Ecuador, retroceso acelerado de la vida digna – Por Gissela Garzón Monteros

Ecuador, retroceso acelerado de la vida digna

Por Gissela Garzón Monteros*

Desde hace unos años, en el Ecuador no es extraño encontrarse con distintos titulares de prensa que dan cuenta de la situación crítica en materia de seguridad que vive el país. En lo que va del 2025, la situación no ha cambiado, todo lo contrario, se han intensificado, alcanzando niveles alarmantes, siendo el mes de enero el más violento de la historia del Ecuador, sumando más de 520 muertes violentas.

El factor común de la mayoría de las encuestas que rondan el país debela como principal preocupación la inseguridad, a su vez, el gobierno nacional ha actuado en función de dos ejes, que, dicho sea de paso, constituyen la fórmula del fracaso: militarizar la vida cotidiana de la sociedad ecuatoriana y abandonar las políticas sociales y estructurales que permitían una mayor cercanía de las capacidades del Estado y un abordaje integral del flagelo de la inseguridad.

La muestra más dolorosa y evidente de lo mencionado es el caso de los 4 niños de Las Malvinas. Ismael, Josué, Steven y Saúl tenían 11, 14 y 15 años, menores de edad hijos de familias afro, empobrecidas que, a pesar del racismo y la desigualdad latente, eran miembros activos de sus comunidades como estudiantes, deportistas de equipos de futbol federado y de fundaciones religiosas, pero, sobre todo, niños con nombre y con rostro, que hoy en día, se los han relegado a cifras indolentes de una tragedia.

Como cuenta la historia de nuestra región, y desde un enfoque más teórico sobre la criminología crítica, las políticas de Estado y de ajuste provenientes de la racionalidad neoliberal son las que han desplazado las políticas de bienestar por tácticas de castigo, las cuales emergen en la criminalización de la pobreza y un aumento del punitivismo que tiene como foco de intervención la sociedad. De ahí que las víctimas, las señaladas como culpables, así como sus familias y allegados, enfrentaron serias acusaciones y señalamientos de los sectores más conservadores de la población en defensa de las Fuerzas Armadas. Esta criminalización de la miseria, siguiendo a Loïc Wacquant, busca cambiar el enfoque de tratamiento de lo social de las políticas públicas a la represión policial y militar, sin embargo, todo este relato, deja por fuera lo obvio, que el caso de las Malvinas se trató de niños que fueron violentados y procesados como delincuentes, eran adolescentes que, por su color de piel, fueron maltratados, apresados.

Este modelo de seguridad basado en el uso de la fuerza y criticado desde la teoría del Estado Penal de Wacquant, no busca de ninguna manera la garantía de derechos y a la reducción de los niveles de violencia, sino que convierte a la fuerza pública en agentes de represión, en el martillo de las brujas de aquellos sectores excluidos y marginalizados. Esto último, muy en concordancia con el poder disciplinario y las sociedades de control de Foucault y Deleuze, da cuanta de como el Estado consiguió sustituir la seguridad ciudadana por lógicas de control, normalización y violencia institucionalizada, de ahí que los crímenes de Estado, la impunidad, los discursos de guerra, se justifiquen a través de declaraciones arbitrarias y abusos sistémicos.

Sin embargo, no todo está perdido, pues fueron las y los defensores de Derechos Humanos quienes sostuvieron un mensaje de dignidad pese a ser hoy señalados por el gobierno. Y es que, tal y como señala Aleksandra Kollontai, “ningún derecho ganado es eterno, cada generación debe luchar por mantenerlos vivos”. En este sentido, la doctrina de la seguridad humana, impulsada por la Organización de Naciones Unidas, y que pone de manifiesto que la protección de los individuos no depende del uso de la fuerza, sino de la garantía absoluta de una vida digna en términos económicos, políticos y personales, ha sido relegada a por reuniones esporádicas del llamado “Frente de Seguridad” del gobierno ecuatoriano, en donde se suelen presentar resultados de operativos varios, en tal virtud,  es común escuchar las cifras difundidas que van del 12% menos de muertes violentas al 17%, a la par, declaraciones de la Ministra a cargo, quien decía que hay “ahorro” de vidas, como  si la vida fuera un bien de consumo. No obstante, en el día a día, la realidad es distinta: robos en pequeños negocios, intentos de secuestro, secuestro extorsivo, muertes violentas en zonas populares y empobrecidas, amenazas y miedo.

