Gremios y sectores empresariales convocan a paro para el 10 de febrero tras disposición del Gobierno que permite decomisar productos
Gobierno no derogará disposición séptima y empresarios van al paro
No hay miras de solución al conflicto entre el sector empresarial y el Gobierno por la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Este párrafo, otorga facultades confiscatorias al Poder Ejecutivo para decomisar mercadería y productos que considere que son acopiados con fines especulativos.
La medida es rechazada por los empresarios, e incluidos los gremialistas. Ellos sostienen que atenta contra la propiedad privada porque instruye el decomiso de mercadería de forma discrecional, sin considerar el funcionamiento de la logística comercial ni los tiempos habituales de almacenamiento.
Ante esto más de una decena de instituciones empresariales exigieron la abrogación de esta disposición, caso contrario realizarán un paro movilizado de 24 horas este 10 febrero.
En tanto, el Gobierno anunció que no derogará esta normativa porque el presidente Luis Arce Catacora no tiene la atribución de abrogar, derogar o dejar sin efecto la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Rechazo unánime
En la víspera, el Gobierno convocó a los sectores que rechazan la aplicación de esta medida a discutir su reglamentación. Ante este llamado, las organizaciones empresariales decidieron realizar una reunión multisectorial en Sucre. En este encuentro participaron representantes de productores, transportistas, gremiales y exportadores, entre otros, además de representantes cívicos de Chuquisaca y Potosí.
César Gonzales, dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, señaló que además de exigir la derogación de la polémica disposición también se está pidiendo al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “poner sus buenos oficios de inmediato” para derogar dicha disposición y se presentará una propuesta de ley para hacer efectiva la disposición.
Los representantes del sector productivo cuestionan la necesidad de la Disposición Adicional Séptima, argumentando que ya existen sanciones contra el agio y la especulación.
Consideran que la inclusión de esta disposición en el PGE se realizó de manera encubierta y sin la debida consulta a los actores afectados. Asimismo, denuncian atropellos y extorsiones que, lejos de resolver problemas como la escasez de divisas e hidrocarburos, agravan la crisis económica.
En caso de no ser escuchados, los sectores anunciaron que organizarán un paro movilizado nacional de 24 horas el 10 de febrero.
Klaus Frerking, vicepresidente de la CAO expresó la preocupación del sector ante la disposición séptima, calificándola como una medida confiscatoria que atenta contra la seguridad jurídica.
Exigió tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo que trabajen en garantizar certeza y estabilidad para los productores bolivianos, subrayando que la derogación de dicha disposición es necesaria para proteger la cadena productiva y alimentaria del país.
“Participamos en numerosas mesas de diálogo con el Gobierno, pero ahora necesitamos acciones concretas. Es fundamental que el Ejecutivo y el Legislativo actúen para restablecer la confianza del sector productivo”, dijo.
No se derogará disposición
En este contexto, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, recordó que el presidente Luis Arce no tiene la atribución de abrogar, derogar o dejar sin efecto la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE), que busca combatir el agio y la especulación.
En ese sentido, recalcó que cualquier demanda en ese sentido debe dirigirse a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Nos hubiera encantado conocer los criterios técnicos y jurídicos que empresarios, transportistas y gremialistas tienen para pedir al presidente que derogue o abrogue esta disposición, sabiendo que la Constitución no le otorga esa facultad. El mandatario no puede modificar una norma con rango de ley; esa es una atribución de otro órgano del Estado”, explicó Silva.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que las entidades competentes podrán ejecutar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos cuando se detecte almacenamiento, retención o encarecimiento injustificado de productos alimenticios.
Empresarios, exportadores, agroindustriales y gremialistas rechazaron la normativa y descartaron participar en su reglamentación, tras la convocatoria del Gobierno a un diálogo para aclarar dudas y buscar consensos.
Silva enfatizó que esta disposición otorga respaldo legal a todos los niveles de gobierno para realizar operativos de control.
“Los propios industriales nos decían: ‘Nosotros producimos y distribuimos con normalidad, pero no podemos controlar a los mayoristas, porque una vez que nos pagan, tienen la factura y deciden dónde y cómo venderlo’”, relató Silva.
Encuentro multisectorial acuerda ir a paro nacional el 10 de febrero
La postura es firme, si el Gobierno no deroga la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, la cual dispone el decomiso de productos a quienes incurran en agio y especulación, varios sectores productivos del país acatarán a un paro movilizado nacional de 24 horas el próximo 10 de febrero.
“En caso de no ser escuchados y no proceder a la derogación, los integrantes de la cadena de abastecimiento, de la cadena productiva realizaremos un paro movilizado nacional de 24 horas el día 10 de febrero”, señala el punto cuarto del documento denominado “Determinaciones por la seguridad jurídica del abastecimiento de productos a la población”, emitido al cierre del tercer Encuentro Multisectorial realizado ayer en la ciudad de Sucre.
Representantes de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Cámara Boliviana de Transporte y Cámara Nacional de Industria (CNI), entre algunos, participaron del evento. También estuvieron presentes cívicos de Potosí y Chuquisaca.
Pero, ¿Qué establece la disposición adicional séptima de la mencionada ley? Esta faculta a las entidades competentes a “activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, detalló que el sector también concluyó “exigir” al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca “poner sus buenos oficios” para derogar la disposición. Con miras a lograr este cometido, en los próximos días presentarán una propuesta de ley.
NO IRÁN A REUNIÓN
El Encuentro Multisectorial determinó no asistir a “ninguna” reunión convocada por el Gobierno para abordar el tratamiento de su reglamentación.
Esto, tras que la administración de Luis Arce volvió a convocar a los sectores a una reunión para tratar la disposición séptima en debate, luego de lamentar que los empresarios no asistieron a dos citas previas fijadas para el 20 y 28 de enero.
“Ninguna de las instituciones integrantes de este ampliado, ni las que son parte de la cadena de abastecimiento asistirán a ninguna reunión para tratar la reglamentación de dicha disposición”, reza el punto quinto del docuemnto multisectorial.
A la conclusión del encuentro, los sectores pidieron al Gobierno “dejarlos trabajar”. Finalmente, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, dejó en claro que los empresarios “no especulan, no hacen agio, no conspiran y no hacen política”.
POSTURA DEL GOBIERNO
En días pasados el ministro de Justicia, César Siles, catalogó la postura de lo sectores como “más política que técnica”. “Lo único que pretende el Gobierno nacional es asegurar la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos esenciales para la población y la forma de hacerlo está dispuesto en normas anteriores a la Ley Financial”, aseveró el titular de Justicia.
Por su parte, en contacto con La Razón Radio, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, explicó que el presidente Luis Arce no tiene competencia para derogar, abrogar o dejar sin efecto una ley. Empero, existen recursos constitucionales que pueden ser analizados.
En esta línea, se conoce que el Gobierno trabaja en una “propuesta aclarativa” que consiste en un decreto supremo el cual excluya al sector gremial y al comerciantado minorista de esta disposición. Empero, hasta el momento nada fue oficializado desde la administración de Luis Arce.
