Puerto Rico: culminan vistas públicas en la Cámara de Representantes por proyecto sobre la posesión de marihuana
El fiscal general del Departamento de Justicia, José Capó, así como el administrador interino de la Administración de Servicio de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), José Flores García, condicionaron este miércoles su apoyo al Proyecto del Senado 517 para enmendar la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, sobre las disposiciones en torno a la posesión de marihuana.
En la penúltima vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes para discutir esa medida, Capó explicó que el Departamento de Justicia en términos generales favorece el proyecto, por entender que no configura una descriminalización de la posesión de la marihuana, sino que busca disminuir las sanciones actuales para los que posean dicha sustancia controlada en cantidades mínimas.
Sin embargo, Capó destacó que en la medida existe un «desfase» entre la intención manifestada en la exposición de motivos y el texto de las enmiendas contenidas en el cuerpo del proyecto, ya que por un lado plantea la «descriminalización», pero por otro, habla sobre sanciones civiles, lo que sigue siendo una violación a la ley en el aspecto civil.
Para evitar ese lenguaje híbrido, Capó recomendó que el proyecto de ley se mantenga en el plano penal y se constituya como un delito menos grave la posesión de 14 gramos o menos de marihuana, acarreando la multa propuesta de $100 para la primera ofensa y con aumentos en cuantía de la multa para las siguientes, sin ser una opción la reclusión.
Capó también señaló que dicho delito no formaría parte del récord penal de la persona, a menos que haya incurrido en el mismo delito en más de tres ocasiones.
El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Luis Vega Ramos, mientras, utilizó el término «descarcelización» para explicarle al fiscal general del Departamento de Justicia, así como al resto de los deponentes, a lo que aspira el proyecto de ley.
Otra recomendación de ajustes en esa medida, expuesta también por parte del Departamento de Justicia, es que se añada un artículo que ordene a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) que diseñe el mecanismo para recopilar la información de las multas de los ofensores.
El Departamento de Justicia, en tanto, se opuso a que esta medida sea aplicable a personas que posean marihuana en una escuela, instalación recreativa o en sus alrededores.
«Entendemos que bajo ninguna circunstancia debe ser apropiado la posesión de sustancias controladas en lugares tan públicos y sensibles para nuestros niños y la sociedad en general, por lo que para mantener un efecto más disuasivo recomendamos que se mantenga como delito grave cualquier tipo de posesión en estos lugares», leyó Capó de la ponencia de 19 páginas suscrita por el Departamento de Justicia.
El director interino de Assmca, por su parte, se expresó satisfecho con las disposiciones del proyecto, pero recomendó que cambie la clasificación de la marihuana, de una referencia como una de las más nociva y con mayores restricciones, a una medicinal y de menor dependencia.
«No existe evidencia alguna que la marihuana cause dependencia física», indicó Flores García, quien también planteó sus reservas con la enmienda que penaliza a una persona que tenga más de siete gramos de marihuana cerca de una escuela o una instalación recreativa.
El funcionario, por otro lado, respaldó «ciento por ciento» la creación de un fondo especial que iría a Assmca por concepto de las multas por infracción a dicha disposición.
La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) también respaldó la medida, aunque especificó que su alcance es «limitado y conservador».
Este viernes es el último día de vistas públicas para discutir las enmiendas al proyecto.
