La revolución educacional que Chile necesita – Por Mariano Rosenzvaig

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Nuestro país se encuentra en el inicio de un nuevo ciclo político, cuyo principal desafío es construir una sociedad más cercana a las demandas y expectativas de la mayoría de los chilenos. Los cuestionamientos ciudadanos a los pilares del modelo de desarrollo han pasado ahora a formar parte de la agenda de cambio del gobierno. La estructura tributaria, el sistema de salud y la previsión social, entre otros, son objetos de un análisis profundo con miras a dar respuesta a las urgentes necesidades de reforma.

En ningún otro ámbito es esto más claro como en el de la educación. Las demandas levantadas por el movimiento estudiantil están ahora en el centro del debate de la opinión pública, y el país sin duda espera del gobierno de Michelle Bachelet una reforma educacional profunda, que cambie no sólo la apariencia externa de nuestro sistema educacional sino también sus bases fundacionales. Detrás de estas demandas, está sin duda la aspiración de construir un sistema educacional que permita efectivamente una sociedad más equitativa, más justa, más parecida a la que las mayorías de los chilenos desea.

En este contexto, como Revolución Democrática nos asiste la convicción de que el país requiere una transformación profunda, más que meros ajustes o perfeccionamientos técnicos, o las ya conocidas “reformas en la medida de lo posible”. Haciendo honor a nuestro nombre, y a los principios que inspiraron nuestra fundación, apostamos como movimiento a una verdadera “revolución educacional”, enfrentando como país el desafío de replantearnos el sentido y los fines del sistema educativo que queremos construir. Esto implica en primer lugar abandonar la matriz de mercado de nuestro sistema, y reemplazarlo por uno basado en el pilar de la educación pública, que interprete y dé garantías a todos los chilenos. Actualmente, bajo el rótulo de “libertad de enseñanza”, lo que tenemos en verdad es un sistema del tipo “sálvese quien pueda”, que permite el lucro en desmedro de los derechos sociales, y que segrega y discrimina abiertamente por capacidad económica, creencias o forma de vida de los padres.

Para esto es necesario que se defina claramente cuál es el objetivo de esta reforma, y cuál es el resultado que se espera luego de este proceso. Para esto, en 2013, elaboramos como Revolución Democrática un documento con 10 principios y 60 medidas para llevar a cabo esta transformación, aportando a la reflexión que el país necesita. Ahora, ad portas del ingreso de proyectos que modificarán elementos basales de nuestro sistema, queremos poner el acento en seis ejes claves que deben ser abordados, y que por cierto, son solo el primer ciclo de revoluciones que nuestro sistema requiere:

1. Eliminación del lucro en todo el sistema educativo. La educación debe ser antes que todo un bien público que el Estado garantiza como derecho a sus ciudadanos. Este principio no es compatible con una educación privatizada, guiada por la ganancia económica de distintos grupos o personas, que privilegiarán inevitablemente el beneficio individual y utilitario por sobre el derecho a una educación de calidad de todos los chilenos. No creemos en la educación como un bien de consumo o mercancía, sino como un derecho social que debe ser respetado siempre, independiente de las condiciones geográficas, socioeconómicas o culturales.

2. Formación y desarrollo docente: no hay sistema educativo exitoso que no descanse de manera primordial en la calidad profesional y en las condiciones laborales de sus docentes. Para esto, es necesario que cualquier esfuerzo reformista esté centrado en el desarrollo de capacidades para un mejor trabajo docente, en las aulas y en los equipos directivos. Esto implica dejar de mirar hacia el lado, y trabajar directamente con las universidades que están formando a las futuras generaciones de docentes, y redefinir el Centro de Perfeccionamiento del MINEDUC hacia una agencia dinámica y que logre dar apoyo específico y significativo a los docentes en ejercicio.
A su vez, y quizás lo más relevante, se debe reconocer y resignificar el valor de ser docente, y el lugar que estos profesionales ocupan en nuestra sociedad, como transmisores de la cultura, garantes de la calidad educativa y protectores de la infancia. Para esto se requiere que el sistema educativo y la política pública confíen -de una vez por todas – en la capacidad de sus profesores. Articular una carrera docente con foco en el desarrollo más que en las sanciones, e involucrar en mayor medida al profesorado en las discusiones respecto de los rumbos de nuestro sistema educativo, constituyen los pisos mínimos para plantearnos el desafío de cambiar nuestra sociedad a través de la educación.

