¿Quién le da las armas al Narco? El rol de los EEUU en la violencia del crimen organizado
Por Paula Giménez y Matías Caciabue*
El gobierno estadounidense, de la mano de Marco Rubio y Donald Trump, finalmente emitió una Orden Ejecutiva por la que los cárteles del narcotráfico mexicano y regionales fueron designados como «terroristas». Con ello, la Casa Blanca y el Pentágono construyen el marco de justificación para auto-habilitarse a atacar con drones y misiles de guerra a los territorios soberanos de América Latina.
Esto será una afrenta a nuestros Estados y un peligro para la ciudadanía de nuestros países. Será una invitación a que el dinero de la lucrativa narcoeconomía siga alimentando el circuito ilegal de compra-venta de armas, incrementando las capacidades de fuego del crimen organizado, y el espiral de violencia que azota a nuestras sociedades. Violencia que, obvio, termina promoviendo la inmigración que tanta xenofobia despertó en los electores estadounidenses, tan azuzados por el trumpismo.
¿De dónde provienen las armas del narcotráfico? Del norte, principalmente de Arizona, Texas y Florida, donde la laxitud de la legislación y los controles permiten que el armamento fluya con facilidad hacia el crimen organizado. En estos estados, el negocio armamentístico y el mercado de drogas más grande del mundo convergen en una relación simbiótica: mientras las armas cruzan la frontera sur para fortalecer a los grupos criminales, las drogas hacen el camino inverso para alimentar la demanda estadounidense.
Los mercados de drogas y armas de fuego tienden a beneficiarse y reforzarse mutuamente. La disponibilidad de armas en algunas regiones ha provocado una carrera armamentística en la que grupos delictivos invierten sus beneficios en superar a sus rivales y a las fuerzas de seguridad en cuanto a posesión de armas.
El comercio ilícito de armamento desde EEUU hacia la región ha escalado en los últimos años, facilitado por regulaciones laxas, corrupción y la alta demanda de armamento por parte de grupos criminales.
Las armas fabricadas en Estados Unidos alimentan la violencia en varias regiones. En el caso de América Latina se sabe que un número importante de armas recuperadas en escenas de crimen fueron manufacturadas en Estados Unidos, o bien importadas primero a Estados Unidos y después traficadas ilegalmente. Por ejemplo, en Haití y las Bahamas un 98% de las armas ilegales viene de Estados Unidos. En México esta cifra alcanzó el 70% en la última década. En los 7 países de América Central, el 50% de las armas ilegales provienen de EE.UU.
Según un reciente informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, el 73% de las armas recuperadas entre 2018 y 2023 en la región caribeña tenían su origen en Estados Unidos, y en algunos países estas armas son responsables de hasta el 90% de los homicidios.
Latinoamérica es la región más violenta del mundo, el 33% de los homicidios del mundo ocurre aquí, aunque sólo representa el 8% de la población del planeta. La proliferación de armas de fuego ha incrementado los índices de violencia en países como México, Colombia y las naciones del triángulo norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), donde los homicidios con armas de fuego representan más del 70% de los asesinatos.
Las armas de fuego son el principal instrumento homicida en Estados Unidos y América Latina, algo que no ocurre en Europa, donde las legislaciones y los controles sobre el comercio y la portación de armas son estrictas. Según la UNODC, la Oficina de la ONU para la droga y el delito, en su “Estudio Mundial sobre Homicidios de 2023”, en las Américas se cometen 15 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la cifra mundial, ubicada en 5,8.
En algunos países de la región, las cifras trepan a números alarmantes. En México, las cifras de 2022 se ubican en 26,1, pero tres puntos menos que en los años de inicio del sexenio de López Obrador (29,3). En Honduras ocurre algo similar: en 2019 era de 40,9 cada 100 mil habitantes, y se redujo a 35,1 en 2022. Guatemala ha mantenido consistentemente tasas de homicidio superiores a 30 por cada 100,000 habitantes en la última década, situándose entre los países más violentos de la región.
