Marchan por la libertad de campesinos en huelga de hambre
Un millar de personas solicitan libertad de los huelguistas
Acaba de llegar al Hospital Militar la marcha por la libertad de los huelguistas de Curuguaty convocada por los religiosos. Alrededor de mil personas marcharon por el microcentro, desde la Catedral de Asunción.
Hace 53 días que Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Néstor Castro, Adalberto Castro y Arnaldo Quintana declararon la huelga de hambre por la liberación de los presos de Curuguaty y la recuperación de las tierras de Marina Cue por parte del Estado paraguayo. El Poder Judicial no se ha pronunciado en este tiempo con relación al pedido de esta gente, aunque mañana, en Salto del Guairá, el tribunal de ese distrito deberá definir si les da la prisión domiciliaria a los huelguistas como la solicitara la defensa.
En la Catedral, los religiosos comenzaron con una oración invocando a los huelguistas y pidiendo justicia para esta gente que ingresara a un calvario desde la masacre de Curuguaty ocurrida el 15 de junio de 2013.
El pai Oliva (Franciso de Paula), jesuita, fue uno de los celebrantes del encuentro, junto con relogiosos de la orden franciscana.
Acaba de tomar el micrófono Elida Benítez, madre de Néstor Castro y Adalberto Castro, dos de los huelguistas, implorando justicia para sus hijos. Esta señora cuenta con un hijo fallecido –con evidencias de ejecución- durante la masacre: Adolfo Castro.
La marcha coreaba durante su recorrido por la calle Palma “Libertad a los presos por luchar” y “Marina Cue, pueblo mba’e”.
De la Catedral, por Palma, llegaron al Hospital Militar, General Díaz entre Hernandarias y Don Bosco.
Unas velas encendidas y el rostro ya afligido de los huelguistas en las fotos a la entrada misma del Hospital militiar recibieron a los “peregrinantes”.
Esta semana se ha desatado una serie de medidas en relación con la huelga: desde la prisión domiciliaria solicitada por la defensa, el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que este organismo recomiende a la Corte paraguaya la suspensión del juicio oral prevista para el 26 de junio hasta tanto se resuelva el litigio de tierras entre Campos Morombi y el Estado Paraguayo. También cartas de obispos, juristas internacionales y organizaciones sociales del país y de afuera.
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Dramática situación de los huelguistas de Curuguaty
Ya no pueden por sí solos. Parecen desvanecerse a cada rato. Los militares los tienen que sostener o levantar cada vez que necesitan ir al baño o acomodarse en la cama. Toda la esperanza de sus familiares y la gente solidaria con ellos está puesta en la audiencia de este miércoles, en Salto del Guaira.
Llevan 53 días de huelga de hambre. Ya han consumido todas sus reservas de grasa. Están en ese tiempo en que ingresan en un desatino intermitente. Los más afectados ya no pueden fijar la mirada. Sin ayuda, ya sus fuerzas no dan para moverse. Han perdido hasta 15 kilos, nos cuenta la doctora Cintia Jara. Ese es el estado de los huelguistas cuando mañana, a la mañana, en Salto del Guairá, debe definir el tribunal si les concede la prisión domiciliaria solicitada por la defensa. La situación de los presos de Curuguaty sorprende acá y afuera. “Cómo es posibletamaña injusticia”, soltaba a cada rato la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, en un intento de contener las lágrimas de Elida Benítez, la madre de Néstor Castro. La madre que perdió en la masacre del 15 de junio de 2012 a su hijo Adolfo, con signos evidentes de ejecución. La madre de Adalberto, también en huelga de hambre, que durante la masacre fuera abandonado por las fuerzas policiales en los sojales, dándose por muerto de tantos golpes en el cuerpo y en la cabeza. La madre de Néstor, que durante el desalojo quedó con la mandíbula destartalada. Y que durante la prisión se alimentaba con sondas y líquidos.
