Pedro Castillo en huelga de hambre: Expresidente anuncia medida de protesta desde el penal de Barbadillo
A través de una carta difundida en su cuenta de X (Twitter), el expresidente Pedro Castillo comunicó que desde hoy entrará en huelga de hambre en el penal de Barbadillo. El exmandatario volvió a ratificar en que no cometió delito alguno el pasado 07 de diciembre de 2022.
Contra el politizado juicio oral y su anunciada condena en mi contra por delitos de rebelión y otros que no he cometido, me declaro en HUELGA DE HAMBRE. pic.twitter.com/ZOLfu53wde
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) March 10, 2025
En la misiva firmada por el excandidato presidencial por Perú Libre en 2021, también se refiere a la jueza de la sala que está evaluando el pedido de la Fiscalía por el caso golpe de Estado, a quien le atribuye que «ha adelantado opinión» en su contra.
Posteriormente, informó su postura, porque según su parecer, se están cometiendo injusticias en su contra.
Medida extrema a horas de su tercera audiencia por el golpe de Estado
El expresidente toma esta medida extrema a horas de llevarse a cabo la tercera audiencia por el caso golpe de Estado.
Como se recuerda, el Poder Judicial programó para mañana, martes 11 de marzo, una nueva diligencia del juicio oral por el delito de rebelión que se le acusa, así como, a los extitulares del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros investigados.
La sala presidida por el juez José Neyra Flores analiza el pedido del Ministerio Público, el cual requiere 34 años de cárcel contra el exjefe de Estado por su presunto intento de querer quebrar el orden constitucional del Perú a poco más de un año de haber asumido la presidencia de la República.
Pedro Castillo amenazó con abandonar la sala en pleno juicio oral
En el marco de la segunda audiencia del juicio oral que viene afrontando, el expresidente amenazó con retirarse del proceso, al considerar que el único delito que cometió fue «defender a este pueblo».
«Yo sin ser abogado, en todo este proceso me he dado cuenta que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para tenerme privado de mi libertad», acusó el exmandatario.
Inmediatamente, la Dra. Norma Carbajal Chávez replicó lo dicho por Castillo Terrones, comunicándole que oportunamente la sala le cederá la palabra «para dar cuenta de lo que crea conveniente». «En este estadío estamos en alegatos y esos son de orden técnico y su abogado deberá hacer uso de la palabra», sostuvo la magistrada.
No obstante, el acusado por el delito de rebelión no se quedó callado, diciendo que no deseaba ser más parte del juicio, solicitando su retiro de la sala, pedido que obviamente fue negado como tal.
El exmandatario decide entrar en huelga de hambre horas de llevarse a cabo la tercera audiencia por el caso golpe de Estado, aduciendo que se están cometiendo «injusticias» en su contra.
Pedro Castillo se enfrenta a una pantomima de juicio
Por Eugenio R. Zaffaroni y Guido L. Croxatto
Se ha iniciado en Perú una pantomima de juicio contra el presidente constitucional Pedro Castillo. La legalidad peruana se rompió cuando Castillo fue preso (sin retiro de inmunidad, sin vacancia legal, sin proceso, sin moción, sin votos) y usurpó su función su vicepresidenta, traicionando el mandato popular y ordenando una represión indiscriminada que costó la vida a decenas de personas, entre ellas mujeres y niños. La represión no fue contra cualquiera: fue contra quienes habían votado a Castillo.
Castillo se presenta ante este escenario sin abogados, es decir, que eligió correctamente el camino de no prestarse a la pantomima. Asume lo que se llama un proceso de ruptura, cuando no vale la pena defenderse ante supuestos jueces que ya tienen decidida la condena. Nada mínimamente jurídico cabe esperar de personajes que no se inmutaron frente al indulto para un criminal de lesa humanidad, entre otras cosas responsable de la esterilización forzosa de cientos de miles de mujeres. Se les nota demasiado que ocultan bajo la toga el hacha del verdugo.
Castillo es el presidente constitucional del Perú, aunque esté preso. Lo es porque fue destituido por la fuerza y no por el derecho. El Congreso no tenía los votos para destituirlo constitucionalmente, y por eso fue vacado –como dicen en Perú- sin los votos necesarios. Esto lo dicen los constitucionalistas de la Pontificia Universidad Católica –que nunca parecieron ser partidarios del presidente- y también la Defensoría, además de probarlo la matemática.
