El gobierno argentino pidió al juez de EEUU suspender la sentencia para negociar y recibe apoyo de Bolivia
Kicillof pidió a Griesa que suspenda fallo a favor de buitres para abrir «diálogo»
El ministro de Economía, Axel Kicillof, solicitó este lunes al juez Thomas Griesa, que sentenció a la Argentina a pagar 1.330 millones de dólares a fondos con bonos impagos, que suspenda temporalmente la medida para permitir la negociación con los acreedores que no ingresaron a canjes previos y evitar
así un default.
«Consideramos esencial que el juez Griesa otorgue una medida suspensiva para que la Argentina pueda continuar pagando a los bonistas de la reestructuración y pueda llevar adelante un diálogo que necesitamos sea llevado en condiciones equitativas para el 100% de los acreedores, sobre todo con los que hemos reestructurado», dijo el ministro.
Las negociaciones entre Argentina y los «holdouts» aceleraron la semana pasada, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación de la Argentina para evitar pagar los 1.330 milones de dólares dispuestos por el juez Griesa.
En este escenario, Kicillof pidió este lunescondiciones «justas y legales» durante una breve conferencia en el microcine de Palacio de Hacienda, en la que pronunció un discurso de tono moderado y evitó en todo momento hacer mención a los «fondos buitre».
El funcionario recordó el canje del 2005 y el 2010 en los que acordó condiciones con los acreedores que suscribieron los nuevos bonos y sostuvo que en dichos acuerdos «figuran elementos que la Argentina quiere seguir cumpliendo».
Entre ellos, señaló la necesidad de la Argentina de continuar con «el pago en tiempo y forma» y la condición por la cual «no puede pagársele a otro acreedor más de lo que se paga al de la reestructuración», según indica la cláusula RUFO.
«Queremos cumplir con los bonistas de la reestructuración pero en el marco de la constitución, de las leyes y de los contratos», añadió.
Ocurre que a fines de junio la Argentina debe realizar en Estados Unidos un pago de su deuda reestructurada, pero el desembolso corre riesgo de ser embargado por la justicia estadounidense si no logra un acuerdo con los «holdouts»
Por ello, el ministro destacó este lunes el interés del Gobierno de poder cumplir con el pago de los vencimientos previstos para el 31 de junio y pidió que se suspenda la medida cautelar. «Solicitamos una suspensión para que podamos abrir un diálogo, un ´stay´», explicó.
El escrito (o «stay», según su denominación en inglés) será presentado este lunes por la tardepor los abogados argentinos. En la conferencia de prensa se entregó una versión del documento en español, pero aún la misma no se hizo pública.
La novedad se conoció luego de que la Presidenta se mostrara el viernes último dispuesta a dialogar con los acreedores conocidos como «holdouts» por quedar fuera de los dos canjes de deuda ofrecidos por Argentina en 2005 y 2010.
Tras días de tensión, las palabras de Cristina Kirchner llevaron a los mercados más confianza en que el país logrará un acuerdo con los fondos que poseen los títulos impagos, por lo que los bonos del país abrieron con fuertes alzas en la sesión en la plaza local.
El Gobierno se resiste desde hace años a pagar la deuda a los que denomina fondos buitres, ya que argumenta que resguarda los intereses del 92,4% de acreedores que aceptaron millonarias quitas de capital sobre una cesación de pagos total de unos 100.000 millones de dólares en 2001 y 2002.
Además, la mandataria explicó que el pago de la deuda no reestructurada podría disparar reclamos por hasta 15.000 millones de dólares.
El siguiente es el texto completo, difundido por Presidencia de la Nación, de la carta presentada este lunes por Carmine D. Boccuzzi Jr, abogado representante del Estado argentino, al juez de Nueva York, Thomas Griesa:
Le escribo para actualizarle la información brindada a la Corte durante la audiencia del pasado miércoles de que la República Argentina («la República») tiene la voluntad de negociar de buena fe. La República Argentina respetuosamente solicita una medida suspensiva («stay») de los Amended Injunctions [medidas cautelares] que le permita entablar conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo razonable para este tipo de negociaciones.
