Chile: indígenas y arqueólogos apelan a Corte Suprema en contra del Rally Dakar
Próximamente la Corte Suprema debiera pronunciarse si acoge o no un recurso de protección presentado por diversas organizaciones por el daño arqueológico que implicaría el paso del Dakar por el norte del país. Distintos organismos del Estado se pronunciaron sobre el tema, mientras que las comunidades piden al Gobierno que se haga cargo.
El Colegio de Arqueólogos, Pueblos Originarios Unidos (POU), el Consejo Ayllu sin Fronteras del pueblo Lincanatay y la Fundación Patrimonio Nuestro apelaron a la Corte Suprema, después de que el pasado 17 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara un recurso de protección en contra de la competencia Rally Dakar.
De acuerdo al fallo de la octava sala, sólo el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) o el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pueden ejercer este recurso de protección en resguardo del patrimonio arqueológico de Chile. En ese sentido, el presidente del Colegio de Arqueólogos, Carlos Carrasco, indicó que apelaron a la resolución y exigieron que el propio Estado demande al Estado, situación que es sumamente compleja.
“Lo que hay que agregar acá, en el fondo, es lo absurdo del fallo, el que coarta la libertad de generar quejas y realizar acciones en función de proteger un bien que es común del Estado”, afirmó Carrasco.
Asimismo, añadió que el CMN y el CDE serían los únicos autorizados para presentar un recurso a favor del patrimonio. Sin embargo, los abogados del CDE han trabajado en la defensa del Instituto del Deporte, entidad que ha promovido la actividad, presentándola como una competencia deportiva que aporta recursos y prestigio al país.
El especialista se refierió a un recurso de protección anterior, que fue presentado el 2013 por parte del ecologista Luis Mariano Rendón en contra del subsecretario del entonces Instituto Nacional del Deporte, Gabriel Ruiz Tagle, donde el CDE asumió la defensa del funcionario.
Desde el organismo afirmaron que el CMN no ha realizado ninguna solicitud de representación. No obstante, el consejero Gastón Fernández sostuvo que según estipula la ley 17.288, el organismo es un ente técnico y no puede entablar una acción judicial de ese tipo.
En esa línea, afirmó que los trabajadores se han manifestado en contra de la competencia sin resultados. “Nosotros siempre hemos tenido una posición en contra de que el Dakar pase por Atacama y destruya el patrimonio arqueológico y paleontológico, pero nadie nos escucha”, aseguró.
Además, agregó que “hemos tocado todos los timbres que han estado a nuestro alcance, pero quieren seguir haciendo el Dakar”.
Fernández añadió que el CMN depende del ministerio de Educación, por lo que incluso le presentaron un oficio al ministro de la época, Harald Beyer. “Gestiones muertas”, señaló, además de lamentar que no se ve una solución al conflicto.
Por ello, confirmó que el organismo ha iniciado un acercamiento con el Colegio de Arqueólogos para ver si se genera una postura común. En tanto, desde el ahora ministerio del Deporte, señalaron que el impacto actual del Dakar no supera el cuatro por ciento de los sitios arqueológicos y aseguraron que tienen “toda la disposición de conversar con todos los actores”.
Las interpretaciones a las leyes son diversas. Primero, no se podría resguardar los espacios requeridos porque no son formalmente áreas protegidas, lo que es debatido, ya que los sitios arqueológicos son considerados Monumentos Nacionales, por lo que están sujetos a protección.
Por otro lado, se estima que si la justicia ha rechazado la solicitud, ya no se podría realizar un estudio de impacto ambiental como exigen los demandantes, porque la ley que define las áreas de competencia del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) no lo estipula.
Pero para los dirigentes indígenas estas serían “trabas irracionales”. Esteban Araya Toroco, vocero del Consejo de Pueblos Autónomos Ayllu Sin Fronteras, afirmó que aquí falta voluntad política.
“La ley dice que el Estado es el responsable del patrimonio. Entonces, el Estado debería hacerse cargo si autoriza a las empresas a que se corra el Dakar”, afirmó. En esa línea, añadió que “quien se beneficia de estos millones de dólares son las grandes empresas, las transnacionales que traen el Dakar y no las comunidades ni los pueblos indígenas”.
El dirigente Licanantay afirmóque el Dakar genera un daño a todos los indígenas del norte, a ellos, a los Quechua y Aymara, ya que afecta a diversos territorios ancestrales, muchos de ellos incluso sometidos a demandas territoriales en la segunda región. Por lo mismo, anunció que de ser rechazado este recurso en la Corte Suprema llegarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
