Presidente objeta ley que preservaba reserva natural de megaminería
La intensa embestida mediática de los grupos del poder económico pudo más que los años de lucha por la preservación de Loma Miranda. En la fecha límite para la promulgación que la ley que la convierte en parque nacional, votada por el Senado el pasado 27 de agosto, el presidente Danilo Medina decidió devolverla a sus autores del Congreso.
El portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, leyó en el Palacio Nacional la carta del presidente Danilo Medina dirigida a Cristina Lizardo, presidenta del Senado, exponiendo las motivaciones que tuvo para devolver observada la legislación aprobada la semana pasada.
Con la observación de la ley, Medina abre un paréntesis de incertidumbre que, desde ya, muchos vaticinan que será corto. Dudan que los congresistas quieran comprometerse de manera realista con la decisión que ellos mismos adoptaron apenas comenzada la actual legislatura.
La ley fue observada en su totalidad y se deja claro que la explotación minera de Loma Miranda dependerá de la comprobación de su sostenibilidad en términos medioambientales. El documento puede ser descargado en formato PDF en la parte superior izquierda de esta nota.
Marchena aclaró en la introducción de su alocución, que de ninguna forma, la decisión significaba que el Gobierno está autorizando la explotación de Loma Miranda, una zona montañosa entre Monseñor Nouel y La Vega, a la cual pretende trasladar sus operaciones de extracción de níquel, la empresa Falconbridge Dominicana (Falcondo).
Señala que la ley es observada porque “luego de un estudio ponderado, permanecen serias dudas sobre su compatibilidad con la Constitución”, y porque conlleva un desconocimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.
De igual modo, dice que esta decisión no cambia la posición del Gobierno sobre el tema, que el 3 de junio del 2013 negó la licencia ambiental a Falcondo, impidiéndole así la explotación de los yacimientos de níquel en Loma Miranda, por no garantizar, conforme al estudio de impacto ambiental presentado, el aprovechamiento sostenible del recurso minero.
En la misiva, el presidente Medina pide al Congreso postergar cualquier decisión sobre Loma Miranda y sostiene que es decisión de su gobierno fomentar la vigilancia celosa del uso sostenible de los recursos por parte de las comunidades.
Desde que el pasado 27 de agosto el Senado convirtiera en ley el proyecto aprobado el día antes por la Cámara de Diputados, Medina fue sometido a todo tipo de presiones por grupos a favor y adversos a la declaratoria de parque nacional de la loma que guarda un rico yacimiento níquel, cuya explotación ha sido presentada por Xstrata-Nickel como la única garantía de su permanencia en el país.
Este domingo, el ministro de Minas y Energía, Pelegrín Castillo, advirtió de las consecuencias que tendrá para el país la promulgación de la ley por el presidente Medina. Entre sus augurios están la obligación de pagar una altísima indemnización a la empresa minera afectada y la posibilidad de que aleje a la inversión extranjera en la minería, uno de los sectores que, afirmó, más ha contribuido con la estabilidad macroeconómica.
A la de Castillo unieron sus voces este lunes el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que calificó la aprobación de “apresurada”, la Sociedad de Geología y los comerciantes de Bonao, convocantes de un paro de advertencia contra la promulgación.
También este martes, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, advirtió de que el gobierno no dispone de recursos para pagar la indemnización que demandarían la minera y los propietarios particulares de tierras en el área declarada parque nacional.
El reclamo de que Loma Miranda fuera puesta a resguardo de la explotación de la Xstrata Nickel-Falconbridge duró años y movilizó a una buena parte de las organizaciones de la sociedad civil.
En mayo del año pasado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), rindió un informe desfavorable a la explotación de loma Miranda tras realizar un estudio técnico que le fuera solicitado por el presidente Medina para zanjar el espinoso tema.
Consideraciones constitucionales
En la misiva, el presidente Medina reflexiona en torno a elementos de la Constitución con los que entraría en contradicción la ley observada, destacando el establecimiento de una base constitucional en materia de recursos naturales que conecta su uso y aprovechamiento con los planes de desarrollo nacional.
“La creación del Parque Nacional Loma Miranda en un área que las autoridades nacionales competentes tienen identificada como de gran potencial minero, es contraria al mandato constitucional de aprovechamiento de los recursos naturales”, argumenta.
