Honduras: condena de cinco años para militar por cerrar un canal durante el golpe de 2009
A cinco años de prisión fue condenado el coronel José Arnulfo Jiménez, luego de haber sido encontrado culpable por el cierre de Canal 36, el 28 de junio de 2009 día del golpe de Estado.
Tras una extensa lectura de agravantes, el juez individualizó la pena al militar, ya que éste declinó de decir quién le ordenó suspender las transmisiones de Cholusat Sur.
La apoderada legal del condenado, dijo que la sentencia fue «mediática» por la presión que recibió el juez de sentencia ante la afluencia de medios que cubrieron la histórica sentencia, que abre el camino para llevar a la justicia a los responsables del crimen constitucional.
El fiscal presentó, por su parte, una elevada carga de pruebas, como el impedimento a los empleados de la planta televisora, la suspensión de la jornada informativa y la militarización; en 2011 fue detenido por el delito contra los medios de comunicación.
De igual forma, se desvaneció la justificación del agresor que dijo que se había tomado por asalto la empresa informativa para resguardarla.
“Tengo órdenes superiores para que ustedes no transmitan nada, sólo música, muñequitos, telenovelas y anuncios”, dijo el coronel al periodista Esdras Selim López.
“Estos militares –recordó Selim— tomaron posesión de Canal 36, a la hora del asalto tenía todo listo para comenzar a transmitir, pero Jiménez me gritó: “¡Hey, hey, apágame todo esto! (el estudio del canal)”.
El testimonio del comunicador coincide con los vídeos facilitados por la parte acusadora, en los que se observa cuando el pelotón llega a las instalaciones de la empresa para clausurar toda programación.
En otra toma, un contingente acompaña al periodista Richard Smith Casulá a los estudios de Radio La Catracha que opera en el mismo edificio y se saca del aire la transmisión correspondiente a ese día.
El relato de López se acopla a los hallazgos realizados por la fiscalía cuando se corroboró la presencia de militares en la planta transmisora del cerro Canta Gallo, al oriente de la capital.
“Luego me enteré que en la central de los transmisores en la montaña…no podían activar nuestra señal, porque otro contingente militar había tomado el control de la zona. La misión de ese día era neutralizar canales, porque Jiménez dio la orden de cerrar Canal 11 cuando vio por uno de los monitores que estaban emitiendo la noticia del golpe de Estado”, rememoró.
La defensa del coronel golpista trató de justificar el asalto al haber alegado que en Cholusat Sur sí había una bodega de la denominada “Cuarta Urna” (consulta social impulsada por el gobierno de Manuel Zelaya acerca de la creación o no de una nueva Constitución de la República, que se efectuaría el día del golpe de Estado).
La apoderada legal del militar, dijo que había una orden judicial para que decomisara todo material referente a la encuesta ciudadana, de acuerdo a sentencias emanadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando se desautorizó la instalación de la actividad.
Se pudo comprobar que los militares jamás hallaron papeletas de la Cuarta Urna, y eso fue demostrado, con base a testimonios de periodistas que ese día se hallaban trabajando en la televisora.
No se encontró material vinculada a la iniciativa, tampoco en la planta transmisora que fue tomada por los militares el día del golpe. En las conclusiones presentadas por el acusador del Estado, se determinó que la excusa de intervenir Cholusat Sur.
Los acusadores privados lograron demostrar que López Rodríguez nunca dio orden para que se le militarizara el canal de su propiedad; jamás hubo orden verbal o escrita que se diera el visto bueno a las Fuerzas Armadas de Honduras para que montaran vigilancia al interior y los alrededores del local donde funciona Canal 36.