3. Ampliación y profundización del concepto de calidad educacional: Nuestro actual sistema educacional se ha “simcificado”, es decir, sólo considera relevantes los logros cognitivos en ciertas asignaturas o sectores de aprendizaje. No cabe duda de que estos logros son importantes, pero no pueden ser el único objetivo de un proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa con la formación ciudadana, la educación artística, el deporte, o la formación valórica, por citar sólo algunos ejemplos?
Entendemos educación de calidad como aquella que conduce al desarrollo integral de los y las estudiantes, lo que por cierto trasciende con creces aquellas competencias que pueden medirse a través de los instrumentos estandarizados como el SIMCE o la PSU. Además de avanzar en una nueva definición de calidad (que integre la dimensión social, emocional y cognitiva del aprendizaje), proponemos un conjunto de medidas clave que ayuden a asegurarla en todos los niveles educacionales.

Para esto es necesario reformar el sistema de aseguramiento de la calidad, y también resulta imperativo reordenar todo el conjunto de sanciones e incentivos asociados a los resultados de los estudiantes, para poner el foco de la evaluación en el apoyo al trabajo docente, más que sólo en herramientas de mercado, como la clasificación y ordenamiento de las escuelas. Proponemos en cambio una concepción de calidad de la educación que considere logros mucho más amplios a partir de una concepción integral del estudiante.

Es por esto que nos oponemos al actual sistema de medición, ya que su utilización no está en función de favorecer los aprendizajes de los estudiantes, sino que es utilizado como mecanismo para fomentar la competencia entre los colegios (rankings). Aplaudimos el anuncio de revisar el calendario de evaluaciones SIMCE (17 por año a estas alturas), ojalá partiendo este año por eliminar las pruebas de 2do básico, y posteriormente redefinir por completo los objetivos, aplicación y usos del SIMCE como mecanismo de evaluación y de asignación de incentivos o consecuencias.

4. Financiamiento de la educación: Ya nadie discute que el sistema de financiamiento de nuestra educación escolar y superior es profundamente injusto e insuficiente. Chile es el país OCDE que más recarga a las familias en el apoyo económico al proceso educativo. El sistema de financiamiento debe estar al servicio de una educación de calidad para todos, por lo que es indispensable buscar modelos alternativos, dejando atrás la lógica del voucher como alternativa, y promoviendo estructuras de financiamiento que entreguen seguridad para la inversión y para hacer apuestas que permitan mirar el largo plazo, y no sólo enfrentar las contingencias del corto plazo, como en el modelo actual. Por estas razones hemos propuesto un conjunto de medidas concretas, como la eliminación del copago, el fin de la selección arbitraria, y la construcción de un sistema de establecimientos públicos con estándares de calidad garantizados por el estado.

5. Administración del sistema: uno de los mayores fracasos en la historia de nuestras políticas públicas en educación ha sido el traspaso de las escuelas desde el Estado a las municipalidades, sin una preparación técnica previa ni los recursos necesarios para poder proveer una educación de calidad independiente de la comuna o de las condiciones geográficas específicas. Dentro de este marco, necesitamos modificar y fortalecer el sistema de administración y gestión de nuestras escuelas y liceos públicos, y eso pasa por reorganizar y potenciar las organizaciones educativas intermedias que los sustentan, sean éstas dependientes del Estado central o de un Servicio Nacional de Educación descentralizado especialmente creado. Hoy vemos que la educación pública se muere en muchas zonas del país, asediada y acosada por una competencia desigual (en términos de condiciones de funcionamiento y de financiamiento) y cobra mayor urgencia la necesidad de revertir este proceso a través de un nuevo trato a las escuelas públicas, para evitar convertirnos en el único país del mundo sin educación pública (la de verdad, no la particular financiada por el Estado).
Estas medidas son el piso para poder cumplir las grandes expectativas sociales de cambiar no sólo la cara a nuestro sistema, también sus objetivos y sus definiciones de base. Creemos que ha llegado el momento de trabajar por esta revolución, y de una vez por todas, dejar atrás un modelo educativo neoliberal, creado ilegítimamente a espaldas de la ciudadanía, y pensado para mantener la segregación y desencuentro de nuestra sociedad. La discusión es tanto técnica como netamente política (en el mejor sentido del término) y por eso reafirmamos nuestro compromiso con los otros actores políticos y sociales, así como directamente con la ciudadanía, de seguir trabajando por la revolución de un sistema educacional para construir un Chile más justo, más integrado y más equitativo, donde la colaboración, la solidaridad y la confianza sean valores a seguir.

http://www.elmostrador.cl/2014/20/05/la-revolucion-educacional-que-chile-necesita/