Argentina: entregan 643.000 hectáreas de tierras fiscales a pueblos originarios
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, firmó hoy el decreto que transfiere la propiedad de 643.000 hectáreas de los lotes fiscales 55 y 14, del departamento Rivadavia, a comunidades originarias y criollas, tras un reclamo que lleva 20 años.
«He tomado como desafío personal poner de pie al departamento Rivadavia», dijo el gobernador en el acto donde firmó el decreto 1498, que reconoce la propiedad de comunidades originarias y criollas sobre 643.000 hectáreas.
De ese total, 400.000 hectáreas serán destinadas en carácter de propiedad comunitaria a pueblos wichi, toba, tapiete, chulupí y chorote. Las restantes 243.000 pertenecerán en condominio a 463 familias criollas que habitan en ese lugar.
La ceremonia, a la que asistió también el vicegobernador Andrés Zottos, se realizó hoy en la sede gubernamental salteña, donde Urtubey destacó que ese decreto marca un punto de inflexión en la situación que históricamente vivió el Chaco salteño, en especial la localidad de Santa Victoria Este.
«Durante muchos años las diferencias marcaron la razón para no avanzar y dar una respuesta concreta a este reclamo», indicó, y explicó que esta postergación también se dio en materia de obras, por lo que destinó a Rivadavia una inversión cinco veces superior al del resto de los departamentos.
El mandatario salteño pidió a las comunidades originarias y criollas continuar trabajando con humildad en lo que implicará la distribución de estas tierras.
«Nosotros vamos a seguir colaborando. No es posible resolver este viejo e histórico diferendo desde la imposición de un Tribunal internacional, un gobierno nacional, provincial o municipal. Esto lo deben resolver los hermanos que están desde hace generaciones conviviendo en ese lugar», sostuvo el gobernador.
La ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino, explicó que la transferencia de tierras a las comunidades originarias se realiza en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 15 de la carta magna provincial, para resolver un conflicto de más de 20 años.
En este proceso trabajaron el Ministerio de Derechos Humanos, la Secretaría General de la Gobernación, Unidad Ejecutora Provincial, Asociana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundapaz y las organizaciones Lhaka Honhat y Familias Criollas.