Se inventaron hechos de corrupción contra Castillo, como contra Correa, Lula, Evo, Cristina, etc., pero con la particularidad en este caso de que la fiscal que comenzó a inventarlos fue más tarde destituida por liderar una organización criminal.
El presidente Castillo llega ante sus condenadores siendo presidente según la Constitución y acusado de una tentativa de rebelión, delito que el código penal define como alzarse en armas. Su rebelión consistió en pronunciar un discurso, cuando se sabía que nadie habría de levantar un arma y, por cierto, la única arma que se levantó fue la de su propia custodia para detenerlo, incluso ante los ojos de su hija, una niña. Nunca le retiraron la inmunidad.
Todos sus condenadores saben –porque a diferencia de Castillo cursaron la carrera de Derecho- que cuando se quiere intentar la comisión de un delito con un medio absurdamente ineficaz (matar con rezos, por ejemplo), eso se llama tentativa inidónea y su código dice explícitamente que no debe ser penada, aunque aleguen el absurdo argumento de que en otra circunstancia eso hubiese sido peligroso: no hay acción humana, por inocente que sea, que en circunstancias diferentes no sea peligrosa (la práctica de tiro al blanco, por ejemplo). Las conductas no se juzgan por eso en cualquier otra circunstancia, sino en las precisas circunstancias en que sucedieron.
También saben que constitucionalmente Castillo es el presidente. No lo ignoran, algunos incluso serán profesores en alguna universidad, no sé si sus alumnos les creerán cuando hablan de derecho. Tienen plena consciencia de todo eso: la que parece faltarles es el otro sentido de la conciencia, la que en algún momento hace escuchar su voz a toda persona honesta, aunque sea en el último momento de su existencia.
Castillo no necesita abogados en esta parodia, su presencia no haría más que legitimar una escenificación para darle la apariencia de un juicio. Pero tampoco se puede ignorar que sus abogados y ex abogados fueron sometidos a aprietes llamados reglajes en Perú. Guillermo Olivera tuvo que irse del país; otro abogado denunció la presencia de un automóvil que lo seguía permanentemente; Benji Espinoza acaba de denunciar que robaron en su oficina, llevándose su computadora personal. Parece que el régimen de facto de la señora Boluarte teme que en medio de la teatralización judicial alguien invoque el derecho.
Es obvio que el presidente Castillo no responde a los intereses colonialistas y de momento -para eso- está la señora Boluarte, hasta que deje de serles útil y la dejan librada a las fieras, quizá a los mismos personajes togados que mantienen preso y condenan a un presidente constitucional, mal vacado. La vacancia tiene un procedimiento que no fue respetado.
Pero como si todo lo anterior no fuese suficientemente vergonzoso, lo más indignante es el otro motivo no confeso de la condena al presidente Castillo: racismo puro, un campesino serrano no puede ser presidente, no lo tolera la gente de bien, profundizando la herida que se remonta a la colonia y que reafirmó la república en 1821. Se trata de una herida sangrante que atraviesa toda la historia peruana y que siempre denunciaron sus mejores historiadores, pensadores e intelectuales. El cholo no puede ser presidente: este es el más aberrante e indignante motivo oculto de esta condena y que no debe callarse ni mucho menos dejado de lado. ¿Para qué abogados, cuando es el odio racista lo que lleva a una condena y lo demás son pretextos?
José Arguedas, escritor que aprendió primero la lengua de los «sirvientes» que lo criaron, escribió un poema titulado Llamado a algunos doctores. Su lectura anti colonial (y muy crítica del derecho peruano) podría servir a los jueces que hoy pretenden condenar sin pruebas a un presidente constitucional, que en todo caso debiera ser repuesto y juzgado (en un juicio político, no penal) conforme a derecho. Hasta ahora eso (que es lo básico para vacar a un presidente, y lo primero que pide la constitución) no sucedió. Castillo fue vacado porque nunca cedió a las extorsiones. Si hubiera «negociado» con el Congreso (que tiene una desaprobación mayor al 90 por ciento) seguiría cómodamente sentado en el Palacio. Por suerte para Perú, no lo hizo.
