Luego del revés de la Justicia de EEUU, el Gobierno argentino lanzará un nuevo canje de deuda
Tras el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos al pedido de reconsideración del fallo a favor de los fondos buitre de los tribunales de Nueva York, Argentina anunció ayer el inicio del camino para poder pagarles a los bonistas del canje a fin de mes, eludiendo cualquier intento de embargo. “Estamos dando los pasos necesarios para poner en marcha un proceso de canje de deuda”, anunció ayer Axel Kicillof desde el Palacio de Hacienda, en referencia al mecanismo mediante el cual se busca garantizar el pago a los tenedores con títulos de la deuda reestructurada. “No vamos a permitir que nos impidan pagar”, expresó el ministro de Economía, durante una exposición que se prolongó por 45 minutos. Además, informó que hoy concurrirá al Congreso –junto a Jorge Capitanich y Carlos Zannini– para mantener una reunión con los jefes de bloques parlamentarios de ambas Cámaras, y que instruyó a los representantes legales argentinos en Estados Unidos para que inicien contactos con el juez Thomas Griesa, a quien le advertirán que si Argentina se viera obligada a acatar el fallo, “esto conduciría al país al default”.
En línea con el objetivo formulado por la presidenta de la Nación en la noche del lunes, de cumplir con los compromisos de la deuda reestructurada pero “sin aceptar extorsiones”, Kicillof también rechazó el planteo de pagarles a los buitres el monto nominal total de los bonos, y en un solo pago, como lo dispone el fallo del juez Griesa confirmado por la Corte. “Si una sentencia dice ‘suicídense’, nosotros no podemos aceptarla”, señaló. Repasó lo dicho por Cristina Kirchner la noche anterior, en cuanto a que la cancelación de los 1500 millones de dólares con los fondos buitre promovería la demanda en igual sentido de los poseedores de los restantes títulos que no entraron en el canje, sumando así 15 mil millones de dólares con demanda de pago inmediato. “Representa más del 50 por ciento de las reservas internacionales”, apuntó, además de que detrás de ello, podría desatarse una catarata de demandas de los bonistas del canje reclamando igualdad de condiciones. “Ese camino conduciría al país al default”, advirtió el ministro.
“Como ministro de Economía, debo decir que mi interpretación del fallo es que quiere tirar abajo la reestructuración de deuda que hizo Argentina”, puntualizó Kicillof, rescatando en ese momento los resultados del canje de 2005 sobre una deuda de 81 mil millones de dólares, “sin intervención de organismos financieros internacionales ni condicionamientos para la política económica del gobierno nacional”. Este paso fue complementado cinco años después, recordó, con una adhesión “casi total, de casi el 93 por ciento de los acreedores”.
Apoyado en gráficos proyectados en una pantalla a su espalda, Kicillof describió que “el proceso de fuerte endeudamiento externo resultó un importante limitante para el crecimiento económico, imprimiendo una elevada fragilidad a las finanzas del Estado”. Esta relación, claramente visible a lo largo de la década del ’90, comenzó a revertirse a partir de 2003, indicó. Hasta entonces, “el modelo de endeudamiento determinó la imposibilidad de crecer; a partir de 2003 se instaló una renegociación con otro principio: necesitamos crecer para poder pagar. El desendeudamiento es hoy un pilar de este modelo de crecimiento con inclusión social”, refirió. Indicó que con este fallo del juez Griesa en favor de los buitres y su ratificación por la Corte de Estados Unidos, “hoy aparece ante nosotros una herencia del neoliberalismo, pero no nos van a llevar otra vez a la situación de que, por pagar la deuda, tengamos hambre y desocupación en nuestro país”.
Kicillof afirmó que “mientras Argentina quiere pagar la deuda reestructurada, pareciera que hay algunos que no la quieren dejar pagar”. Pero advirtió que quienes pretenden eso “no pasarán, no van a lograr voltear nuestra reestructuración de deuda”.
