a la inteligencia interna de la empresa para marcar y perseguir a los trabajadores acusándolos de formar parte del secuestro de los empresarios. Los hechos mencionados produjeron el recrudecimiento de la persecución a los trabajadores con mayor activismo por parte de la empresa.”
La presentación

Desde hace años el CELS sigue las causas de complicidad empresaria. En 2002, se presentó como querella en la causa Mercedes-Benz, pero no volvió a hacerlo hasta ahora. Sí –y como parte de este mismo camino–, se presentó como “amicus curiae” en la causa Ledesma, estuvo en Rosario con la historiadora y especialista en el movimiento obrero Victoria Basualdo para acompañarla institucionalmente en su declaración en el juzgado que investiga la causa Acindar y el eje de Villa Constitución. “Pero más allá de estas presentaciones queríamos hacer un acompañamiento institucional, como organismo: es esto lo que estaban pidiendo los querellantes”, dice Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área de Litigios del CELS.

Uno de los ejes del escrito es que el tema de la responsabilidad empresarial no es nuevo, sino que se viene señalando desde el comienzo del proceso de justicia. La intervención de empresarios en algún tramo del plan sistemático está presente en los relatos de los sobrevivientes y familiares desde el Juicio a las Juntas. En ese contexto, la presentación da cuenta de esa microhistoria política: recuerda las primeras causas como Mercedes-Benz, Ford y Papel Prensa y se detiene sobre todo a repasar las de los dos últimos años, donde los empresarios tienen algún grado de participación señalado con procesamientos o elevación a juicio como el caso Ledesma, La Veloz del Norte y Ford. También agregan aspectos internacionales de la relación entre empresas y regímenes dictatoriales.

“En las investigaciones en curso, se ha planteado que el accionar criminal de las empresas no fue aislado sino sistemático y dirigido desde las altas esferas del gobierno de facto. Como titular del Ministerio de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz lideró las transformaciones del modelo económico que derivaron en la reducción de los derechos de los trabajadores y en la concentración de la propiedad en pocos grupos –explican–. Esas regresiones implicaban la represión de cualquier modo de resistencia, lo que demuestra una permanente conexión entre ‘el proyecto de apropiación de la riqueza y de apropiación de la vida’”, señalan.

En línea con el informe de la CNV, señalan que pueden diferenciarse dos etapas en la alianza entre grupos económicos y el gobierno de facto. La primera se caracterizó por la instigación y colaboración de directores y gerentes en el secuestro de trabajadores vinculados con alguna actividad gremial o sindical. La segunda, dicen, tuvo como objetivo el uso del aparato estatal, incluido el represivo, para realizar operaciones económicas que beneficiaron a un sector del capital en perjuicio de otro.

Y al analizar más sistemáticamente los casos, logran trazar patrones en común: “En las resoluciones en las que se ha procesado a directivos en empresas por crímenes de lesa humanidad se ha tenido en cuenta distintos aspectos: el interés que puede tener un empresario en el secuestro y desaparición de un delegado, el vínculo cercano entre los dueños de las empresas y los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la presencia de personal de esas fuerzas en las instalaciones de las fábricas, la evidencia de que las empresas entregaron listas con nombres de empleados que debían ser secuestrados”.

Pero acaso el aporte más importante de este escrito radica en la perspectiva de análisis: la posibilidad de pensar en una narración jurídica la dimensión económica del plan sistemático no sólo desde el lado del “capital”, sino de los efectos sobre el mundo del “trabajo”. Esta perspectiva mira las confrontaciones no sólo en términos políticos, como dice el escrito, sino también “desde las transformaciones económicas y sociales”: rasgos que, como explica, “quedaban ocultos o subestimados desde miradas predominantemente políticas”.

En la querella se analiza cómo las organizaciones del sindicalismo combativo constituían una herramienta fundamental en la disputa por la distribución del ingreso y estaban atravesadas por las luchas y debates sobre el grado de profundidad y el tipo de las transformaciones que se intentaban promover en la estructura económica y social argentina. “Fue justamente debido a estas razones que las patronales las consideraban una amenaza, no sólo en términos económicos, sino también en términos políticos y sociales” (ver recuadro).

