Estado ecuatoriano rechaza y tilda de intromisión medidas cautelares de la CIDH a favor de políticos opositores
La Corte Nacional de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General del Estado de Ecuador rechazaron este martes la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) que plantea dejar sin efecto la sentencia contra un legislador y dos activistas políticos por injurias contra el presidente Rafael Correa.
Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, calificó como una intromisión la petición de medidas cautelares en favor del legislador Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa que fueron sentenciados por haber acusado al presidente Correa de crímenes de lesa humanidad.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un órgano jurisdiccional y sus decisiones no pueden obligar a las altas cortes de los países miembros. Se considera una intromisión porque no están facultados para ello (emitir medidas cautelares)”, dijo Ramírez a periodistas.
Los sentenciados acusaron a Correa de haber ordenado un rescate a sangre y fuego de un hospital donde fue retenido por policías sublevados el 30 de septiembre de 2010.
El presidente de la CNJ recordó que a lo largo del proceso, Jiménez, quien deberá pagar 18 meses de cárcel, al igual que su asesor, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa (6 meses de prisión), tuvieron derecho a la defensa y a todo tipo de impugnación.
Aseguró además que este pronunciamiento de la CIDH emitido el lunes, que solicita a Ecuador que detenga la condena de cárcel contra los procesados hasta que el organismo resuelva, no tiene carácter vinculante, por lo que el país andino no está en la obligación de aceptarlo.
Por su parte, el procurador general del Estado, Diego García, informó que el país suramericano aún no ha recibido la notificación de la CIDH respecto a su resolución y que una vez que esto ocurra, se informará a las autoridades de justicia para que tomen la decisión.
“Ni el gobierno ni la procuraduría está en capacidad de decidir por un juico que está en la administración de justicia”, puntualizó el funcionario. Al respecto, el presidente de la CNJ aseveró que la jueza Lucy Blacio, quien ratificó en casación (revisión de la sentencia) el fallo contra los procesados, deberá pronunciarse.
En tanto, el Ministerio de Exteriores, a través de un comunicado, se sumó al rechazo al pronunciamiento de la CIDH y recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no contempla la facultad de la CIDH para dictar medidas cautelares.
La nota oficial puntualiza que la CIDH decidió incluir en su reglamento, que lo elabora y aprueba la propia Comisión y no los Estados Miembros, la facultad de dictar medidas cautelares; que la CIDH no posee la facultad convencional ni estatutaria para dictar medidas cautelares por lo que elo significa una extralimitación de sus facultades.
La Cancillería recalca que la denuncia presentada por Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio fue investigada por más de ocho meses. “En consecuencia, no se ha negado a nadie el derecho a presentar denuncias”.
El 09 de mayo de 2012, la denuncia fue archivada por la Corte Nacional de Justicia, calificándola de “maliciosa y temeraria”. Con ese antecedente, se inició un juicio en contra de los denunciantes por el delito de “injuria judicial”, tipificada en el artículo 494 del Código Penal.
Posteriormente, la Justicia ecuatoriana determinó la responsabilidad penal de Jiménez, Figueroa y Villavicencio por injurias judiciales al acusar al Presidente de la República de haber cometido un delito de lesa humanidad.
“La evidencia presentada por el Ecuador en su respuesta oficial a la CIDH, de 28 de febrero de 2014, en relación a este caso demostró de manera contundente que en el Ecuador se cumple el debido proceso judicial -que es absolutamente legítimo y no puede ser interferido-“, señala la Cancillería.
El comunicado finaliza subrayando que “el Gobierno deplora que la CIDH haya solicitado estas medidas cautelares sin haber revisado correctamente la información suministrada y que no considere todos los elementos necesarios del juicio. De igual manera, rechaza la creciente politización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que genera un debilitamiento lamentable del sistema”.
Rafael Correa: El dictamen de la CIDH es espurio y no tiene validez alguna
Por Cléver Jiménez
Las medidas cautelares a favor de Cléver Jiménez que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son un paso más para la desacreditación de Sistema, cuyo dictamen es espurio, dijo este martes el presidente ecuatoriano Rafael Correa durante un conversatorio con medios de comunicación en Guayaquil.
“Un grupo de burócratas sin atribución ordenan a la República que revierta una sentencia ejecutoriada. En un país soberano eso es inaudito. El dictamen de la Comisión es totalmente espurio y por eso Colombia tampoco le hizo el más mínimo caso”, dijo el mandatario en referencia a las medidas que este organismo regional dictó a favor del legislador opositor Cléver Jiménez.
Jiménez fue sentenciado a cumplir 18 meses de prisión después de que, agotadas todas las instancias legales del país suramericano, la jueza Lucy Blazio dictara sentencia definitiva y emitiera la correspondiente boleta de captura, por el delito de calumnia judicial.
“Por ningún lado esta comisión tiene atribuciones para dictar medidas cautelares a favor de Cléver Jiménez pero si las tuviera es el colmo que trate de revertir la sentencia ejecutoriada de un país soberano: se acabó la soberanía. Ese dictamen espurio ni siquiera dice que se faltado al debido proceso sino que critica la ley ecuatoriana solo porque no están de acuerdo”, agregó.
“Según estos genios, una denuncia penal acusando al presidente de la República de criminal de lesa humanidad, con total mala fe, falseando los hechos, con temerario desprecio a la verdad, firmada por abogados, es libertad de expresión. Yo como soy presidente, funcionario público debo aguantarme todo esto. ¡A otro con esos cuentos!”, dijo airado el jefe de Estado.
Jiménez fue denunciado por el presidente por unas acusaciones que le hicieron en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando Correa estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno consideró un intento de golpe de Estado.
Los condenados acusaron a Correa de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.
“Esta es parte de una mentalidad de que nosotros podemos ganar las elecciones pero ellos (la CIDH) tiene que gobernar. Es decir, quien tiene que dictar las políticas públicas no es el gobierno sino la CIDH. El presidente solo puede ser insultado, no puede contestar. Esto no es civilización, es decadencia. Mientras yo sea presidente, no las voy a permitir”, concluyó el mandatario.