Recientemente, la República ha resuelto con éxito importantes disputas, incluyendo la existente con Repsol S.A. que había demandado a la Argentina por la expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A. ante el CIADI por la suma de 10.000 millones de dólares, con las naciones miembro del Club de Paris por 9.700 millones de dólares, con los titulares de laudos CIADI. Estos recientes acuerdos -que fueron producto de extensas negociaciones y se concretaron en condiciones de cumplimiento posible para la República, con quitas, extensión de plazos y/o reducción de tasas- constituyen grandes avances que reflejan el foco de la Argentina con respecto a la salida de la crisis de 2001 y la normalización de las relaciones con sus acreedores. Todos estos acuerdos fueron voluntarios y por tanto equitativos para las partes. Argentina quiere salir de los litigios que han cargado sobre ella y sobre las Cortes. Por ello respetuosamente solicita un stay de su Señoría. Un stay proporcionaría un resguardo (un «paraguas legal») para que las negociaciones tengan lugar considerando las complejidades legales y financieras inherentes al proceso.
Toda vez que la decisión de la Corte de Apelaciones del Second Circuit requiere a Argentina, cuando realiza un pago de intereses sobre la deuda reestructurada, a pagar a los acreedores el total del capital e intereses de su deuda en default, la República no está en condiciones de pagar a los demandantes en su totalidad, ni de pagar la totalidad a algunos acreedores y no a otros. El total adeudado a los holdouts luego de la reestructuración de deuda de la República excede la mitad las reservas del país.
Ningún país puede utilizar la mitad de sus reservas para hacer un pago y ser dejado sin medios para administrar su moneda, manejar su economía, incluyendo atender las necesidades de su población. Ni puede Argentina ignorar la cláusula de Derechos Sobre Ofertas Futuras (RUFO), que adjuntamos como Anexo, que es uno de los términos de la deuda reestructurada bajo ley de Nueva York y cuyos efectos pierden vigencia el 31 de diciembre de 2014, ya que esto puede llevar a que en otras jurisdicciones se entable un litigio que haga caer la reestructuración exitosa del 92% de la deuda de la República que estaba en default. Además, como nación soberana, Argentina también se encuentra sujeta a sus propios procesos constitucionales y a las leyes sancionadas por el Congreso vigentes en materia de reestructuración de deuda.
Por lo tanto Argentina se encuentra comprometida a entablar un diálogo con los demandantes que pueda llevar a la resolución de este litigio en tanto y en cuanto se den las condiciones propicias para que la negociación contemple los intereses del 100% de los acreedores.
En resumen, la República está comprometida al diálogo que continuará en lo que la República aspira será una resolución final a este litigio, y a todo el problema de la deuda externa, lo cual constituye una cuestión de interés público para todo el pueblo argentino. La República ha honrado sus obligaciones, incluyendo a los bonistas reestructurados, y quiere seguir honrándolos cumpliendo con el 100% de los acreedores. La República en consecuencia le solicita respetuosamente a Su Señoría que otorgue este stay para brindar la posibilidad de iniciar negociaciones de buena fe entre Argentina y sus acreedores».
Evo Morales denunció que hay un complot financiero contra Argentina
El presidente, Evo Morales, denunció hoy que está en curso “un complot financiero” contra Argentina, y advirtió que “estamos a puertas de una guerra inmoral de alta intensidad financiera, una nueva manera de dominación y asedio extranjero contra nuestros pueblos”.
Morales realizó tales declaraciones en alusión a los fondos buitre, que a su juicio, atentan contra la estabilidad económica de Argentina, y al significar una agresión contra ese país también se traducen en una agresión hacia Bolivia.
“Como Gobierno condenamos la agresión que están sufriendo nuestros gobiernos progresistas, contra Venezuela está aplicando una agresión política externa, y contra Argentina una agresión financiera económica”, sostuvo Morales.
El Jefe de Estado se refirió al tema en la parte del final del discurso que ofreció en la Cancillería del Estado, en ocasión de la presentación del Monitoreo de Cultivos de la Coca 2013, presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en Inglés).
En ese marco, el primer mandatario expresó su solidaridad al Gobierno y al pueblo argentino, “no es posible que las llamadas especulaciones financieras se conviertan en una extorsión económica, no compartimos”, acotó.
Quiénes son los fondos buitres que acechan a Argentina
Los fondos “buitres”, que le ganaron a Argentina un millonario litigio en estrados estadounidenses para cobrarse el cien por ciento de bonos en mora que compraron a precio de basura, son propiedad de poderosos magnates con destreza magistral para hacer dinero con países y empresas en crisis.
