Estados Unidos pone las armas, México pone los muertos
(*) Por Arlín Medrano
El tráfico ilegal de armas y el uso de las mismas sigue siendo una herida abierta en nuestras sociedades y representa uno de los ejemplos más concretos del imperialismo armamentista estadounidense, una manifestación palpable que, a través de políticas neoliberales alimenta la violencia y la represión. En México, cada arma que cruza clandestinamente a nuestra frontera norte no es solo un pedazo de metal: es el reflejo de décadas de intervenciones caracterizadas por la violencia, la represión y el colonialismo. Ellos ponen las armas, y nosotras y nosotros contamos las muertes.
Retrocedamos un poco en el tiempo para entender con más claridad el fenómeno del tráfico ilegal de armas en México.
En los años noventa, se experimentó un evento conocido como “el cierre de la ruta del Caribe” un intento por parte de las autoridades estadounidenses de detener el tráfico de drogas controlado por cárteles sudamericanos (particularmente colombianos) desde el sur del Continente a través de países caribeños para llegar directamente a Florida. Dicho cierre obligó a los cárteles colombianos a trasladar sus operaciones hacia México por vía terrestre, fortaleciendo la participación de cárteles mexicanos que expandieron su capacidad económica y tradujeron en mayor control del territorio y de las actividades criminales en ciertas zonas del país, en especial las fronteras.
En el mismo período pero específicamente en 1999, Estados Unidos impulsó financiamiento a México por medio del Plan Colombia, bajo la bandera de combatir el narcotráfico, lo que terminó desplazando la producción y el flujo de drogas hacia Centroamérica y México, incrementando aún más la demanda de armas.
En 2006, Felipe Calderón (Presidente de México de 2006 a 2012) declaró lo que se convertiría en una fallida guerra contra el narcotráfico que lejos de enfrentar las principales causas del crimen organizado, intensificó el espiral de violencia generando una confrontación directa con grupos criminales en prácticamente todos los estados de nuestro país y empujó a los grupos criminales a buscar armas más potentes y métodos de batalla más violentos creando un círculo vicioso del cual aún estamos tratando de salir.
Años después pudimos constatar lo que algunas voces señalaban desde entonces: la estrategia de Calderón nunca fue combatir el crimen organizado sino defender los intereses de los grupos criminales que encabezaba su Secretario de Seguridad Genaro Garcia Luna quien ahora se encuentra sentenciado en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.
Entre 2009 y 2011 se llevó a cabo la “Operación Rápido y Furioso” que, en el marco de la Iniciativa Mérida (un plan de cooperación bilateral en materia de seguridad, a través del cual, el gobierno de Estados Unidos dotaba de recursos económicos e inteligencia al gobierno Mexicano con la premisa del combate al narcotráfico), sólo proporcionó un arsenal letal a grupos criminales contribuyendo a una explosión de violencia y homicidios que alcanzó cifras históricas y que cuyo incremento apenas está siendo revertido.
Datos del Colegio de México indican que, en 2024, se introdujeron en territorio mexicano más de 200,000 armas ilegales al año, y de ellas el 74 % provienen directamente de Estados Unidos. Sin embargo, la falta de una legislación en este país no obliga a conservar los datos de compra, por lo que en solo un tercio de los casos se logra identificar al comprador original, evidenciando la complicidad estructural de un sistema que criminaliza a los cárteles mientras permite la libre circulación de armamento en su propio territorio.
Por si no fuera suficiente, hay información judicial que señala que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump recibió aproximadamente 25 millones de dólares para financiar su campaña presidencial en 2016 por parte de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en ese país.
Por ello, no extraña una política de libre circulación de armamento. Por si fuera poco, hay una gran cantidad de discursos de Trump normalizando el uso de armas, como aquel en el Sioux Center de Iowa durante un evento de precampaña presidencial en 2016 en el que afirmaba que “podría disparar a gente en la Quinta Avenida (la principal avenida en Nueva York) y no perdería votos”.
Ya en 2025, el gobierno de Trump publicó una lista con 6 carteles mexicanos que ahora serán catalogados terroristas: el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Cártel del Noroeste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. Importante recordar a Felipe Calderón que fue mencionado anteriormente ya que 5 de los 6 carteles surgieron o se expandieron durante su mandato.
En nuestro lado de la frontera, la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado este tema en la agenda bilateral, exigiendo a Estados Unidos que asuma su responsabilidad para frenar el flujo de armamento de alto poder. Al mismo tiempo, su Estrategia Nacional de Seguridad apuesta por la prevención de la violencia a través de la atención a las causas, el fortalecimiento de la inteligencia policial y el decomiso de armas, con campañas de desarme voluntario por la ciudadanía.
Hace unos días, el 20 de febrero, presentó ante el Congreso Mexicano dos reformas constitucionales que serán centrales. La modificación al artículo 40 que deja en claro que México no aceptará ninguna intromisión que vulnere su soberanía, mientras que la reforma al artículo 19 establece penas severas contra quienes participen en la fabricación, distribución o traslado de armamento ilícito.
La lucha contra el tráfico ilegal de armas es, en definitiva, una lucha por la justicia social, la soberanía y la paz. Romper con el modelo neoliberal y colonialista que prioriza el lucro del capital armamentístico sobre la vida y la dignidad humana es la única vía para acabar con este ciclo de muerte y represión en nuestras naciones.
Ante este doble discurso —por un lado, la criminalización de los cárteles mexicanos y, por otro, la permisividad para la venta de armas en Estados Unidos que alimenta el conflicto. —es evidente que la organización popular, el fortalecimiento de políticas soberanas y una cooperación genuina entre los países de la región, podrá transformar el futuro. Porque en la lucha por la vida, cada bala cuenta, y nosotros no estamos dispuestos y dispuestas a seguir pagando con nuestra sangre.
Solo América Latina unida, vencerá.
(*) Arlín Medrano, comunicadora, universitaria mexicana y militante de la ternura radical.
