Asamblea pone fecha para debatir apoyo a la intervención de fuerzas extranjeras en Ecuador
La Asamblea Nacional retomará el 25 de febrero el tratamiento de la moción de la bancada de gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), que pide apoyo para que fuerzas extranjeras ayuden en el combate al narcotráfico y el crimen transnacional.
El anuncio lo hizo este 21 de febrero el secretario del Legislativo, Alejandro Muñoz, horas después que la Cancillería urgiera, a través de un comunicado, a que se reanude cuanto antes el debate, de forma presencial.
«La presidenta Viviana Veloz me ha dispuesto convocar para el día martes en la tarde y ahí se tratará lo que se tenga que tratar. En primer lugar, saber de que se trata, porque un simple cambio del orden del día del que todavía ni siquiera existe un proyecto de resolución», señaló el secretario.
La inclusión de este punto en la sesión Nro.1012, del 19 de febrero, fue aprobado con el voto de 118 legisladores incluyendo Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano (PSC), Construye y algunos independientes, además de ADN.
Se lo puso en quinto lugar, pero cuando iba a ser tratado, el vicepresidente de la Asamblea, Otto Vera (PSC), a cargo de la sesión, mandó a constatar el quórum y al verificar que había solamente 67 asambleístas suspendió la sesión.
Muñoz reveló este viernes 21 de febrero que entre los que habían abandonado la sala estaban los mismo integrantes de la bancada proponente, ADN.
Pronunciamiento «innecesario»
La asambleísta oficialista Nathaly Farinango defendió el pedido de ADN y dijo que la primera función del Estado, la Asamblea, no puede dejar de pronunciarse sobre temas trascendentales como el de la seguridad.
«Ahora se necesita ese apoyo y respaldo (…) aquí se están sacando excusas. Hacen declaración por el día del biscocho, por el día del gamer, porque no hacer para que se apoyen a las fuerzas internacionales para enfrentar la narcodelincuencia», agregó Farinango.
Si bien la legisladora reconoció que ya existe un instrumento que permite la cooperación con Estados Unidos, dijo que esto no ha sido suficiente y por eso se busca ampliar el apoyo con otras naciones.
«Es tan fácil que la Asamblea, los 137 legisladores, se pronuncien en que están de acuerdo en luchar contra de la narcodelincuencia. No entiendo porque tanta polémica desde otras bancadas»
Nathaly Farinango, asambleísta de ADN
Muñoz, sin embargo, sostuvo que desde el gobierno existe una «confusión jurídica» sobre el tema. Esto debido a que lo que propone ADN es aprobar una resolución que, en la práctica, no tiene ningún efecto jurídico, sino declarativo y político.
El secretario sospecha que el afán del Ejecutivo para que la Asamblea se pronuncia tiene un tinte político electoral, a propósito de la cercanía de la segunda vuelta electoral, porque para acordar cooperación internacional no requiere aprobación de esta, salvo que se toque algún artículo de la Constitución, para lo cuál, el primer filtro siempre será la Corte Constitucional.
«Se le pide seriedad al gobierno; que sus abogados hagan bien su trabajo o bien cambien de abogados, pero que no busquen confundir a la ciudadanía», señaló Muñoz.
Canciller detalla cómo serían las «fuerzas especiales» extranjeras que se propone traer a Ecuador
Días después de que el Gobierno de Ecuador pidió a la Cancillería que se acerque a países aliados para llegar a acuerdos que permitan «de manera temporal» la «incorporación de fuerzas especiales» extranjeras para «combatir» el crimen organizado, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, se pronunció sobre el tema, este 21 de febrero de 2025.
La Canciller ecuatoriana aseguró en una entrevista a Teleamazonas que la intención detrás de los pedidos del presidente es «reforzar capacidades que actualmente mantienen nuestras fuerzas de seguridad», y que esto consistiría en un «ejercicio de la soberanía ecuatoriana».
¿Qué son las «fuerzas especiales» propuestas?
La canciller reveló que el 20 de febrero se mantuvo una reunión interinstitucional (sin detallar las instituciones que participaron en ella) en la que se vio el alcance que podría tener esta medida y cuáles son los países aliados a los que Ecuador acudirá.
Si bien no se explicó qué tipo de personal ingresaría al país, Sommerfeld comentó que cuando el Gobierno habla sobre «fuerzas especiales» se refiere a «grupos especiales con capacidades especiales, incluso tácticas, con equipamiento tecnológico» para reforzar a las fuerzas ecuatorianas.
Presión a la Asamblea
En medio de las exigencias del Ejecutivo a que la Asamblea trate el tema a la brevedad, Sommerfeld expresó que no cree «que deba haber mayor debate sobre el tema», tras mencionar que desde la Presidencia se ha pedido que la disposición «se encuadre en la normativa ecuatoriana».
