Derechos humanos en Colombia: una construcción del poder popular – Por Elena Freedman
Derechos humanos en Colombia: una construcción del poder popular
Por Elena Freedman*
Históricamente, Colombia ha tenido uno de los índices de desigualdad más altos en el continente americano. Según el último cálculo del índice Gini (2023), es el país con mayor desigualdad en el continente americano y el tercero más desigual del mundo, solo detrás de Sudáfrica y Namibia. Por esto, no es sorprendente que la vulneración de los Derechos Humanos siga siendo una tremenda herida en el país. La desigualdad es casi siempre progenitora de la violación de derechos, en cualquier ámbito de su aplicación.
El pueblo colombiano que salió masivamente a las calles durante el estallido social de 2021 para exigir el cambio de las condiciones de injusticia, ha visto unos tímidos avances durante el gobierno de Gustavo Petro pero aún sin las transformaciones necesarias para gozar de los derechos básicos, pues esto requeriría una ruptura con el sistema que genera las vulneraciones y el marco de relaciones geopolíticas que lo sostiene. En 2009, Colombia y Estados Unidos sellaron su alianza con el Plan Colombia y el acuerdo de operatividad militar de los Estados Unidos en por lo menos 50 bases y puntos estratégicos del país. Ocho años después, el país entró al OTAN como socio global, el primero en América Latina. Y, a pesar del momentáneo altercado entre Petro y Trump en el contexto de las degradantes deportaciones recién pasada, Colombia no ha dejado de ser el “eje de todo el hemisferio sur y un socio esencial” del imperio estadounidense, tal como planteó el Comando Sur en 2022 y que hoy ve esta alianza reflejada en el avance acuerdos sobre territorios como el Caribe, el Pacífico y la Amazonia. En este contexto, y con el espaldarazo imperial para la oligarquía que colabora con sus transnacionales, es muy difícil imaginar un escenario de grandes avances en materia de derechos.
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
El Estado colombiano cuenta con numerosos instrumentos para dar cuenta de la situación de los Derechos Humanos en el país. El sistema nacional de DDHH posee un complicado entramado institucional que incluye una comisión intersectorial, subsistemas, una secretaría técnica e instancias territoriales. Aun así, es muy difícil conseguir información actualizada sobre el panorama actual en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca).
La inclusión del campesinado como sujeto de derechos y de especial protección en la Constitución (2023) representa un avance importante para esta clase social. Se espera que esto tenga un impacto en la desigualdad en el acceso a la tierra, ya que, según Oxfam, el 1 % de la población en Colombia posee el 81% del territorio.
Sin embargo, las grandes propuestas de reforma social con las que el gobierno de Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, encaminadas a mejorar la situación de los derechos a la salud y los derechos laborales, entre otros, lastimosamente no han logrado convertirse ni en ley ni en política pública.
Finalmente, para que los derechos ambientales y de salud se cumplan, es necesario un cambio de sistema que deje atrás la contaminación del aire y del agua, pero también que recupere la cultura y cotidianidad originaria que han sido destruidas por el extractivismo. Esto requiere una ley de minería que no permita el uso de químicos como el mercurio y el cianuro, y una ley en materia de soberanía alimentaria que sustituya los agroquímicos, los pesticidas y las semillas transgénicas por otros insumos y métodos.
Derechos de la Mujer
Según el informe presentado por Colombia en 2024 para el cumplimiento de la Declaración de Pekín (1), los derechos de las mujeres han sido de los que más avances han experimentado en este período. Muestra de ello, en el ámbito institucional, es la creación del Viceministerio de la Mujer, un Sistema Nacional de Cuidados, la generación de estadísticas de género y la ratificación del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, tal como lo establece la Sentencia de la Corte Constitucional sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
El mismo informe plantea los grandes desafíos para las mujeres: imaginarios y cultura sexista, violencia de género, exclusión de las mujeres racializadas y de grupos étnicos, barreras de acceso a la justicia, atención integral y protección, capacidades institucionales y articulación nación-territorio, autonomía económica de las mujeres y la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016.
A pesar de lo anterior, La Defensoría del Pueblo registra un total de 745 feminicidas entre enero y octubre del 2024, 44 en contra de niñas y 11 en contra de población trans. Según esta institución, entre enero a septiembre del año pasado, se denunciaron 26.605 casos de violencia de pareja y 33 de trata de personas.
Derechos Internacionales Humanitarios: Los crueles datos
Según Front Line Defenders, Colombia concentró casi la mitad de los asesinatos mundiales de defensores de Derechos Humanos en 2023. En el año 2024 fueron asesinados 173 líderes sociales, 31 firmantes de paz y se cometieron 76 masacres, con 267 víctimas (Indepaz, 2024). Estos casos incluyen situaciones de tortura, feminicidio y otras situaciones grotescamente “irregulares”. La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (Unocha) registró a 176.500 personas desplazadas y 128.459 confinadas en 2024. La Cruz Roja Internacional documenta 78 casos de personas desaparecidas, el 65 % de estos casos en los departamentos de Cauca y Arauca, en los primeros cinco meses de 2024. Y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en su revista Noche y Niebla, No. 68, hace hincapié en que “las estadísticas de 2022 revelan 426 incidentes de violencia contra la población LGBTIQ+, incluyendo 66 dirigidos contra personas defensoras de derechos humanos. En 2023, la cifra de homicidios contra personas líderes LGBTIQ+ aumentó en un 12 %”.