Hace dos 24 de marzo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó un informe que fue estructural en las causas para pensar la complicidad empresaria. A través de una serie de documentos, el informe mostraba desapoderamientos a empresarios en un análisis que hacía foco en los efectos que tuvo la imbricación del aparato represivo con la alianza cívico militar destinada a la implementar un modelo económico, basado en la especulación financiera que destruyó el aparato productivo mientras iba aniquilando las demandas obreras. Ahora bien, el escrito del CELS puede pensarse como la contracara de aquel informe que ponía el acento en el capital; como un segundo tiempo, dado que se pone a trazar una narración en términos jurídicos de lo que fue pasando sistemáticamente con los trabajadores y el movimiento sindical.

“Para comprender lo que estaba en juego entonces en el proceso de organización de los trabajadores de la empresa Molinos es necesario comprender que el nivel de confrontación económica, política y social alcanzó, a mediados de los años ‘70, un pico inédito en términos históricos”, señala. “La clase trabajadora, que había conquistado en la década peronista una estructura sindical de gran alcance y fortaleza y una posición central en la economía y la sociedad, no tuvo un papel marginal en esta confrontación, sino que desempeñó un papel central en el ascenso de la conflictividad que, lejos de ser únicamente una pugna política, tuvo como trasfondo la confrontación creciente entre el capital y el trabajo. El poder de la clase trabajadora, que puede visualizarse, por ejemplo, en los niveles de participación de los asalariados en el ingreso que alcanzaron los 47 puntos en 1974, tenía sus raíces no sólo en las características del modelo de industrialización y en el papel que cumplían los trabajadores en la producción y el consumo de bienes, sino también en los mecanismos de representación y organización de los que disponía y en su vinculación (parcial, contradictoria, conflictiva, pero fundamental) con un arco de organizaciones políticas radicalizadas. El desarrollo y la vitalidad de los delegados y las comisiones internas durante esta etapa es un factor esencial para explicar las raíces de este poder del trabajo frente al capital, que se traducía, no sólo en el plano económico, en las luchas en el ámbito de la producción, sino también en términos de las grandes confrontaciones políticas y sociales.”

El período que se abre con el golpe militar del 24 de marzo de 1976 constituyó un hito de enorme importancia en esta historia, señala. “Las medidas aplicadas a partir del golpe, aunque marcadas por múltiples contradicciones y tensiones, tuvieron como claro objetivo resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social con el poder de la clase trabajadora. A diferencia de las líneas de solución intentadas durante la segunda sustitución de importaciones, que habían tenido como trasfondo la permanencia del modelo de industrialización y de sus relaciones estructurales, las diversas políticas operadas a partir de marzo de 1976 no sólo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones políticas de la clase trabajadora, sino que, simultáneamente, promovieron transformaciones económicas que alteraron profundamente sus bases estructurales de poder.” Uno de los aportes de esta presentación lo hizo Victoria Basualdo. El CELS hizo además un convenio con Flacso destinado a trabajar sobre la relación entre empresas y terrorismo de Estado, un proceso en el que se fueron acercando a Molinos.

“Uno está acostumbrado a ver organizaciones políticas porque las fuerzas de seguridad secuestran a integrantes de Montoneros, o al militante del ERP. Pero cuando tenés al empresario enfrente, tenés que poner de relevancia la identidad gremial”, explica en este caso Palmas Zaldúa. “¿Bunge & Born qué quería? ¿A Montoneros? Sí, probablemente haya habido una predisposición pero quería perseguir a los trabajadores que se revelan con planes de lucha y generaban problemas dentro de la planta. La idea es la de un disciplinamiento y esto es lo que se ve en todas las causas donde se ve la responsabilidad de los empresarios.”

Molinos es un capítulo de todo esto.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-254807-2014-09-08.html