Marcha de las antorchas
Esta tarde, a partir de las 18.00, desde la Catedral de Asunción, una marcha de antorchas intentará alimentar la esperanza de esta gente y sus familiares. Y a la medianoche, un ómnibus llevará la delegación de garantes (unas 20 personas) y prensa a la audiencia de Salto del Guairá.
Los huelguistas de hambre son Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Néstor Castro, Adalberto Castro y Arnaldo Quintana.
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Presos levantarán huelga de hambre si reciben arresto domiciliario
Cinco campesinos acusado en torno a la matanza en 2012 ponrán fin a una huelga de hambre que hoy cumple 54 días si un juez le concede arresto domiciliario en una audiencia prevista para mañana.
En la sesión en el tribunal de la localidad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, la defensa pedirá su traslado a sus domicilios porque su vida está en riesgo y porque ya cumplen más de un año y nueve meses de prisión preventiva, explicó a EFE el abogado Vicente Morales.
Además, destacará que otros seis campesinos también acusados de delitos vinculados con la matanza ya cumplen arresto domiciliario, sin que haya habido problemas.
Si el juez accede a la petición en la audiencia, a la que no asistirán los cinco campesinos, estos serían trasladados del hospital militar donde están recluidos a un hospital civil para reponerse y posteriormente irían a sus domicilios en el departamento de Canindeyú, dijo Morales.
«Han dicho que levantarían la huelga si se les concede el arresto domiciliario», informó.
En ese caso, un grupo de personas firmaría como garante de la fianza, aunque no tendría que desembolsar su valor a menos que los campesinos rompieran las condiciones impuestas por el juez.
Avanza País, un partido de izquierda, informó hoy que la diputada Rocío Casco sería una de las fiadoras.
Los labriegos iniciaron su huelga de hambre para exigir su puesta en libertad y que se determine la titularidad de las tierras en el conflicto que llevó a la matanza, que dejó 17 muertos y que causó la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.
Los campesinos se encuentran en un hospital militar, a donde fueron trasladados el pasado fin de semana desde el penal asunceno de Tacumbú debido a su delicada situación de salud.
El Ministerio de Justicia informó hoy que «cualquier persona que acredite vínculo familiar, profesional legal o médico» podrá visitarlos en el hospital, y que un familiar pasará la noche con ellos en cada habitación.
Los labriegos están acusados de tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, junto con los otros seis labriegos que están en arresto domiciliario.
Esas personas son los únicas imputadas por la Fiscalía de Paraguay por delitos vinculados con la muerte de once de sus compañeros y familiares y seis policías durante el desalojo de una protesta en una zona rural de la ciudad de Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción.
La defensa ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el argumento de que el proceso contra los labriegos «está plagado de irregularidades».
La defensa alega, entre otras cosas, que durante la investigación desaparecieron pruebas como casquillos de balas de armas automáticas, que demostraban, en su opinión, que los disparos contra la Policía no procedieron de las escopetas de los labriegos.
La petición a la CIDH está respaldada por entidades internacionales como la organización no gubernamental Oxfam, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que encabeza el exjuez español, el Instituto de Estudios Políticos para América latina y África (IEPALA) y la Cátedra Unesco de Sostenibilidad y Derechos Humanos de la Universidad Politécnica de Cataluña.
La defensa pidió a la CIDH la suspensión del juicio, convocado para el 26 de junio, hasta que se determine la titularidad de las tierras en disputa.
Morales indicó que no se les puede acusar de invadir un inmueble ajeno si no está claro a quién pertenece.
Los terrenos de Marina Cué, la estancia de Curuguaty donde ocurrió la matanza, son disputados por el Estado y la empresa Campos Morombí desde hace casi una década.
La firma pertenece a la familia del fallecido Blas Riquelme, quien fue un importante funcionario del Partido Colorado, la formación del actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
Los campesinos invadieron las tierras para forzar su vuelta al Estado y que formaran parte de la reforma agraria.
Una semana después de la masacre, ocurrida en junio de 2012, el Parlamento paraguayo destituyó a Lugo, tras un controvertido juicio político y nombró como presidente a Federico Franco, del Partido Liberal, hasta ese momento aliado de Gobierno
