Uruguay: con fijación de precios máximos, el Gobierno busca regular el mercado inmobiliario
Uno de los logros más claros en política de vivienda del gobierno de José Mujica fue la ley de vivienda de interés social. Ese instrumento, elaborado por la exministra Graciela Muslera con los actores privados, permitió que se construyeran miles de nuevas casas y apartamentos en lugares poco atractivos para el negocio inmobiliario. De esa forma se generó oferta fuera de la zona costera, donde la clase media puede pagar –en teoría– su casa nueva. Pero el objetivo no se completó del todo, ya que la sostenida demanda de vivienda nueva y el aumento en el costo de la mano de obra llevó a que los precios se mantengan altos. Así, el gobierno veía cómo se construían nuevas viviendas, pero los empresarios no trasladaban los importantes descuentos impositivos al precio final. “Sentíamos que el esfuerzo no se trasladaba al precio de los que necesitan comprar”, dijo una fuente oficial a El Observador.
Fue por ello que tras una discusión interna, el gobierno definió ayer comenzar a tomar medidas concretas para bajar el precio de esas viviendas nuevas para la clase media. Lo hace con un decreto reglamentario de la ley, en el cual obliga a los empresarios a poner un tope de precio a una de cada cuatro viviendas habilitadas bajo el régimen de la ley. A partir de ahora, por lo tanto, la cuarta parte de las nuevas viviendas construidas bajo este régimen tendrán un precio máximo fijado por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Esos márgenes indican en la actualidad que las viviendas de un dormitorio pueden costar hasta US$ 82.300; las de dos US$ 109.200; y las de tres cuartos US$ 135.600.
El asunto fue informado ayer de tarde en el consejo de ministros por el titular de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame.
Actores privados habían transmitido su discrepancia con la idea de implementar esta medida, cuando el gobierno analizaba ponerla en marcha. Sin embargo tanto desde el Ministerio de Vivienda como del Ministerio de Economía y Finanzas se defendió la oportunidad de fijar tope al precio de algunas de esas nuevas viviendas.
Según datos de la ANV, hasta ayer se habían tramitado 9.621 proyectos para construir viviendas por parte de privados al amparo de la ley.
Operadores inmobiliarios estimaron hace dos años que el precio de las viviendas se reduciría hasta 20% en un plazo breve de tiempo (“dos o tres años” desde la puesta en marcha de la ley), pero por el contrario los precios siguen firmes.
Según informó días atrás a El País el subsecretario de Economía, Jorge Polgar, la diferencia de precios de viviendas nuevas entre Montevideo e interior (donde existen topes) es de 38%.
Para remediar en parte la dificultad de acceso a la vivienda por parte de familias de clase media, el gobierno puso en marcha el año pasado algunos instrumentos económicos, como ser préstamos hipotecarios y asistencia para cumplir con las cuotas.