En 2015, El Salvador alcanzó una tasa de homicidios de 103 por cada 100,000 habitantes, con un total de 6.650 homicidios ese año. Para 2024, esta cifra se redujo drásticamente a 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, representando una disminución del 98% en nueve años. En el medio, claro, el punitivismo extremo de Nayib Bukele institucionalizó la violencia y, sobre sus afamadas cárceles modelo, existen miles de denuncias por violación a los derechos humanos y por la detención arbitraria de personas inocentes, nunca vinculadas a las Maras, encarceladas sin defensa, juicio y comunicación con sus familias.
El tráfico de armas no es un fenómeno aislado. Está estrechamente vinculado al narcotráfico, la migración forzada, y la trata de personas. Los cárteles de la droga han sofisticado sus arsenales gracias a la facilidad con la que obtienen rifles de asalto, pistolas y municiones en EE.UU. Estos grupos utilizan la violencia armada para consolidar su control territorial y proteger sus rutas de distribución de drogas. Su capacidad de fuego aumentó al calor punitivista de la llamada «guerra contra el narco». ¿Podemos imaginarnos cómo crecerá el espiral de violencia cuando sus indudables capacidades económicas sean puestas en función de contrarrestar su rotulación «terrorista» por parte del Departamento de Estado?
El caso de la detención del «Mayo» Zambada y el acrecentamiento de la violencia en Sinaloa
Cuando un capo mexicano de la droga fue atado a bordo de un pequeño avión Beechcraft y trasladado en secreto a Estados Unidos en julio del año pasado, el gobierno estadounidense lo calificó de un golpe clave contra el tráfico de fentanilo. Sin embargo, la captura de Ismael “El Mayo” Zambada ha desatado una feroz batalla por el control del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo. Desde su arresto, los homicidios en Sinaloa se han cuadruplicado respecto al mismo período del año anterior, con cerca de 400 asesinatos en apenas dos meses.
Las calles de Culiacán se han transformado en campos de batalla. Mientras los pistoleros del cartel levantan barricadas en llamas e intercambian disparos, la población vive en estado de sitio. Comercios cerrados, escuelas vacías y ciudadanos encerrados en sus hogares son la postal de una ciudad atrapada en el fuego cruzado de una guerra interna entre las facciones de la «La Mayiza«, conformada por los hijos de Ismael «El Mayo» Zambada; y los “Chapitos”, herederos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
“Si ahora estamos atravesando en Sinaloa una situación de inestabilidad y confrontación se debe a que tomaron esa decisión (el gobierno de Estados Unidos) y nosotros no estamos de acuerdo en que se ignore en México, aquí tenemos el problema. Lo estamos enfrentando y resolviendo, pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora”, señaló el por entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus tradicionales conferencias de prensa mañaneras, en septiembre de 2024.
El lucrativo negocio de la venta de armas
Los fabricantes de armas estadounidenses han lucrado enormemente con esta crisis. Empresas como Smith & Wesson, Glock y Colt han sido señaladas en diversas investigaciones por la falta de controles efectivos que permiten la filtración de armamento hacia el crimen organizado. La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, aprobada en 2005, blinda a la industria armamentística de demandas judiciales, lo que ha dificultado los intentos de responsabilizarlas por el impacto de sus productos en la violencia latinoamericana.
Detrás de estas empresas se encuentran los grandes fondos financieros de inversión global (FFIG), que poseen importantes participaciones en la industria armamentística. Smith & Wesson, por ejemplo, cuenta entre sus principales accionistas a BlackRock (9,54%), Dimensional Fund Advisors (6,96%), Vanguard Group (5,79%), Geode Capital Management (2,40%) y State Street Corporation (2,24%).
