Inseguridad, narcoestado, y neo – reaccionarismos en el Ecuador del Banano – Por Hugo Ramiro Ortiz Puebla
Inseguridad, narcoestado, y neo – reaccionarismos en el Ecuador del Banano
Por Hugo Ramiro Ortiz Puebla*
Ecuador comienza el año 2025 con uno de los índices de violencia más altos de la región. Según cifras del Ministerio del Interior (2025), entre el 1 y el 26 de enero se registraron aproximadamente 658 muertes violentas, lo que equivale a un asesinato cada hora. Entre las víctimas se cuentan políticos de renombre, empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad, ciudadanos de la sociedad civil y miembros de grupos de delincuencia organizada, entre otros (Gallup, 2024).
Si comparamos los primeros 26 días de enero en los últimos años, observamos un aumento significativo en la violencia. En 2022 se registraron 275 muertes, en 2023 la cifra ascendió a aproximadamente 433, en 2024 se reportaron alrededor de 423 asesinatos, y en 2025 el número alcanzó un alarmante total de 658 muertes violentas, lo que representa un incremento del 56%. (González, 2025). La penetración de los Grupos Armados Organizados (GAOs) [1], los Grupos de Delincuencia Organizada Transnacional (GDOT) [2], y los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) [3] se encuentra entre las principales causas del aumento de la criminalidad. A esto se suma la ausencia de un enfoque integral que atienda las condiciones que han facilitado la expansión de la violencia.
Es fundamental comprender que el caso ecuatoriano se desenvuelve en dos dimensiones. La primera, entre 2007 y 2017, cuando el país fue reconocido como uno de los tres más seguros de la región. Este logro respondió a la implementación de políticas públicas en justicia, fortalecimiento logístico y mejora del trabajo policial, pero, sobre todo, a un enfoque integral que abordó desde la reducción de la desigualdad y la pobreza hasta el fomento de la educación, la profesionalización y la promoción del deporte y la cultura (Gobierno, 2013).
En el sector justicia, la reducción de la tasa de homicidios estuvo directamente relacionada con una mayor eficiencia del sistema judicial. Entre 2011 y 2016, el número de jueces por cada 100.000 habitantes aumentó de 1.152 a 2.083, mientras que la cantidad de fiscales creció de 599 a 849. Este fortalecimiento institucional permitió un incremento significativo en la resolución de causas judiciales: en 2008, de las 245.490 causas ingresadas, solo se resolvieron 70.277; en contraste, en los años siguientes, el número de casos ingresados ascendió a 625.360, con 801.230 causas resueltas, considerando aquellas acumuladas de años anteriores.
A esto se sumó la implementación de un modelo de gestión penitenciaria que integró a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en el sistema nacional de educación, beneficiando a 8.125 internos hasta 2016. Paralelamente, se suscribieron acuerdos con el Ministerio de Trabajo, logrando que 17.986 PPL fueran vinculados a actividades laborales, mientras que 12.898 participaron en actividades deportivas en coordinación con el Ministerio del Deporte. Estas medidas contribuyeron a una notable reducción de la población penitenciaria sin sentencia condenatoria, que pasó del 71% en 2007 al 26% en 2015.
Todas estas acciones, junto con la creación de los ministerios coordinadores y del ECU 911, permitieron una coordinación intersectorial en seguridad, vigilancia y emergencias, logrando una significativa reducción en la tasa de homicidios, que pasó del 17,79 por cada 100.000 habitantes en 2006 al 5,7 en 2016. De manera similar, la tasa de asesinatos con armas de fuego disminuyó del 11,7 por cada 100.000 habitantes en 2010 al 2,7 en 2016. Además, durante este periodo se incautaron aproximadamente 308,5 toneladas de droga, se decomisaron más de 44.000 armas de fuego y se desarticularon 3.911 organizaciones delictivas.
La segunda dimensión, a partir de 2017, se caracteriza por la desarticulación de la presencia del Estado. En este contexto, en mayo de ese año, el entonces presidente Lenín Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 7, mediante el cual se dispuso el cierre de los ministerios coordinadores, incluido el de Seguridad, poniendo fin a la coordinación intersectorial en esta materia. La justificación para esta decisión fue la necesidad de un ahorro fiscal significativo; sin embargo, según el Observatorio de Gasto Público (2018), la reducción no representó un ahorro sustancial. Comparando los primeros meses de 2017 y 2018, el gasto pasó de 2.860.204.893,19 dólares en 2017 a 2.896.193.866,59 dólares en 2018, evidenciando un ligero incremento en lugar de una disminución.
