Argentina | El esquema represivo para blindar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones -RIGI- y el protagonismo popular para desbordarlo – Por Marcelo Rosa
El esquema represivo para blindar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones -RIGI- y el protagonismo popular para desbordarlo
Por Marcelo Rosa*
Al momento de analizar la aplicación del RIGI en nuestro país, debe reseñarse que, según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros, Argentina es el cuarto país con mayor número de conflictos mineros registrados en la región, después de México, Chile y Perú (OCMAL, 2019).
En este contexto, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich firmó la Resolución N° 499/2024 por la cual se conformó la Unidad de Seguridad Productiva en la órbita de la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial para analizar aquellas situaciones de inseguridad que atraviesen los “sectores productivos.” El objetivo es incrementar el despliegue de las fuerzas federales en las provincias y, en consecuencia, proteger a las actividades como la minería extractiva, la explotación de hidrocarburos o el agronegocio.
Posteriormente, Bullrich dio un paso más en el blindaje de “enclaves productivos” y firmó la Resolución N° 893/2024 por la cual se creó el Comando Unificado de Seguridad Productiva que está compuesto por diversas fuerzas federales, incluyendo la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
A medida que el gobierno avanza sin encontrar obstáculo decide correr el límite de lo que se creía admisible en términos democráticos. De esta manera, durante diciembre, se publicaron los decretos N° 1107/2024 y 1112/2024 que modifican pilares fundamentales de la política de defensa nacional y seguridad interior.
El primero de los decretos habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y podrán estar afectadas a la defensa de “objetivos de valor estratégico” sin que se le asigne una definición concreta, puesto que su calificación será facultad exclusiva y discrecional del Poder Ejecutivo. En suma, se podría disponer la militarización de represas hidroeléctricas, las centrales nucleares de Atucha I y II, Vaca Muerta o Plaza de Mayo inclusive.
El segundo decreto facultó a las Fuerzas Armadas a intervenir en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las “agresiones de origen externo, tanto de carácter estatal militar, como provenientes de organizaciones no estatales” que se desarrollen en nuestro territorio y “afecten intereses vitales de la Nación.” No resulta claro qué se entiende por organizaciones no estatales trasnacionales, dado que podría tratarse de bandas de narcotráfico o de las comunidades mapuches que vienen siendo criminalizadas.
En esa misma línea debe entenderse la reciente derogación, mediante DNU N° 1083/2024, de ley de emergencia territorial indígena del año 2006 que suspendía los desalojos de todas las comunidades hasta que se completara el relevamiento de sus territorios. Asimismo, con fecha 5 de febrero de 2025, mediante las Resoluciones N° 9, 10 y 11/2025 el gobierno libertario dio marcha atrás con el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de la Comunidad Lof Limay Kurref del Pueblo Mapuche, ubicada en el departamento de Malargüe, Mendoza. Se tratan de hectáreas con “potencial minero”, tal como la propia gobernación reconoce.
Creatividad y protagonismo popular
En este clima represivo, que se avizora espeso, se desarrollarán las resistencias que puedan surgir. No obstante, resulta válido preguntarse cómo se sigue poniendo el cuerpo en las luchas y, específicamente, cómo sería posible generar nuevas formas de disputa que interpelen y politicen a sectores más amplios de la población para ganar masividad en los reclamos por la defensa de los territorios y del derecho a un ambiente sano.
Pese a que las preguntas que se formularon anteriormente siguen abiertas, hay una historia de resistencia que nos precede por lo que es primordial trazar una continuidad con aquellas batallas que se dieron en el pasado.
Los casos de Chubut, Mendoza y Catamarca son sólo algunos de los tantos ejemplos que se pueden citar en los cuales sus comunidades se organizaron para alzar su voz y frenar proyectos extractivistas en las últimas décadas, tal como ocurrió con la Asamblea El Algarrobo, en Andalgalá, que logró combinar la participación institucional a través de amparos ambientales en tribunales provinciales y federales con la potencia que desplegaron en las calles. Es decir, será necesaria la vía institucional sin replegarse ni abandonar el ejercicio de la marcha sostenida, dado que la primera se nutre de la segunda.
De esta manera, al mismo tiempo que se intente detener las consecuencias negativas de este modelo de saqueo, se deben sentar las bases de un futuro proyecto audaz y emancipador para el momento en que se abra un nuevo ciclo político, pero esta vez con un horizonte de transformación.
Al calor de las rebeldías que surjan en los territorios, resulta fundamental que se vaya fortaleciendo un proceso de acumulación social y protagonismo popular que no sólo busque frenar los avances extractivistas, sino que pueda construir una nueva institucionalidad basada en la consigna de la autodeterminación de las poblaciones locales y la defensa de sus territorios.
En consecuencia, hay que poner en discusión qué rol ocuparán los bienes comunes y los recursos naturales en un eventual gobierno popular. Habrá que construir democrática y horizontalmente un nuevo modelo que—además de ser la antítesis del proyecto expoliador y neocolonial que rige hoy—escape de las soluciones estatalizadas que se vinieron aplicando y que tampoco han dado resultados. Es la etapa de crear algo nuevo, de pensar algún modelo de gestión social de los bienes comunes naturales y que su utilización sea determinada por normas colectivamente establecidas y reconocidas. De igual modo, se deben formular dinámicas de reapropiación social de las fuentes de renta.
Por eso, el momento actual nos demanda agudizar la capacidad de escucha y la creatividad porque si la represión que se vislumbra feroz avanza, habrá que desbordarla con imaginación, renovando tácticas de confrontación democrática y asumiendo niveles inéditos de audacia.
*Abogado y Militante Político