Estas mismas firmas son también accionistas de gigantes como Lockheed Martin (Líder en la producción de aviones de combate, como los F-35 y F-22, y sistemas de defensa antimisiles y tecnología aeroespacial), Raytheon Technologies (especializada en sistemas de misiles, radares y tecnología de defensa), y General Dynamics (Productora de tanques, submarinos nucleares y sistemas de armamento terrestre), empresas que se benefician de la militarización de la región. De esta manera, los mismos actores financieros que invierten en el negocio de la guerra son quienes terminan lucrando con la violencia que aqueja a América Latina.
Puertas adentro: El narcotráfico del que la prensa no habla
La DEA señaló en mayo de 2024 que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa son los principales responsables de la crisis de drogas sintéticas en Estados Unidos, la cual provocó la muerte de más de cien mil personas solo en 2022, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Ambas organizaciones no solo controlan los laboratorios clandestinos de producción de drogas y las rutas de tráfico hacia EEUU, sino que también operan redes criminales en múltiples ciudades dentro de su propio territorio. Sin embargo, la narrativa mediática sobre el narcotráfico se enfoca casi exclusivamente en los criminales mexicanos, omitiendo el papel fundamental que juegan las redes de la narcoeconomía dentro de Estados Unidos. Aún menos se menciona que numerosos ciudadanos estadounidenses, incluidos miembros de la élite WASP, ocupan posiciones clave en las estructuras de mando del crimen organizado, asegurando la continuidad del negocio ilícito desde dentro de la propia economía estadounidense.
Estos cárteles han diversificado sus actividades más allá del narcotráfico, incursionando en el tráfico de armas, el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico sexual, el soborno y la extorsión. En Estados Unidos, los estados con mayor presencia del Cártel de Sinaloa y el CJNG incluyen Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Georgia, Illinois, Maine, Nueva York, Nuevo México y Texas. En la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2020 se mencionaba que el CJNG se extendía en 20 regiones de EEUU: Seattle, Santa Rosa, Modesto, Orange Country, San Diego, Los Ángeles, Denver, Chicago, Farview Heigts, New York, Imperial, Kansas City, Texas, Houston, Laredo, Lexington, Roanoke, Memphis, Atlanta, Gulfport y Orlando.
Arizona, Texas y Miami: los epicentros del tráfico ilegal de armas hacia América Latina
El tráfico ilegal de armas tiene tres epicentros fundamentales en su geografía: Arizona, Texas y Florida. Estos estados, con regulaciones flexibles y una alta concentración de armerías, han facilitado la exportación ilegal de armas de fuego hacia México, el Caribe y Centroamérica.
Desde 2009, más del 60% de las armas recuperadas en México y rastreadas hasta su punto de compra en EE.UU. provinieron de Texas y Arizona, con un 80% de las armas traficadas desde estos dos estados pasando de manera clandestina la frontera. En el caso de Arizona, la ciudad de Tucson se ha convertido en un punto clave, con cinco armerías demandadas por el gobierno de México por su papel en la facilitación del tráfico de armas hacia los cárteles. En Texas, la cercanía con la frontera permite que el contrabando de armamento se realice en su mayoría a través de rutas terrestres, utilizando vehículos particulares para burlar los controles.
Por otro lado, Florida, y en particular Miami, es el principal punto de abastecimiento de armas para el Caribe y Centroamérica. Un informe de Stop US Arms to Mexico reveló que el 57% de las armas recuperadas en el Caribe y rastreadas hasta EE.UU. fueron compradas en Florida, especialmente en Miami y Orlando. El condado de Broward y Miami-Dade, que alberga más de 470 armerías con licencia, se ha convertido en un punto de origen del armamento que termina en manos de grupos criminales en Haití, República Dominicana y el norte de Sudamérica.