El ministro consideró que tras el rechazo de la Corte a la petición argentina, “queda firme la sentencia del juez Griesa”. Inmediatamente después de conocida aquella resolución en Washington, el mismo lunes, el fondo buitre NML Capital Ltd. “pidió que Argentina sea obligada a pagar la sentencia junto a la próxima cancelación de deuda” que efectivice. “Nuestro próximo vencimiento por la deuda reestructurada –explicó Kicillof– es el 30 de junio, por cerca de 900 millones de dólares: Argentina va a pagar, pese a que el juez Griesa le ordene a nuestro banco pagador (New York Mellon) que no les pague a los bonistas”, para privilegiar el derecho de los buitres sobre los fondos que asigne Argentina al pago. “Así, la plata que ponga Argentina no llegaría al acreedor, pero no vamos a permitir que nos impidan pagar”, respondió Kicillof. “Estamos iniciando el proceso para el canje de bonos” que se les ofrecerá a los acreedores adheridos al canje anterior para que, en forma voluntaria, acepten cambiar los bonos actualmente en su tenencia por otros que se rijan bajo legislación argentina y, así, puedan ser liquidados por bancos argentinos y en Argentina. El mecanismo busca eludir el seguro embargo que dispondría Griesa sobre cualquier recurso económico que Argentina haga pasar por Nueva York.
Si bien este mecanismo llevaría implícito el riesgo de “default técnico” (cualquier bonista que no acepte ese canje de títulos podría argumentar que le cambiaron las condiciones de pago, lo cual llevaría a la declaración de “default técnico” de Argentina por no hacer los pagos en las condiciones pactadas), Argentina parece dispuesta a asumirlo. Este planteo seguramente será uno de los ejes del encuentro que hoy mantendrán, en el Congreso de la Nación, los representantes del Ejecutivo que concurrirán para informar a los jefes de bloques de ambas Cámaras. Junto a Kicillof, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, intentarán explicar la situación generada por el fallo de la Corte estadounidense y la posición asumida por el gobierno nacional, entre las alternativas que se le presentan. Las opiniones expresadas ayer por distintos representantes de la oposición fueron, en general, bastante moderadas (ver aparte), aunque varios de ellos coincidieron en criticar la estrategia legal seguida y la ausencia de la búsqueda de una negociación con los buitres.
“Los buitres son buitres, justamente por eso se los caracteriza, porque no negocian, sino que llevan la cuestión hasta la última instancia judicial”, señaló ayer Kicillof, anticipándose a los cuestionamientos que seguramente recibirá. De todos modos, y aun en la eventualidad de una negociación, indicó que el Gobierno “no está dispuesto a hacer cualquier cosa, a arreglar bajo cualquier condición”, sino que “mantendrá los principios que guiaron la reestructuración”.
También rechazó que se califique de “desacertada” la estrategia seguida para enfrentar a los fondos buitre. “Hace doce años que litigan contra Argentina”, recordó. “Presentaron más de 900 demandas, lograron embargos sobre Enarsa, partes de un satélite de Arsat, la Fragata Libertad, bienes pertenecientes al INTA y a Aerolíneas, fondos de Anses, y sobre las reservas internacionales. Todo ello se logró revertir por la defensa del país que formó parte de esa estrategia. Además, no son pocos los apoyos que consiguió Argentina a su posición: de México; de Brasil, líder en Sudamérica; de Francia, una de las principales economías de Europa”, entre otros que mencionó.
“Quédense todos tranquilos, que esto está estudiado en profundidad. Se han tomado todas las medidas para impedir que esté en riesgo la reconstrucción del país por culpa de pequeños grupos de bonistas, los más extremistas del sector financiero, que no buscan otra cosa que poner en jaque a los países”, concluyó el titular del Palacio de Hacienda.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-248868-2014-06-18.html
Hasta el FMI cuestiona la decisión judicial
El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo pública ayer su “preocupación por las implicancias más amplias” que podría tener la decisión judicial que tomó la Corte Suprema de los Estados Unidos en favor de los fondos buitre en el litigio contra la Argentina. El organismo no apela a un especial sentido de la sensibilidad, sino que busca preservar el círculo de sobreendeudamiento, crisis, default y reestructuración que incluye a sus políticas de ajuste, un esquema repetido desde los ’80, a pesar de que la Argentina en la última década logró preservar grados de autonomía. El ministro de Economía, Axel Kicillof, mencionó la posición del Fondo, que en este contexto suma argumentos para la defensa argentina.
