Puerto Rico: Gobernador recibe 34 propuestas para atender la situación económica
El gobernador Alejandro García Padilla tiene desde este domingo en sus manos un informe con 34 propuestas elaboradas por un organismo multisectorial creado pocas semanas después de la degradación del crédito del Gobierno, y ahora se apresta a evaluar si serán incluidas en el plan de recuperación económica que presentará al País durante su mensaje de estado a finales de mes.
El documento presentado al primer ejecutivo en La Fortaleza recoge las recomendaciones de la Mesa de Acción para la Competitividad y el Crecimiento de Puerto Rico para atender específicamente los problemas de baja participación laboral, fuga de talento joven, el envejecimiento poblacional y la economía subterránea.
Al detallar el contenido del documento junto a otros miembros del grupo especial de trabajo, la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, copresidenta del organismo, aseguró que las 34 recomendaciones son viables, aunque reconoció que algunas requieren legislación -incluso del gobierno federal- por lo que no todas podrán ejecutarse de inmediato.
“Las acciones según planteadas por el informe son viables, algunas requieren un desarrollo en su implementación y otras consideraciones que, por el tiempo (cinco semanas de trabajo), no fue posible tomar en consideración todas las ramificaciones y todos los elementos que hay que incorporar para su implementación, pero entendemos que, del análisis y la discusión, todas son propuestas viables”, indicó Vila durante una conferencia de prensa en la Mansión Ejecutiva.
De las recomendaciones, 12 requieren algún tipo de acción de la Legislatura, y 15 se pueden implementar sin intervención legislativa. Sobre las siete restantes, aún no se ha determinado si conllevarían legislación, y eso dependería de la manera en que se estructure la propuesta.
Uno de los puntos contenidos en el informe -y el único que precisa acción del Congreso- propone reclamar al gobierno federal la exención de las leyes de cabotaje, solicitar un estudio del Congreso sobre los efectos económicos de que se aplique en la Isla la cláusula de comercio interestatal, y que se ausculte la posibilidad de que el País pueda suscribir acuerdos comerciales con otros países o suscribir tratados internacionales.
“Ahora el gobernador tendrá un proceso de evaluación para determinar cuáles serán aquellas que estará tomando acción sobre las mismas de inmediato. Pero (a base de) la respuesta inicial que nos dio en la conversación que tuvimos, está en la mejor disposición de, en lo que sea posible, llevar a acción las medidas que le estamos presentando”, enfatizó.
Algunas de las ideas esbozadas por la mesa de trabajo han sido discutidas públicamente hace meses, como la adopción de una política económica que se enfoque en la producción local, el desarrollo de empresas nativas, sobre todo de pequeños y medianos negocios, la reducción de las importaciones, y el impulso a la agricultura para fortalecer la seguridad alimentaria.
También se discutió fomentar el empresarismo desde las escuelas, promover el uso de fuentes alternas de energía y promover las industrias creativas y de innovación.
Sin embargo, hay otras propuestas que han recibido menor exposición como la imposición de requisitos más estrictos y ciertos límites a las megatiendas y las compañías multinacionales de ventas al detal. A modo de ejemplo, el grupo liderado también por el empresario Carlos López Lay, sugirió exigirles a estas empresas un por ciento de reinversión de sus ganancias en la Isla, contratar empleados a tiempo completo y con beneficios, invertir en contratistas locales y redefinir los subsidios, exenciones y otros beneficios que reciben esos negocios.
El informe también propone requerirles a los estudiantes recién graduados de la Universidad de Puerto Rico que retribuyan la “inversión que la sociedad hace en sus estudios mediante dos años de servicio en Puerto Rico”. Asimismo, se recomienda crear un programa de becas para estudios graduados que tenga como requisito regresar a trabajar a la Isla de dos a cuatro años, al igual que promover el arte callejero como actividad económica.
Además, se realizarían esfuerzos para integrar a la población de mayor edad a la fuerza laboral mediante trabajo voluntario, como mentores en el servicio público y en empresas privadas o cooperativas.
Parte del análisis que efectuará el gobernador se centrará en el elemento de costo-efectividad de las propuestas para decidir si existe algún impedimento de índole fiscal o económica en su ejecución, precisó, por su parte, Jorge Colberg, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, y quien igualmente representó el Gobierno en el grupo de trabajo.
El desarrollo de las propuestas contó con la participación directa de ciudadanos a través del portal mesadeaccion.pr.gov, mediante el cual se registraron 485 usuarios, y se recibieron 375 propuestas, de las cuales 156 guardaban relación directa con los cuatro temas principales de discusión.
Vila resaltó que la iniciativa demuestra los esfuerzos de esta administración por implantar modelos de gobernanza democrática, y anticipó que la labor de la mesa de acción no culminará con la presentación del informe.
“Debido a la complejidad de los asuntos y del tiempo de cinco semanas que tuvimos para evaluarlas, otras propuestas han quedado pendientes de una ponderación más profunda, por lo que recomendamos como grupo la continuación de esta iniciativa”, subrayó Vila.
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