Los caminos para excluir la hoja de coca de la lista de la ONU de sustancias más dañinas: ¿tiene chance Colombia?
Por Sara Valentina Quevedo Delgado
Nuevamente el Gobierno baraja entre sus posibilidades los caminos legales para el uso de la hoja de coca como alternativa en la lucha contra las drogas. Durante el 68º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, en Viena, las ministras de Exterior y Justicia, Laura Sarabia y Ángela María Buitrago, pidieron excluir esta mata de la lista de sustancias más dañinas.
Entre los argumentos que expuso el país para respaldar la solicitud están los nulos resultados de la billonaria inversión y las políticas públicas aplicadas hasta la fecha.
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“La estrategia actual respecto a las drogas no ha logrado frenar el consumo, la producción y el tráfico”, aseguró la Canciller.
De hecho, la producción de cocaína se ha disparado alcanzando las 2.664 toneladas de clorhidrato durante 2023, el último año del que se tiene registro. Según Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entidad que hace la medición anual de los narcocultivos, esta cifra fue 53 % mayor que la reportada en 2022, una clara muestra del fracaso del Gobierno para frenar la expansión de este mercado criminal.
“No es un debate nuevo y lo que se busca es dejar de perseguir los cultivos de hoja de coca. Esta mata y su uso hacen parte de la cultura y tradiciones de varios pueblos indígenas a diferencia de la pasta base o el clorhidrato de cocaína, que son el resultado del procesamiento químico de la hoja. En este sentido, el peso de la política antidrogas debe recaer sobre quienes procesan la hoja y comercializan la cocaína y no sobre los campesinos que la siembran”, aseguró Luis Fernando Trejos, director del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte.
Buscar una apertura a los caminos lícitos de la hoja de coca ha sido una constante en el discurso del presidente Gustavo Petro. A finales de 2024, el Ministerio de Justicia publicó para comentarios un borrador de decreto en el que se reglamentaba la compra estatal de la planta para fines agroindustriales, un viraje en la política que, según analistas, es necesario.
“El Estado tiene que entrar a regular y marcar los valores del mercado de la coca si quiere acabarla. Si el país sigue en la postura negacionista está cediendo este manejo a los criminales. El momento crítico se colmó hace muchos años”, aseguró el experto en seguridad Jairo Libreros.
Sin embargo, actualmente no hay un marco regulatorio que permita el procesamiento de la hoja de coca fuera de los resguardos indígenas, ni tampoco un fuerte mercado alterno al narcotráfico, como sí sucede en Bolivia y Perú, en donde los usos de la planta están diversificados.
Además, Colombia está acogida al régimen de prohibición de las drogas de Naciones Unidas, que en 1961 clasificó la planta como un estupefaciente. Por este tratado, el país tiene el compromiso de penalizar la fabricación, el cultivo y la producción de coca para usos diferentes al medicinal o científico, excepción que se hizo en salvedad de los derechos de las comunidades étnicas con arraigo cultural. Esta fiscalización es la que el Gobierno busca levantar con la propuesta ante la ONU.
Su viabilidad aún está en duda. Para el internacionalista Manuel Alejandro Rayran el reto está en lograr convencer a la gran mayoría de países, especialmente Estados Unidos, una de las potencias, así como Rusia e Irán. No obstante, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien ha endurecido su postura frente a los grupos terroristas y el tráfico de drogas, lo ve poco probable.
“El año pasado en Viena hubo un cambio importante y Estados Unidos abordó la lucha contra las drogas desde un enfoque de salud pública. Durante esa sesión, la embajadora en Austria, Laura Gil, también puso sobre la mesa el tratamiento del tema desde la perspectiva de los derechos humanos. Pero con la administración Trump es poco probable que eso avance”, aseguró el experto.
Para Daniel Mejía, experto en seguridad y cultivos ilícitos, el panorama también es poco probable. «Bolivia ya lo ha intentado en el pasado y no lo ha logrado. No creo que Colombia lo consiga, y además tiene un efecto problemático: ante un Gobierno republicano en Estados Unidos, que ya ve con recelo la política de drogas en Colombia, esto podría enviar una señal equivocada y repercutir en una posible descertificación».
Aún si se logra el consenso y se ajustan las ambigüedades normativas, a nivel doméstico, propuestas como la compra estatal de la hoja de coca siguen en el aire debido a sus implicaciones logísticas y técnicas. Uno de los principales obstáculos es que la hoja cultivada en Colombia, destinada a la producción de cocaína, está cargada de agroquímicos, lo que impide su aprovechamiento para otros fines. Según los expertos, el trecho es largo y aún quedan muchas piedras por remover antes de lograr usos lícitos de la planta.
«De las 253.000 hectáreas menos del 1 % dan para suplir los mercados legales de la coca. Toda la producción está volcada al mercado criminal. Intentar salirse por la vía de los usos alternativos para enfrentar el crecimiento de los cultivos es equivocado», agregó Mejía.