La desarticulación del sector seguridad responde, en gran medida, a la captura del Estado por parte de élites económicas y políticas, así como al resurgimiento de la intervención neoliberal en la sociedad ecuatoriana. Siguiendo a Inés Nercesian (2020), la consolidación de intereses hegemónicos y la restricción del rol del Estado son dos de las manifestaciones más evidentes del proceso de apropiación de lo público por parte de las élites. Este fenómeno suele estar acompañado de mecanismos como el lobby, el financiamiento electoral de candidaturas, la posesión o movilización de los medios de comunicación y el lawfare, estrategias que facilitan la influencia de estos grupos en la formulación de políticas públicas, especialmente en el ámbito económico.
Esta dinámica no ha sido ajena al caso ecuatoriano. En el ámbito político-mediático, la consulta popular de 2018 utilizó varios de estos mecanismos para proscribir a líderes y lideresas progresistas, respaldando posteriormente su exclusión a través del sistema judicial. Al mismo tiempo, gran parte del gabinete presidencial promovió leyes como la Ley de Fomento Productivo, que, bajo el argumento de reducir el déficit fiscal, implementó medidas de ajuste mientras otorgaba exenciones tributarias a grandes grupos empresariales y transnacionales, beneficiando además a sectores importadores.
No es sorprendente, entonces, que el sector empresarial y financiero haya resultado beneficiado por estas políticas, que, además, facilitaron la alternancia entre lo público y lo privado en favor de los grandes capitales. Este fenómeno, ampliamente documentado y conocido como ‘puerta giratoria’, tuvo en Ecuador un ejemplo emblemático con Richard Martínez, exministro de Finanzas del gobierno de Lenín Moreno, quien, tras haber gestionado el pago de 325 millones de dólares a tenedores de deuda en plena crisis sanitaria por la COVID-19, terminó incorporándose al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con los gobiernos subsiguientes, primero el del banquero Guillermo Lasso y luego el del empresario Daniel Noboa, la crisis de seguridad no solo no mejoró, sino que se agravó aún más. Los índices de criminalidad aumentaron en paralelo con los de pobreza, afectando principalmente a las provincias costeras y amazónicas. El deterioro en seguridad ya era evidente durante el gobierno de Lenín Moreno. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Guayaquil, una de las ciudades más golpeadas por el crimen organizado, la tasa de homicidios pasó de 5,0 en 2017 a 47,8 por cada 100.000 habitantes en 2022. A nivel nacional, la tasa de homicidios, que en 2016 era de 5,8, ascendió al 13,9 en 2022, lo que representa un incremento del 78,2% (Peralta, 2023). Para 2023, esta cifra superó los 47,25 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2024 la tasa se ubicó en 38,76.
«En este contexto, el miedo y la incertidumbre se han apoderado de la sociedad ecuatoriana. Los grupos armados han infiltrado diversas instancias del país, alcanzando niveles alarmantes de poder. Un ejemplo claro de esta crisis ocurrió el 9 de enero de 2024, cuando un grupo criminal irrumpió en las instalaciones de TC Televisión, vandalizando el set en plena transmisión en vivo, golpeando a camarógrafos y amenazando a los presentes. Este acto no solo evidenció la creciente impunidad, sino que envió un mensaje contundente sobre el control que estas organizaciones han llegado a ejercer.
Tomando prestado el concepto de capitalismo gore de Sayak Valencia (2010), este modelo de acumulación resulta clave para analizar la escalada de violencia e inseguridad que atraviesa el país. Se trata de un sistema que explota el miedo y se sostiene en la violencia, el narcotráfico y la necropolítica, permitiendo la incorporación de mercados ilegales a los legales o, en su defecto, su correlación para garantizar su funcionamiento. De estos modelos emergen los llamados ‘sujetos endriagos’: individuos que emplean la violencia como mecanismo de autoafirmación y supervivencia, y que apuestan por la consolidación de narcoestados, donde las leyes y las lógicas de poder se imbrican con el ejercicio de la violencia.
En sociedades de esta naturaleza, no resulta sorprendente que la necropolítica —derivada de la biopolítica de raigambre foucaultiana— se convierta en la matriz operativa de los gobiernos de turno. En este contexto, Lasso y, en mayor medida, Noboa, han recurrido de forma sistemática a estados de excepción, la militarización de la sociedad, la hipervigilancia y la emisión de decretos de emergencia. Estas estrategias no solo representan un riesgo para la democracia y la estabilidad del país, sino que también evidencian un modelo de gobierno que no tiene como objetivo la administración de la vida ni la producción de cuerpos, como en la lógica biopolítica del ‘hacer vivir’, sino más bien un ejercicio de poder fundamentado en el ‘dejar morir’, característico de la necropolítica.