Emergencia Humanitaria y Paramilitarismo
Estos datos dan cuenta de una Emergencia Humanitaria en el país, que las comunidades y sus organizaciones sociales han venido planteando desde hace más de dos años.
Su planteamiento está retomado en el Informe de la Caravana por la Vida, por la Paz y por la Permanencia en el Territorio, 2024: Hoy como ayer, el paramilitarismo (https://caravanas.redcolombia.org) (2). Este informe explica que “la desmovilización de los grupos paramilitares pactada en 2005 no significó su fin; al contrario, fue un proceso de reconfiguración y afianzamiento en casi todas las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales del país”. El Clan del Golfo (conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Ejército Gaitanista, como ellos se auto nombran buscando estatus político dentro de la Paz Total) “tiene un crecimiento exponencial y, entre 2023 y 2024, el grupo creció un 18 %”, de acuerdo a la Fundación Paz y Reconciliación. La mayor fuerza paramilitar en el país “tiene presencia en 305 municipios y cuenta con un portafolio de economía criminal mucho más grande que el de cualquier otro grupo armado”.
Es importante recordar que el paramilitarismo se engendró en Colombia a raíz de una doctrina de Seguridad Nacional impuesta por los Estados Unidos y adoptada gustosamente por la oligarquía y el Estado colombiano en los años 60 del siglo pasado, en su lucha contrainsurgente. Su fundamento fue el concepto de “enemigo interno”, que hasta el día de hoy está en el centro de esta doctrina. Dicho “enemigo interno” era y es el concepto utilizado para descalificar y perseguir a aquellos sectores que se oponen al sistema imperante en el país, a las tremendas injusticias que genera y a esta terrible alianza a favor del gran capital.
El informe Hoy como ayer, el paramilitarismo sintetiza:
El paramilitarismo es un proyecto económico y armado que se sostiene y reproduce a través de sofisticados mecanismos políticos, sociales, económicos, culturales y militares que tienen el propósito de garantizar el control territorial y la coerción de la población, para defender los intereses de élites y sectores políticos y económicos criminales que se lucran del narcotráfico, el “gota a gota”, el negocio de armas, el extractivismo, la trata de personas, el comercio sexual, entre otros.
No se puede leer los datos antes citados independientemente de la existencia del paramilitarismo, pues esto viene siendo un aparato, como insinúa el mismo nombre, que hace algunos de los trabajos más sucios del Estado, pero también de las transnacionales. El modelo económico actual de Colombia sigue siendo dominado por el fortalecimiento de empresas extranjeras dedicadas principalmente al extractivismo de distintos tipos (minería, extracción petrolera, monocultivos, etc.) que requieren despoblar grandes extensiones de tierra, ríos y mares para aumentar sus riquezas. Por otro lado, el paramilitarismo no ha abandonado nunca su cometido original: ser un apoyo a las fuerzas armadas colombianas en la lucha contra las insurgencias colombianas. En esto, su principal rol hoy en día es declarar al movimiento social como objetivos militares y actuar en su contra.
Derechos humanos y poder popular
Abordar el tema de los Derechos Humanos en Colombia no es alimento para el optimismo. Es un ejercicio de denuncia permanente y de grito profundo contra la injusticia. Sin embargo, en todo el país, comunidades y organizaciones sociales van ensayando experiencias de poder popular que buscan dar respuestas a las necesidades reales de la población.
Apuestas como los Territorios Campesinos Agroalimentarios, comedores populares, las guardias interétnicas y populares para la auto protección comunitaria, las escuelas y los medios comunitarios, entre puestas de los movimientos sociales, son las semillas de otra sociedad que van marcando las transformaciones necesarias y la ruta acertada para desmantelar la desigualdad, garantizar los derechos humanos y poner otro rostro a Colombia.
1. Plan de acción internacional para garantizar los derechos de las mujeres que se adoptó en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas.
2. La Caravana Humanitaria por la Vida, la Paz y la Permanencia en el Territorio realizada en Colombia, entre julio y agosto de 2024, recorrió el Oriente antioqueño, Sur de Bolívar, Arauca, Chocó y Suroccidente. Fue una iniciativa realizada por solicitud de las comunidades y de las organizaciones sociales que trabajan con ellas, en la que participaron más de 100 organizaciones nacionales e internacionales.
*Freedman es educadora popular, internacionalista. Integra la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia – REDHER