Los litigantes, a los que Argentina acusó de extorsión y con los que ahora deberá sentarse a negociar para evitar un cese de pagos con los acreedores de su deuda reestructurada, compraron bonos en mora del país suramericano hace cuatro años con el objetivo de acudir a los Tribunales para concretar un millonario negocio.
Compraron en 2008 títulos caídos en cese de pagos en 2001 por valor nominal de 428 millones de dólares, aunque pagaron por esos papeles, considerados “basura” en el mundo financiero, por mucho menos que ese monto, entre 30 y 40 centavos por cada dólar de valor de emisión del título, según el Gobierno argentino.
Esos papeles fueron adquiridos a inversores que rechazaron ingresar a la reestructuración de deuda de 2005, cuando se refinanciaron los bonos que cayeron en cese de pagos a finales de 2001.
Aquel canje, donde Argentina logró una quita del 65 % sobre el capital original y una adhesión del 75 % sobre el total de los acreedores, fue reabierto en 2010, operación tras la cual el nivel de aceptación a la reestructuración ascendió al 92,4 %.
Quienes rechazaron esas refinanciaciones son técnicamente denominados “holdouts”, con una deuda a su favor, entre capital e intereses, de unos 15.000 millones de dólares, según datos del Gobierno argentino.
Se trata de acreedores individuales e institucionales de Alemania, Japón, Estados Unidos, Italia -miles de jubilados de ese país- y también de Argentina.
De ese grupo, los fondos de inversión especulativos representan apenas el 1 % -tienen sentencia a favor para cobrar 1.500 millones de dólares, entre capital e intereses-, pero son los más beligerantes, con poder de fuego suficiente como para contratar poderosos bufetes de abogados y desplegar estrategia de “lobbying” y tiempo para sentarse a esperar por su carroña.
Entre los litigantes, algo más de la mitad del monto reclamado está en manos del fondo de inversión NML Capital, controlado por Elliot Management Corporation, conglomerado fundado en 1977 en Nueva York con un capital inicial de un millón de dólares y que hoy tiene activos 23.000 millones de dólares.
El grupo, mayormente dedicado a los negocios financieros, ya había hecho jugadas similares a la concretó con Argentina, comprando bonos en mora de Perú y Congo.
Elliot es propiedad de Paul Singer, un millonario, abogado de profesión, de tendencia conservadora, que financió campañas políticas de republicanos como Mitt Romney y Rudy Giuliani, tiene fama de filántropo y hasta figura como miembro del consejo de la administración de la Escuela de Medicina de Harvard.
Singer es además creador de la American Task Force Argentina (Afta), orientado a hacer “lobbying” entre jueces, legisladores y medios de comunicación para convencerles de sus argumentos en el litigio entablado contra Argentina en los tribunales de Nueva York.
En su batalla contra Argentina, NML Capital logró, entre otras cosas, embargar en 2012 la Fragata Libertad, buque insignia de la Armada argentina, mientras estaba anclada en un puerto de Ghana.
Otro de los fondos querellantes es EM, propiedad del magnate Kenneth Dart, residente en las Islas Caimán, famoso por ganarle un juicio a Brasil tras comprar bonos “basura” de ese país y por ser el dueño del mayor fabricante de vasos térmicos de los Estados Unidos, cuya filial en Argentina fue denunciada en 2013 por el Fisco por presuntas sobrefacturación y fuga de divisas.
También es uno de los grandes querellantes que tiene a Argentina contra las cuerdas el fondo Aurelius, de Mark Brodsky, también magnate y abogado, como Singer, y a cuyas ordenes trabajó en el mismísimo NML.
Brodsky fue bautizado como “Terminator” por el diario británico “The Independent” debido a su poca flexibilidad como acreedor y tiene fama de hacer suculentos negocios comprando bonos de empresas en crisis para luego canjearlos por acciones y volverse su dueño.
Además de esos tres grandes “buitres” que acechan a Argentina, hay otros 44 polluelos que, como fondos de inversión, también van prendidos en el litigio, una verdadera bandada rapaz.
http://www.infolatam.com/2014/06/24/quienes-son-los-fondos-buitres-que-acechan-a-argentina/