«Que [la Asamblea] apruebe que ingresen las fuerzas especiales para que se pueda reforzar las capacidades de las fuerzas de seguridad del Ecuador, es algo muy bueno y muy positivo», afirmó.
Corresponsabilidad de otros países
Tras ser cuestionada sobre por qué esta propuesta surgió desde la Presidencia y no desde el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), que es la máxima entidad en temas de seguridad, la Canciller evitó al referirse al tema.
Más bien, Sommerfeld abordó la corresponsabilidad que mantienen países aliados en lo que respecta al problema de seguridad y crimen organizado en Ecuador.
Bajo esta premisa, la Canciller comentó que existen economías productoras y consumidoras de drogas, a la vez que se refirió a acuerdos en temas de vigilancia e inteligencia
Secretario de la Asamblea Nacional afirma que resolución de ADN de apoyo a cooperación internacional para el combate al crimen organizado ‘tiene un objetivo netamente electoral y político’
El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, afirmó que la propuesta de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y del Gobierno de debatir una resolución de apoyo a la cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado transnacional es “netamente electoral y política”.
El funcionario respondió así al pedido realizado por la canciller Gabriela Sommerfeld de que el Legislativo, sin perder más tiempo, debe tratar la propuesta del gobierno de Daniel Noboa sobre la incorporación de fuerzas especiales de países aliados para el apoyo a las acciones de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada transnacional.
El secretario Muñoz sostuvo que desde el Gobierno existe una gran confusión jurídica respecto de este tema. Porque lo que se ha presentado por la parte de la bancada de Gobierno es una solicitud de resolución que realmente no tiene ningún efecto jurídico, únicamente declarativo y político, es decir, no es que para que el presidente pueda implementar este plan de seguridad de cooperación internacional se requiere una aprobación por parte de la Asamblea, recalcó.
Insistió en que es una confusión que tienen los abogados de la Presidencia y que, por supuesto, busca confundir a la ciudadanía. “Yo entiendo que seguramente por temas político-electorales buscan hacer esto”.
Según Muñoz, para que la ciudadanía esté muy clara, “el presidente para poder realizar las acciones de cooperación internacional no requiere de una aprobación de la Asamblea; y esto además ya lo dijo la Corte Constitucional”.
El secretario general del Parlamento mostró y dio lectura del dictamen 9-23-T1/24, en el cual para el acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos relativo a las operaciones contra actividades marítimas, transnacionales ilícitas, dijo textualmente que para su ratificación no requiere aprobación legislativa. Es decir, “realmente se le pide seriedad al Gobierno que sus abogados hagan bien su trabajo o bien cambien de abogados, pero que definitivamente no busquen confundir a la ciudadanía”.
Muñoz, quien este viernes 21 de febrero apareció solo ante la prensa, comentó que el tema de cooperación de seguridad internacional es un tema eminentemente de responsabilidad de gestión del presidente de la República y del Ejecutivo, y que para eso se necesita capacidad, se necesita voluntad política, y que “la Asamblea no le puede dar negociando los acuerdos al Ejecutivo, eso ya depende de ellos”.
Recordó que la Asamblea Nacional le aprobó por unanimidad el apoyo a la declaratoria de conflicto armado interno. Apoyó las reformas al COIP aprobadas en consulta popular con mayoría en las que se reformaban todos los tipos penales pedidos por el presidente de la República.
De igual forma, dijo, se aprobó el incremento al IVA para la seguridad, es decir, las herramientas que le ha podido dar la Asamblea al presidente durante este año han sido absolutamente contundentes y todo lo que ha pedido. Entonces, “él tiene ahora la sartén por el mango y si es que desea, pues, esta cooperación internacional, ya corresponde a él evidentemente negociar con los demás países”.
El funcionario legislativo advirtió que si es que se va a firmar algún otro tipo de acuerdo, debe pasar por un filtro de la Corte Constitucional, quien decidirá que tiene que pasar o no por la Asamblea.
Muñoz insistió en que el cambio en el orden del día de la sesión 1.012 no genera ningún efecto jurídico, es simplemente “un objetivo netamente electoral, porque no tiene ningún impacto real, el presidente no necesita ese respaldo para poder realizar las acciones en seguridad… simplemente, es un tema político, un tema electoral”.
Anunció que para el próximo martes, 25 de febrero, en la tarde se convocará al pleno para abordar este tema y ahí se tratará lo que se tenga que tratar.
Dijo que no se sabe cuáles son los países con los que se va a llegar a un acuerdo, cuáles son los pormenores de ese acuerdo. Y esto no es de hacer tabla rasa a la Constitución o un voto en plancha “cuando ni siquiera se conocen los pormenores, esto es un tema serio, la seguridad no puede ser utilizada como un tema político-electoral, sino que debe analizarse de acuerdo a la ley y a la Constitución”, insistió.
