Bolivia en año electoral: continúa el lawfare contra Evo Morales
Tras la “Marcha para salvar Bolivia” que lideró Evo Morales en septiembre de 2024, se potenció la persecución política, judicial y administrativa contra el ex presidente, agravada por un intento de homicidio a finales de octubre, mientras circulaba en la Ruta Nacional 4, en el Departamento de Cochabamba. Esta situación la hemos detallado en sucesivos informes publicados en los últimos meses[1].
En paralelo, el gobierno nacional junto a las máximas autoridades judiciales del país, integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Superior Electoral (TSE), insisten en afirmar que Evo Morales está inhabilitado para postularse a un nuevo mandato presidencial, en función de una interpretación arbitraria del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, el cual establece: «El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua». El pasado 13 de noviembre, el TSE ratificó que cumplirá la sentencia 1010/2023 del TCP que considera que la limitación del artículo 168 constitucional se aplica también a postulaciones discontinuas, interpretación que tiene como único objetivo impedir que Evo Morales sea candidato presidencial el 17 de agosto de 2025, cuando tendrán lugar las elecciones. La convocatoria formal a elecciones está prevista para el 12 de abril, esto es 120 días antes de los comicios.
La estrategia oficialista también incluye el avance sobre el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político que llevó al poder tanto a Evo Morales como a Luis Arce. El TSE emitió una sentencia el 27 de noviembre de 2024 donde entrega la conducción del partido a Grover García, un dirigente afín al presidente Arce, desplazando al margen a Evo y su sector. De esta forma el TSE acompaña decisiones anteriores del TCP, que validó el Congreso encabezado por García en El Alto, desconociendo el encuentro realizado en Lauca Ñ por Evo. Frustrada la posibilidad de recuperar el MAS, Evo Morales informó que intentará ser candidato por el Frente para la Victoria, partido que preside Eliseo Rodríguez.
Persecución por la vía judicial
Respecto de las causas penales que hostigan al ex presidente Morales, en la principal de ellas y por la cual se ha emitido orden de aprehensión, se lo acusa de estupro, abuso y trata de personas agravado. En esta causa, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, pidió el 16 de diciembre pasado su detención, orden que fue ratificada el 12 de febrero por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, con la firma del juez Alberto Rocabado, tras rechazar la apelación de la defensa jurídica del ex presidente el 27 de enero. La orden de aprehensión, vigente pero aún no ejecutada, se fundamenta en la (aparente) rebeldía de Morales, al no haberse presentado en persona ante las requisitorias del juzgado en dos ocasiones, la última de ellas el 14 de enero. El juez Rocabado además le prohibió la salida del país y dispuso la congelación de sus cuentas bancarias y la anotación preventiva de sus bienes. El Ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, sostuvo que ya tiene lista la orden de aprehensión para ser ejecutada por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en “el momento y lugar oportunos”.
Desmontando la operación judicial y mediática, la supuesta víctima del caso, Cindy Vargas, presentó ante el Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de Tarija un escrito el 6 de enero pasado, en el cual desmintió las versiones de la fiscalía y del gobierno, afirmando que “nadie la obligó a embarazarse”. En la nota, Vargas refiere que “nunca ha sido víctima de estupro ni de trata de personas por ninguna persona” y que le pidió al ministro Del Castillo que “no le meta en sus líos y no la usen en asuntos políticos. No tengo nada que ver con los conflictos políticos entre distintos grupos, que lo único que hacen es dañar mi vida y la de mi hija”. En el texto sostiene que “de lo único que soy víctima es de la persecución que me hace el Ministro Castillo y la Fiscal Sandra Gutiérrez, los cuales no me dejan vivir en paz”. De hecho, sobre fines del año 2024 Cindy Vargas denunció a los dos funcionarios ante la justicia, por las amenazas, persecución y hostigamiento que dice sufrir. Asimismo, sostiene que se han inventado numerosas pruebas en el expediente.
Sin embargo, estas declaraciones realizadas tanto a la prensa como en el marco del proceso judicial, no han tenido efecto alguno. Persiste la acusación contra Evo Morales, quien en este caso tiene una orden de aprehensión firme en su contra que puede ser ejecutada en cualquier momento. Otro de los indicios evidentes de la sistemática persecución contra uno de los líderes más importantes de América Latina y el Caribe, en un proceso de lawfare que tiene por objetivo inhabilitarlo y eliminarlo de la vida política del país.