En consecuencia, el control sobre sociedades como la ecuatoriana no se ejerce únicamente desde el Estado, sino a través del miedo, administrado por redes de información, bases de datos y flujos financieros. No existe un único Gran Hermano orwelliano, sino múltiples, con ojos en todas partes, dispuestos a dosificar el temor mediante vastas maquinarias de propaganda segmentada, operadas por empresas de escucha social y análisis de big data al servicio del gobierno de turno. La militarización, convertida en un mecanismo de vigilancia permanente, obliga a los individuos a demostrar que no son “enemigos”; y, si lo fueran, son capturados, violentados o desaparecidos, como ocurrió con los cuatro niños de Las Malvinas, desaparecidos en diciembre de 2024 en Guayaquil.
La política criminal se ha vuelto selectiva: declara la guerra al narcotráfico mientras las cúpulas de poder y las élites políticas permanecen infiltradas. La militarización avanza con una celeridad implacable, en contraste con la lentitud de los procesos contra la corrupción. Citando a Gilles Deleuze (2014), en las sociedades de control ‘el hombre disciplinario era un productor discontinuo de energía, pero el hombre de control es ondulatorio, está en órbita, en una red continua’. Este nuevo orden no opera mediante prohibiciones rígidas, sino a través de una vigilancia difusa e incesante, donde el castigo no es inmediato, pero la sumisión es constante.
La política de seguridad fallida, la militarización, el terror, la violencia y el narcotráfico forman parte del relato de los gobiernos neoliberales y neorreaccionarios que, amparados en una ideología oscura y en ascenso, han construido una crítica radical a los principios de la Ilustración y la democracia liberal. Desde esta perspectiva, la democracia es tachada de ineficaz, mientras que la justicia social y la igualdad de derechos son consideradas antinaturales. En su lugar, gobiernan bajo el autoritarismo y la jerarquía.
Siguiendo a Nick Land (2019), los neorreaccionarios no solo se presentan como outsiders, sino que adoptan un discurso abiertamente crítico contra la izquierda, descalificando a toda oposición bajo la etiqueta de ‘comunista’. Paralelamente, promueven medidas económicas neoliberales favorables a las grandes corporaciones, impulsando propuestas como la eliminación de los Bancos Centrales o hipotecando el futuro de sus ciudadanos mediante constantes endeudamientos con el FMI. Noboa, Bolsonaro, Milei, Trump: todos neorreaccionarios, todos aliados y herederos de los grandes poderes económicos, y todos, en última instancia, antidemocráticos.
Por último, y parafraseando a Michel Foucault, ‘donde hay poder, hay resistencia’, y es precisamente en la resistencia donde radican las posibilidades de un nuevo país, de un nuevo Ecuador. Porque, al final, no se trata solo de la inseguridad, sino de las condiciones de vida de la población, de la dignidad de un pueblo que ha sufrido demasiado, de generaciones a las que les arrebataron el futuro. Se trata, sí, de mejorar las condiciones económicas, pero también de librar una batalla ideológica desde las bases populares, desde quienes aún pueden luchar por un país más justo y equitativo. No se trata de restaurar lo viejo, sino de construir lo nuevo.
1. Se trata de grupos con una estructura militarizada, cuyo accionar está orientado a fines políticos, económicos y de control territorial. Operan en zonas donde la presencia del Estado es mínima y sus principales actividades delictivas incluyen la disputa por el territorio. Pueden actuar como insurgentes y, con frecuencia, se enfrentan a las fuerzas del orden estatales.
2. Se trata de organizaciones con nexos internacionales y redes de influencia que trascienden fronteras, operando con una estructura casi empresarial que sustenta sus actividades ilícitas. Su objetivo principal es el lucro económico, y su accionar delictivo se centra en el tráfico de drogas, armas y personas, así como en el lavado de dinero, llegando a funcionar como verdaderas corporaciones criminales. Su influencia se extiende a instituciones del Estado y, con frecuencia, contratan a los GDOs como fuerzas de choque.
3. Son grupos de alcance nacional y local, con una estructura menos jerarquizada y vinculados a organizaciones criminales más grandes y transnacionales. Su radio de acción está limitado a las zonas donde operan, y sus actividades delictivas incluyen sicariato, extorsión, cobro de vacunas, secuestro y narcotráfico, entre otros.
* Internacionalista y politólogo por la Universidad Internacional del Ecuador, Magíster en Gobierno y Especialista en Estudios Políticos por la Universidad de Buenos Aires, y Candidato a Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.
