Perú avanza en ajuste de su legislación tras fallo de La Haya

El Gobierno de Michelle Bachelet sigue con atención la adecuación de la legislación peruana tras el fallo de La Haya, puesto que en Perú se ha implementado hasta tres modificaciones a leyes relacionadas con el tránsito marítimo y aéreo, tras lo acordado con Chile en la reunión del 2+2 de febrero pasado.

El canciller chileno Heraldo Muñoz ha tenido la mirada puesta en nuestro país. En el Ministerio de Relaciones Exteriores han seguido con atención el proceso de adaptación de la legislación interna peruana a lo dictaminado por La Haya en su fallo de febrero pasado.

“Cada país asume el compromiso de efectuar la identificación de su normativa interna que pudiere ser inconsistente con el fallo teniendo en cuenta lo antes expresado, y procederá a adecuar dicha normativa de conformidad con dicho fallo”, plantea aquella parte del texto.

La primera modificación, es el cambio al decreto de Control y Vigilancia de Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, que entre otras materias, crea el Sistema de Tráfico y Monitoreo del Tráfico Acuático. Los cambios tienen injerencia en la persecución de naves –sobre todo extranjeras–, aplicación de señales de sonido y visuales y la eventual implementación de acciones intimidatorias a alguna embarcación que infrinja los límites.

Otra reforma es la Resolución Directoral 0073-2014 sobre el Sistema de Seguimiento, Control e Información de Tráfico Marítimo, que derogó una norma similar vigente desde 1994, y que apunta a actualizar las normas relativas a las operaciones de búsqueda y salvamento de naves.

El tercer cambio se dio en el Decreto Supremo 002-2014-MTC y que pone al día el reglamento de Aeronáutica Civil, en especial los artículos 18 y 42 de la ley del mismo nombre, que, principalmente, versan sobre el libre tránsito aéreo y las potenciales sanciones a quienes no lo respeten.

Estas medidas son interpretadas en la Cancillería chilena como una “flexibilización de Perú ante el ingreso o salida de alguna nave desde su dominio”, ya que, por ejemplo, antes se sancionaba el ingreso sin aviso a su zona marítima, algo que se terminaría con estas modificaciones.

Con todo, en la Cancillería chilena, si bien se reciben positivamente estas adecuaciones, igual se plantea una dosis de escepticismo, ya que se esperan cambios mayores.

Chile espera, por ejemplo, que en Lima se derogue la Ley de Líneas de Base de Dominio Marítimo, promulgada en noviembre de 2005 y que fijó la demarcación sur en el denominado punto 266 y que, de hecho, en parte dio pie para la presentación peruana en La Haya.

Como el propio tribunal internacional, en su fallo del 27 de febrero, le dio la razón a Chile respecto del punto de partida del límite –paralelo desde el Hito 1 y no la proyección desde el Punto de la Concordia–, y eso ya fue ratificado por ambos países en el trabajo de nuevas coordenadas de fines de marzo, en Santiago se da casi como una realidad el fin de la mencionada norma limeña.

Ese optimismo no es tal, en todo caso, respecto de posibles cambios a la Constitución peruana. No obstante, el gobierno chileno está atento al eventual envío de un proyecto de ley especial sobre “libertad de comunicación marítima” y que, según La Segunda, sería presentado en el Parlamento peruano en los próximos días.

Este avance, como las tres modificaciones legales y administrativas concretadas por Perú, reconocen en la Cancillería chilena, permiten mirar con más optimismo la pronta realización de la segunda reunión del 2+2, que está suspendida desde fines de marzo, precisamente porque no se habían conocido acciones reales desde Perú de avanzar en la implementación del fallo.

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