Armas estadounidenses en México: corresponsabilidad binacional
(*) Por Andrés García Repper Favila
Por mandato Constitucional, «…los habitantes de México tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legitima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal de armas de Fuego y Explosivos y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva».
Como se puede observar, la Constitución -y su ley secundaria- no autorizan la portación de armas, sino solo su posesión en domicilio, además de limitar ciertos calibres y modalidades de funcionamiento para uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Dicho de otra forma, las únicas armas que puede poseer la población son armas cortas (pistolas, revólveres) que no sean automáticas, y largas que no rebasen cierto calibre ni una carga de pólvora determinada, así como tampoco que funcionen de modo semiautomático o automático (repetición digital o automática de fuego).
Sin embargo, ante la evidencia que a diario podemos verificar en medios de comunicación, esto parece más bien letra muerta. En México el crimen organizado utiliza toda clase de armas largas, automáticas y prohibidas para realizar sus ejecuciones y enfrentarse a la fuerza pública. Esto se debe al constante y cada vez mayor y trafico de armas prohibidas en un mercado negro, clandestino y que solo se explica por la porosidad fronteriza ante este tipo e contrabando (la mayoría de armas de fuego prohibidas provienen de EEUU). En México se comercia y distribuye toda clase de calibre e incluso armas de formidable potencia que solo se utilizan en combate militar para destruir tanque, aeronaves o edificios.
Más de 200.000 armas ingresan cada año a México y el 70% proviene de armerías estadounidenses, afirma la Secretaría de la Defensa. Cruzan la frontera completas o desarmadas; son compradas, en EEUU a personas que a su vez las compran en armerías en operaciones comerciales que no siguen protocolos de seguridad, revisión de perfiles de consumidor, etc. y son transportadas e introducidas a territorio México a diario, por medio de la frontera con EEUU.
Siendo la frontera mexicana con EEUU las más porosa respecto de las mercancías – legales o ilegales que cruzan a ambos lados de la línea- es un problema de eficiencia y eficacia que la revisiones en territorio nacional llevadas a cabo en retenes del ejercito, la marina , y la guardia nacional, sean en relación con lo que sale de México a EEUU y no respecto de lo que entra a territorio nacional.
El tráfico ilegal de armas estadounidenses a México ha sido, incluso, materia de una política pública ilegal por parte del gobierno de EEUU hacia México: de 2006 a 2011, siendo presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, sobre quien pesan sospechas de contubernio con el crimen organizado, debido a que su ministro de seguridad fue, precisamente, el contacto en el gobierno del crimen organizado durante esa administración, específicamente con el cartel de Sinaloa. EEUU, con dolo y la anuencia de las autoridades mexicanas, planeó y ejecutó una operación llamada «Rápido y Furioso» se permitió, a propósito, la entrada ilegal de más de 2 mil armas largas de Estados Unidos a México para ser utilizadas por los diversos grupos delincuenciales que operan en el país, con el pretexto de que se rastrearían y así se descibriía quiénes y para qué las usaban. Dicha operación fracasó y las armas nunca fueron recuperadas.
Al día de hoy los responsables de semejante despropósito en ambos lados de la frontera con EEUU, continúan impunes.
En esta semana, el presidente de EEUU, Donald Trump ha emitido una declaración señalando a diversos carteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo cual, de acuerdo con la legislación estadounidense, habilita al gobierno de ese país a llevar a cabo diversas acciones en los ámbitos internos, internacional y militar, desde congelar activos y cuentas, intervenir toda clase de comunicaciones privadas, allanar inmuebles y recintos y hasta incursiones armadas encubiertas en territorios extranjeros.
La Jefa del Estado mexicano ha revirado con inteligencia que, si hay terrorismo, entonces quienes lo nutren de armas y municiones desde EEUU son copartícipes de actos terroristas; es decir, fabricantes y armeros estadounidenses son corresponsables.
Sin embargo, la evidencia muestra que México necesita reforzar sus controles fronterizas y la detección de armas entre la población. Es imperativo; a diario mueren civiles inocentes y elementos de las fuerzas armadas mexicanas en hechos de violencia que involucran armas provenientes de EEUU, introducidas al territorio nacional de forma ilegal. Si se frena la capacidad de adquirir armas de los carteles, se frenarán los hechos de violencia que flagelan distintas regiones del territorio mexicano como Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa Michoacán, Guerrero, Tabasco, el Estado de México, Quintana Roo, Zacatecas y otras zonas. La clave está en el control de las aduanas fronterizas con EEUU.
La nueva presidencia de México cuenta con un bono democrático que se traduce en apoyo generoso a las iniciativas presidenciales; es momento de implementar políticas públicas audaces y creativas para frenar el trafico de armas.
Artículo 10, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(*) Andrés García Repper Favila, Abogado constitucionalista, integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para la Elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación 2025.