El retroceso en materia de derechos humanos es palpable y la narrativa oficial que señala a la Constitución de la República como la causante del problema, siendo esta un parteaguas tanto en el reconocimiento de sectores olvidados y de la naturaleza, así como de la participación ciudadana en la toma de decisiones en las urnas. En concordancia con el derecho internacional y la normativa del Ecuador establece que las fuerzas del orden deben actuar sobre ciertos principios fundamentales, como la legalidad, la proporcionalidad y acorde con la necesidad. El caso de los niños de las Malvinas viola uno por uno aquellos principios básicos, la violencia institucionalizada y el modelo punitivo selectivo, afecta a toda la sociedad en su conjunto, dejando de lado, tal vez, una de las máximas de sociedades que se consideren civilizadas y democráticas, es decir, que la seguridad no se construye a través de un mayor empleo de policías y militares, sino de política integrales enfocadas en educación, empleo, viviendo y dignidad.

Este retroceso impacta directamente a sectores que han luchado durante años por el reconocimiento de sus derechos y la atención oportuna a sus necesidades. Ecuador ha sido reconocido por contar con un marco legal que promueve la participación de las mujeres en todos los ámbitos; sin embargo, la realidad dista mucho del papel. Según datos de Fundación ALDEA, desde que el femicidio fue tipificado como delito en 2014, se han registrado 1.980 casos, sin contar con un subregistro significativo derivado de las deficiencias del sistema de justicia. La participación política de las mujeres sigue siendo un desafío ante la constante violencia que enfrentan quienes asumen roles de decisión, afectando también a representantes de pueblos y nacionalidades, así como a mujeres de las diversidades sexogenéricas.

El acceso a servicios básicos no presenta un panorama más alentador. La Constitución establece la obligación de incrementar anualmente los recursos destinados a salud y educación en función del crecimiento poblacional, pero este mandato no se cumple. Esto limita el acceso a derechos esenciales y obstaculiza la culminación de procesos educativos. En un país con un alto índice de analfabetismo digital, la pandemia profundizó el abandono escolar en los niveles básico, medio y superior, mientras que la inversión en infraestructura educativa y la creación de nuevas carreras ajustadas a las demandas contemporáneas siguen rezagadas.

Las políticas neoliberales implementadas en los últimos ocho años han generado una nueva ola migratoria. A diferencia del éxodo provocado por el feriado bancario de 1999-2000, esta vez miles de ecuatorianos han sido forzados a buscar un futuro en Estados Unidos, emprendiendo la peligrosa travesía por la selva del Darién. A esto se suma el endurecimiento de las políticas antimigrantes de Donald Trump, ante el cual el gobierno de Daniel Noboa ha guardado un silencio cómplice, mientras vende como un «logro nacional» su asistencia a la toma de posesión del mandatario estadounidense.

El rotundo fracaso del modelo neoliberal demuestra que sostener un proyecto de país con un enfoque basado en derechos humanos no es tarea fácil, sobre todo cuando se enfrenta a poderosos intereses que buscan perpetuar la desigualdad. Sin embargo, es lo correcto. En un mundo cada vez más polarizado, urge un nuevo rumbo. La reciente postura de México, Colombia y Brasil, fortaleciendo sus lazos con potencias como China y Rusia, desmiente la narrativa dominante y deja claro que otro orden mundial, más justo y equitativo, no solo es posible, sino necesario. La historia nos ha demostrado que desde el sur podemos construir nuestro propio destino con autonomía, soberanía y dignidad.

*Mujer de izquierda, Comunicadora Social y militante de la Revolución Ciudadana desde los 15 años. Asambleísta electa por el Distrito 4 de Pichincha. En las aulas universitarias se destacó como dirigente estudiantil y desde la Asamblea Nacional aportó en el debate público para impulsar leyes en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Mantiene un trabajo activo de acompañamiento a las víctimas de violencia de género y en particular con las madres de mujeres víctimas de femicidio.