Las estrategias utilizadas por los traficantes incluyen la compra legal de armas a través de “compradores de paja”, que adquieren armamento en armerías y ferias de armas para luego revenderlo en el mercado negro. También es frecuente el tráfico de piezas y componentes críticos en lugar de armas completas, lo que permite ensamblarlas posteriormente sin que puedan ser rastreadas fácilmente, este es el caso de la fabricación de armas con tecnología 3D, que han permitido acceder a armas totalmente funcionales que pueden ser construidas de forma casera. En Miramar, Florida (código postal 33023), por ejemplo, se rastrearon 194 armas traficadas al Caribe en menos de una década, con la empresa MG Armory destacándose por su especialización en armas militarizadas. Este modelo de negocio ilícito ha permitido que los cárteles y grupos criminales accedan a rifles de asalto y armamento de guerra sin mayores restricciones.
Arizona y Texas abastecen principalmente a los cárteles mexicanos, mientras que Miami se ha convertido en un epicentro del tráfico de armas hacia el Caribe y Centroamérica, sin dejar de aportar sus cuotas de tráfico ilegal a México y Colombia. La flexibilidad regulatoria, la proliferación de armerías y la falta de controles efectivos han consolidado a estos estados como pilares de un mercado negro que abastece a las organizaciones criminales de la región.
A pesar de las constantes advertencias de organismos internacionales y las demandas interpuestas por el gobierno mexicano, la industria armamentista y los poderosos lobbies de las armas han conseguido bloquear cualquier intento de regulación efectiva, garantizando así la continuidad de un negocio multimillonario que alimenta la violencia en América Latina. Resulta, cuanto menos, revelador que esta dimensión del problema sea sistemáticamente ignorada por el actual secretario de Estado, Marco Rubio, un político forjado en los círculos de poder de Miami, donde el tráfico ilegal de armas es una realidad social innegable. Llamativo aún es que Donald Trump, instalado en su mansión de Mar-a-Lago, en el mismo estado, prefiera impulsar medidas que criminalizan a los países receptores del armamento, en lugar de abordar el papel de Estados Unidos como principal proveedor de las armas que sostienen la narcoeconomía.
Palabras finales
Como parte de esta estrategia de confrontación, Trump designó a Terrance “Terry” Cole como director de la DEA, quien se había desempeñado anteriormente como director regional interino de la DEA para México, Canadá y América Central durante la administración de Donald Trump (2017-2021). Terry Cole en declaraciones previas afirmó que “México se está convirtiendo en un campo de entrenamiento para el terror”, señalando que los cárteles operan con tácticas militares y emplean inteligencia avanzada contra fuerzas estadounidenses. Esta nueva línea de acción de la Casa Blanca consolida una postura de máxima agresividad que no solo abre la puerta a operaciones militares directas de EEUU en territorio latinoamericano, sino que también intensifica la criminalización de la migración, y alimenta el pertrechamiento y el espiral violento del crimen organizado.
El tráfico de armas ha tenido consecuencias devastadoras en términos migratorios. La violencia generada por el crimen organizado ha forzado a millones de personas a huir de sus países de origen, generando una situación que afecta tanto a América Latina como a EEUU. En un círculo vicioso, la inseguridad expulsa a las personas, el aumento de migrantes alimenta discursos xenófobos en EE.UU. y la respuesta de Washington es más militarización y represión, sin atacar las causas estructurales del problema.
La respuesta geopolítica a esta crisis ha sido contradictoria. Mientras EE UU declara la guerra al narcotráfico y cataloga a los cárteles como “terroristas”, permite que las armas fluyan libremente desde su territorio. Esta política ha favorecido la consolidación de un ciclo de violencia que solo beneficia a las industrias de la guerra y la seguridad privada. Ante esta realidad, América Latina debe fortalecer sus capacidades institucionales, aumentar la cooperación regional y exigir responsabilidades a Washington por su papel en el tráfico ilegal de armas.
Sin estas medidas, la violencia seguirá escalando, el crimen organizado se fortalecerá y las sociedades latinoamericanas continuarán atrapadas en un espiral de violencia y muerte.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, directora de NODAL. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y ex Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
