Ecuador | La defensa de Jorge Glas responsabiliza al Gobierno ante cualquier atentado contra la vida del exvicepresidente en la cárcel
Defensa de Jorge Glas responsabiliza al Gobierno de Daniel Noboa y a la Fiscalía de cualquier atentado en la cárcel contra la vida del líder correísta
La defensa internacional del exvicepresidente Jorge Glas responsabiliza al Gobierno de Daniel Noboa y a la Fiscalía General del Estado de cualquier atentado contra la vida del líder correísta en el interior de la cárcel de máxima seguridad La Roca, de Guayaquil. Así lo dio a conocer mediante un video colgado en la red social X Aitor Martínez, uno de los abogados que integran la representación legal de Glas.
El excompañero de fórmula presidencial de Rafael Correa se encuentra en La Roca desde el 6 abril de 2024 cumpliendo lo que le resta de una pena unificada de ocho años de prisión por los casos de corrupción Odebrecht y Sobornos 2012-2016, además de una orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí. Hasta allí fue llevado luego de ser detenido por agentes policiales y militares en el interior de la Embajada de México en Quito.
“La defensa de Jorge Glas quiere denunciar que cualquier atentado a la vida o integridad de Jorge Glas, quien se encuentra bajo custodia penitenciaria del Estado, será responsabilidad única y exclusiva del Gobierno ecuatoriano y, por extensión, de la Fiscalía General, como poder público que le debe protección. Denunciamos la campaña en redes dibujando un potencial asesinato de Jorge Glas desde la Revolución Ciudadana, al igual que denunciamos que esa campaña haya sido avalada por el Gobierno a través de las declaraciones del ministro (de Gobierno, (José) de la Gasca”, sostuvo Martínez.
En su comunicado oral, el abogado explicó que desde hace unos días comenzó una campaña en redes sociales con una idea “disparatada” de que la Revolución Ciudadana tendría la intención de asesinar a Jorge Glas en prisión para culpar así al Gobierno en el marco de este proceso electoral. Esa supuesta campaña en redes, sostuvo, habría sido recogida por el ministro de Gobierno, José de la Gasca, lo que, para el abogado de Glas, comenzó a dotar de coherencia a la campaña.
“El ministro José de la Gasca afirmó que, efectivamente, no le extrañaría que se registraran intentos de asesinato de Jorge Glas para culpar así al Gobierno. Pero lo más alarmante es que, desde la defensa de Jorge Glas, hemos conocido que en estos días la Fiscalía, en concreto la Unidad Especializada en la Delincuencia Transnacional, ha abierto una investigación en la que se tiene a Jorge Glas en calidad de víctima y, eventualmente, a la Revolución Ciudadana como potencial agresor a su vida”, refirió el profesional español.
Martínez recordó que organismos internacionales de derechos humanos han pedido la libertad del líder correísta. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendría vigentes medidas cautelares a favor de Glas desde 2019 y la Relatoría de la ONU contra la Tortura se dirigió a Ecuador hace poco solicitando medidas alternativas a la prisión por la situación de riesgo para la vida del exacompañante de Correa.
Por otra parte, más de tres meses después de que la jueza del Guayas Marcela Ortega inadmitió una acción de protección presentada por Jorge Glas contra el presidente de la República, Daniel Noboa, y la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, por no entregar el salvoconducto para que sea trasladado a otro país para que se beneficie del asilo otorgado por el Gobierno de México, un tribunal de la Corte Provincial del Guayas desestimó la apelación interpuesta contra la decisión inicial.
Ortega, a finales de septiembre pasado, inadmitió la acción de protección planteada por el excompañero binomial de Rafael Correa por no ser competente en razón de territorio para conocer los hechos suscitados en la petición, la cual señala que el 5 de agosto pasado México envió al Gobierno del Ecuador la solicitud para que este último emita el salvoconducto a favor de Glas, en su calidad de beneficiario de “asilo diplomático”, a fin de que sea entregado y trasladado a un tercer país conforme a la Convención de Caracas de 1954.
En cambio, en enero pasado, los jueces Ricardo Ramos (ponente), Carmen Vásquez y Leonardo Rosillo recogen en su resolución unánime que la defensa de Glas plantea la apelación al estar en desacuerdo con el auto de inadmisión y expresa que esa decisión es incorrecta porque la presunta infracción a derechos constitucionales se producen por la omisión por parte del presidente Noboa, como responsable de definir la política exterior del Ecuador, para emitir el salvoconducto solicitado por el Gobierno de México y porque la no emisión del salvoconducto produce sus efectos, primordialmente, en el sitio donde se encuentra el asilado diplomático beneficiario del salvoconducto, esto es, la ciudad de Quito.
https://twitter.com/sonicorver/status/1886035068218470742?
En octubre último, el Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante un comunicado, anunció que Jorge Glas y Rafael Correa fueron declarados como no elegibles para ingresar a ese país por participar en actos de corrupción significativos cuando gobernaron. La decisión también alcanza a la familia (esposa, exesposa e hijos) de ambos exmandatarios, de quienes se dice abusaron de sus cargos como presidente y vicepresidente de Ecuador al “aceptar sobornos, incluso mediante contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables”.
Jorge Glas dentro del caso Reconstrucción de Manabí, en el que es procesado junto con ocho personas más por el delito de peculado, desde el 20 de diciembre pasado se encuentra a la espera de que el conjuez de la Corte Nacional de Justicia Marco Aguirre convoque para reinstalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se conozca si declara la validez procesal o define que existe alguna nulidad que afecte todo lo actuado por la Fiscalía dentro de la instrucción fiscal.
De declararse la validez procesal en el caso Reconstrucción de Manabí, sería el turno de la Fiscalía para fundamentar su dictamen acusatorio contra los nueve exfuncionarios del Gobierno correísta que son procesados