No es la primera vez que el organismo financiero plantea que la Justicia norteamericana puede estar generando un efecto negativo que supera a un potencial default argentino si les da la razón a los fondos especulativos. “El Fondo considera con mucho cuidado esta decisión –en referencia al rechazo de la Corte a tomar el caso argentino– y, como hemos dicho anteriormente, estamos preocupados por la posibilidad de implicaciones sistémicas más amplias”, indicó el vocero del FMI, Gerry Rice.
El FMI quiere conservar sus prerrogativas. El esquema vigente hasta ahora fue el siguiente: los organismos presionan para que los países relajen regulaciones de todo tipo, entre ellas la cuenta capital, de modo que reciban, por la puerta grande, capitales foráneos de todo tipo. El negocio financiero infla la deuda externa, proceso que en algún momento se topa con un cambio en las condiciones de los mercados internacionales y explota. El país periférico entra en crisis y declara el default, que lo aleja de los mercados. La única manera de que el ciclo se recomponga es reestructurar la deuda. El Fondo se ocupa de que el país en cuestión reduzca gastos sociales y venda activos estatales para que la capacidad de repago de la deuda (reestructurada) no se vea afectada. La operación luce exitosa: el Fondo logra que se apliquen las conocidas recetas de ajuste, el país vuelve a tomar deuda y el negocio financiero se revitaliza.
Es lo que pasó en la Argentina en los ’90. Distinto fue lo que sucedió luego de 2002, cuando el país permaneció alejado de los mercados. El FMI recuerda como una peculiaridad que en el canje de 2005 “se redujo el rol que el Fondo juega en la definición del esquema macroeconómico”.
En el documento “Reestructuraciones de deuda soberana: desarrollos recientes e implicancias para el marco legal y de política del FMI”, publicado el año pasado, el organismo reafirma su posición en favor de las reestructuraciones y plantea su preocupación por el efecto del caso argentino y los fondos buitre. El informe versa sobre los últimos casos de canje, como República Dominicana (2005), Belice (2007 y 2013), Ecuador (2009), Jamaica (2010 y 2013) y St. Kitts and Nevis (2012), además de la de Grecia, en febrero de 2012, por un total de 205 mil millones de euros. En un lugar central cita los dos canjes argentinos, en 2005 y 2010. Al comienzo, indica que “el litigio en contra de la Argentina podría tener amplias implicancias para futuras reestructuraciones de deuda pública”.
El informe aclara que “la aproximación del Fondo a los canjes de deuda se entiende mejor en el contexto del FMI en su rol de prestamista. En la mayoría de los programas de apoyo del Fondo, se combinan políticas de ajuste junto a nuevo financiamiento que cataliza el fondeo espontáneo del sector privado”. Según el FMI, su presencia en los canjes es central porque “los acreedores mirarán los juicios del Fondo para saber cuánta quita de deuda es necesaria para alcanzar la sustentabilidad. Estos juicios son formados en el contexto del diseño de un programa que haga viable la reestructuración”, léase, un programa de ajuste.
En relación con el litigio contra la Argentina, el Fondo sostiene que el daño sobre futuras reestructuraciones se produciría a través de dos canales. Por un lado, “si se permite a los holdouts interrumpir el flujo de pagos hacia los acreedores de la reestructuración, se incrementaría el desincentivo al canje”. Es lo que el Gobierno se encargó de descartar en los últimos días: se va a priorizar el pago a los que creyeron en el canje. Pero además, el organismo plantea que el hecho de que los holdouts cobren por fuera del canje, que es lo que pide de forma inmediata y en efectivo el juez neoyorquino Thomas Griesa, también hace que futuros acreedores estén menos inclinados a aceptar reestructuraciones.
Para evitar el fracaso de reestructuraciones de deuda con alta aceptación de acreedores, el Fondo propone desde hace unos años crear una serie de instituciones regulatorias, como un tribunal de deuda soberana, una corte internacional de reestructuraciones de deuda o un foro de deuda soberana. La presidenta, Cristina Fernández, por su parte, propuso varias veces la creación de una especie de ley de quiebras para el sector público. En un juego casi contradictorio, el reclamo del FMI y el del gobierno nacional, con objetivos finales diametralmente opuestos, coinciden en estas horas
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-248864-2014-06-18.html
