Crisis e Incertidumbre en Ecuador – Por Augusto Xavier Espinosa Andrade
Crisis e Incertidumbre en Ecuador
Por Augusto Xavier Espinosa Andrade
A partir de 2017, Ecuador experimentó un quiebre político caracterizado por la confluencia de fuerzas de diverso espectro ideológico, incluyendo sectores que anteriormente se identificaban como progresistas, cuyo objetivo principal era impedir el retorno de la Revolución Ciudadana al gobierno. Este cambio de rumbo tuvo como una de sus principales consecuencias el debilitamiento del proceso de transformación institucional que, en la década previa, había fortalecido el papel del Estado en el desarrollo económico y social del país. Para ciertos sectores políticos y económicos, la consolidación de este modelo, que había logrado reducir la pobreza y la desigualdad, así como fortalecer instituciones que limitaban el poder de los grupos de interés tradicionales, representaba un obstáculo para la continuidad de su influencia sobre el Estado.
En este contexto, desde entonces, las decisiones gubernamentales han estado marcadas por prioridades eminentemente políticas, con escasa consideración por sus impactos económicos y sociales a largo plazo. La política económica ha carecido de un modelo estructurado, evidenciándose en la reducción del gasto social, la precarización laboral y la ausencia de estrategias industriales sostenibles. Las medidas adoptadas han respondido a coyunturas específicas con un sesgo hacia políticas de ajuste neoliberales, muchas de ellas alineadas con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención de financiamiento externo.
La influencia de los organismos multilaterales en la economía ecuatoriana ha aumentado significativamente. Según datos del Ministerio de Finanzas, la participación de estos en el perfil de deuda externa ecuatoriana pasó del 31% en mayo de 2017 al 54% a fines de 2024. Además, la relación entre la deuda externa pública y el PIB creció del 26.3% a fines de 2016 al 40.2% a fines de 2023, lo que refleja una mayor dependencia del financiamiento externo. Este incremento en la deuda ha llevado a un aumento de los pagos por intereses, los cuales pasaron de representar 700 millones de dólares (3% de los egresos fiscales) en 2016 a 1,996 millones de dólares (8% de los egresos fiscales) en 2023, lo que ha reducido el margen fiscal para la inversión en infraestructura y sectores sociales.
La desinstitucionalización y la reducción del presupuesto han contribuido a una crisis estructural en el país. Como resultado, la economía ecuatoriana ha mostrado signos de debilitamiento, reflejados en un decrecimiento del PIB durante los últimos tres trimestres, situando al país en una situación de recesión técnica. A nivel social, la tasa de pobreza por ingresos alcanzó el 28% y la pobreza extrema el 12.7%, niveles que no se habían registrado en la última década, salvo en los años más críticos de la pandemia. En las zonas rurales, la situación es aún más grave, con un 27% de la población en pobreza extrema. Según indicadores de pobreza multidimensional, el 19% de la población ecuatoriana se encuentra en pobreza extrema y el 40.8% en pobreza, lo que refleja un deterioro significativo en la calidad de vida de los ecuatorianos.
El deterioro del tejido social y político se ha visto reflejado en un aumento alarmante de la violencia. En enero de 2025, se registraron 731 homicidios, lo que representó un incremento del 45% en comparación con el mismo mes del año anterior. Si bien este aumento puede estar relacionado con la crisis económica y social, también responde a otros factores como el crecimiento del crimen organizado, la falta de recursos para la seguridad pública y el debilitamiento institucional en el control del orden público. La interacción de estas variables ha generado un entorno de mayor inseguridad y desconfianza en las instituciones del Estado.
Por otro lado, cobertura escolar ha disminuido; más de doscientos mil estudiantes abandonar las aulas. La emigración ha alcanzado niveles alarmantes: en 2023, 121,283 ecuatorianos salieron del país y no regresaron, mientras que en 2024 fueron 94,767. En el sector de la salud, los hospitales públicos enfrentan una severa escasez de insumos esenciales. En infraestructura, las carreteras presentan un estado de deterioro avanzado, y el país ha pasado de ser un exportador de energía eléctrica a enfrentar apagones de hasta catorce horas diarias. Estos factores han llevado a que Ecuador pase de ser considerado un referente en desarrollo económico y social a convertirse en un caso de estudio sobre los riesgos de la inestabilidad institucional y política.
La crisis actual no solo ha impactado la economía y el bienestar de la población, sino que también erosionó la confianza en las instituciones y el futuro del país. En este escenario, la reconstrucción del tejido social y la recuperación económica dependerán de la implementación de políticas sostenibles que prioricen el bienestar ciudadano sobre los intereses de sectores privilegiados. De lo contrario, Ecuador corre el riesgo de consolidar un ciclo de crisis recurrentes cuyo desenlace puede ser catastrófico.
*Augusto Xavier Espinosa Andrade es un académico, investigador y político ecuatoriano con una sólida trayectoria en el ámbito educativo y de las políticas públicas. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y poseedor de dos maestrías —una en Economía con mención en Política Económica y Desarrollo por FLACSO y otra en Administración con especialización en Finanzas por el ITESM—, ha ocupado cargos de relevancia en el sector público, como ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (2012-2013) y ministro de Educación (2013-2016), donde lideró importantes reformas en el sistema educativo nacional. Su experiencia también se extiende al ámbito académico, habiendo impartido clases en instituciones de prestigio como FLACSO, la PUCE y la Universidad San Francisco de Quito.