Plantea que la Constitución es muy precisa en cuanto a la naturaleza del contenido de la intervención pública en la materia, cuando dice que “el aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse bajo criterios ambientales sostenibles” y que “los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado natural, si resulta alterado”.
El presidente consideró, conforme al documento, que la decisión legislativa era “extemporánea”, pues el Constituyente, en la Carta Sustantiva del 2010, estableció que el uso de los recursos naturales se haga en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial que debe estatuirse por ley.
Medina consideró igualmente, que la ley violaba el derecho de propiedad de personas con terreno en Loma Miranda.
“Es por ello que al establecer en inmuebles propiedad de particulares un Parque Nacional, que conlleva en los términos de la Constitución y de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, la eliminación de los atributos esenciales del derecho de propiedad, se desborda la prohibición impuesta al legislador por la Constitución”, dice al respecto.
Y agrega que de la única manera en que conforme a la Constitución se puede privar a un particular de su derecho de propiedad, cuando medien razones de utilidad pública o interés social, y previo pago de su justo valor, lo es a través de la expropiación forzosa, “procedimiento al que resulta ajeno el Poder Legislativo, ya que quienes interactúan en el mismo, en el vigente ordenamiento jurídico dominicano, son los poderes Ejecutivo y Judicial”.
El Poder Ejecutivo acogió igualmente los argumentos del sector empresarial sobre la afectación de la seguridad jurídica con la ley.
“El artículo 110 de la Constitución dispone que en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”, expresa el documento, para luego resaltar que “la seguridad jurídica es un elemento esencial del estado de derecho”.
Periódico 7 Días, República Dominicana
Miguel Vargas critica a Danilo por observar ley
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, criticó que el presidente Danilo Medina observara la ley que declara Loma Miranda Parque Nacional.
Vargas considera que al devolver la ley Medina «permitió que el tema de Loma Miranda dejara de ser económico, técnico y jurídico y se convirtiera en un problema político-social, ante el cual el 95% de la población expresa el rechazo a su explotación minera».
En una comunicación de prensa, el presidente del PRD afirma que con su posición esa organización política es coherente con lo que ha sido la defensa de la soberanía y el interés nacional.
Vargas, asimismo, hizo un llamado a los legisladores a mantener su actitud vigilante en defensa de la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
Diario Libre, República Dominicana
Anuncian protesta contra decisión presidencial dominicana
El sacerdote Rogelio Cruz, uno de los activistas de la campaña ecologista a favor del paraje natural Loma Miranda, convocó para hoy a una protesta masiva contra una decisión presidencial que afectaría la preservación de ese sitio.
Se trata de la primera acción popular en rechazo a la decisión del presidente dominicano, Danilo Medina, de devolver al Senado sin promulgar una ley aprobada por el Congreso que convertía en parque nacional a ese rico escenario ecológico disputado por una empresa trasnacional minera.
En un comunicado leído la víspera por el vocero de la Presidencia, Roberto Marchena, Medina hizo observaciones a la ley e indicó que posee serias dudas de que sea compatible con la Carta Fundamental del Estado dominicano, en materia de protección e inversión.
También valoró el efecto adverso que pueda tener para el desarrollo el establecimiento de un parque nacional que vede la posibilidad futura de aprovechar los recursos naturales existentes siempre que se haga en condiciones que garanticen su sostenibilidad.
Aclaró que esta decisión no representa una voluntad del Gobierno de autorizar la explotación minera de loma Miranda, pues debería ser tomada luego de que se hayan completado todos los estudios de impacto ambiental.
Dijo estar consciente de que su observación de la Ley Loma Miranda como parque nacional, no será bien recibida por sectores de la vida nacional, que en una acción loable son defensores del medio ambiente.
Después de conocer el comunicado con los razonamientos del gobernante, la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, anunció que esas observaciones serán presentadas este miércoles al pleno y será el hemiciclo el que decidirá el curso que le dará.
En tanto el senador por La Vega, Euclides Sánchez, uno de los promotores de crear un parque en ese paraje natural, advirtió que se derramará sangre porque habrá que matar a mucha gente que defiende ese recurso nacional y no habrá explotación minera.
Insistió en que se ha tomado una decisión contraria al interés nacional favoreciendo a los enemigos del pueblo y eso va a generar situaciones difíciles.
Medina no sabe las consecuencias lamentables que van a ocurrir a partir de este momento, acotó Sánchez.
Prensa Latina, Cuba
