Guatemala: ¿A qué se enfrentan las promesas de cambio de Arévalo? – Por Igor Wagner y Constanza Cetraro
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Igor Wagner y Constanza Cetraro *
En la madrugada del 15 de enero de 2024 asumía la Presidencia Bernardo Arévalo con la promesa de terminar con la corrupción y la impunidad en Guatemala. Son pocos los que hoy creen que está ganando la batalla. El desafío para el 2025 es mostrar resultados concretos a la sociedad.
Llegó luego de 106 días de movilización en las calles ante las trabas judiciales para impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. El llamado Paro Nacional de 2023, motorizado por los pueblos indígenas y mestizos de distintos territorios de Guatemala, garantizó que se respetara el resultado legítimo de las urnas. Si en los cantones campesinos se vive con los índices más altos de pobreza, mediante el paro exigían que, al menos, se cumplieran las reglas de la democracia. Defenderla fue la bandera que unió a los distintos rincones del país.
Entre los demás partidos políticos que iban a competir y que fueron excluidos uno a uno por supuestas irregularidades, Semilla, el de Bernardo Arévalo, se le coló al sistema. Detrás de esas acusaciones estuvo siempre el Ministerio Público (MP), a quien este gobierno intentó hacer que rindiera cuentas de su funcionamiento. El primer año de gestión se fue en la disputa con este organismo.
Consuelo Porras, la fiscal general y jefa de este “quiste” en el sistema democrático de Guatemala, es el símbolo del que llaman “Pacto de Corruptos”. Por eso, muchos esperaban que removerla de ese puesto fuese lo primero en la agenda. El entramado legal que protege a este organismo, autónomo de los tres poderes, lo vuelve imposible. Incluso con una –cuestionada–renovación de Cortes. El reciente síntoma del altísimo poder del MP es, justamente, la acusación y posterior cancelación del partido Semilla. Así, “profundizar la democracia” y “terminar con la corrupción” todavía enmarcan las demandas de cambio y transparencia de los guatemaltecos.
“Mientras a la política y al Estado los manejen los mismos, es muy difícil que se tomen decisiones que mejoren la vida de la gente”, es el argumento de las principales organizaciones indígenas. “Desconocen la realidad de los pueblos”, afirman los 48 Cantones de Totonicapán, que velan por las problemáticas locales desde antes de la invasión española. Aquella desconexión es, justamente, la que ha resignificado las estructuras comunitarias –las alcaldías indígenas–, que conviven con el orden estatal muchas veces corrompible. Otros actores sociales, como el movimiento estudiantil y la Iglesia Católica, también mantienen sus exigencias activas y son conscientes de su capacidad de presión.
Esa percepción de injusticia va de la mano con otra: la falta de oportunidades para la gran mayoría de la población. Si bien la situación económica se ha normalizado luego de que las tomas de ruta, supuestamente impactaran en los precios de la canasta básica, la percepción es que no ha mejorado. El país productor de alimentos para la región no vio que la suba del salario mínimo compensara esa inflación. Esta brecha entre el costo de vida y los ingresos agravó el fenómeno de la migración. Al respecto de la promesa de deportaciones masivas hecha por Donald Trump, quien tomará posesión este 20 de enero, el presidente Arévalo aseguró que se están preparando acciones y herramientas para recibir y acompañar a las personas migrantes. Incluso, habrá programas para su reintegración laboral en Guatemala, según lo informado luego de la llamada “primera cosecha”.
Alrededor de 3 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos y la relación entre ambos países siempre fue estrecha: desde la admiración a la dependencia, Guatemala observa, espera y convive con “el Norte”. Desde Semilla afirman que el gobierno tiene buena comunicación con la embajada.
De hecho, recibieron su apoyo explícito y el de varios organismos internacionales para hacer cumplir la transición presidencial del 2024. Solo unos días antes del aniversario de ese proceso, el presidente condecoró al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con la Orden del Quetzal. Además, tienen intereses compartidos en torno a la migración y el fortalecimiento de la democracia; aunque difieren en los métodos con la nueva administración Trump.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca pone a Semilla en una situación compleja porque no mantienen una afinidad ideológica (la fiscal general Consuelo Porras es invitada a la asunción de D. Trump a pesar de ser considerada corrupta por el Departamento de Estado estadounidense). De todas formas, el equipo de Relaciones Exteriores en Washington viene construyendo vínculos con el ala republicana.
Ante todo, Guatemala se encuentra en una posición ventajosa con respecto a sus vecinos, porque va a continuar sin relaciones con el gobierno de China. “El gobierno del presidente no lo está considerando. El resto de Centroamérica sí: El Salvador, Honduras, todos los demás”, afirma Samuel Pérez, jefe de la bancada Semilla en el Congreso de la República.
Para el oficialismo los desafíos institucionales y sociales son complejos. Sin embargo, a esta altura consiguieron tender algunos puentes con otras fuerzas políticas y aprobaron un presupuesto histórico que proyecta un mayor margen de acción para el 2025. Estará enfocado en educación, salud e infraestructura. Otro logro que se suman es la sanción de la Ley de Competencia, que apunta directamente contra los monopolios empresariales y prevé impactar en los precios al consumidor.
En la primera conferencia de prensa de 2025, el ministro de Finanzas Jonathan Menkos, anunció que se espera un crecimiento del 4% en la economía. Este 6 de enero también resaltaron el récord de superar los 3 millones de turistas en 2024 y anunciaron estrategias para continuar expandiéndolo. En su Primer Informe de Gobierno el presidente celebra, al cumplir el año de su investidura, la inversión en remozamientos y distribución de útiles escolares.
En materia de salud, retomó la política existente de compra de medicamentos por parte del Estado, antes solo para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y ahora extendida al Ministerio de Salud –con la ayuda de la UNOPS–, con la posibilidad de reducir los precios hasta en un 89%. El gobierno apuesta por su plan estrella, Mi primera casa, que posibilita el acceso a créditos hipotecarios baratos -con tasas del 5 y 5,5%- a quienes perciban un ingreso entre 1 y 4 salarios mínimos a pagar en 40 años.
En un escenario político enmarcado por el hartazgo de la ciudadanía, la pregunta de por qué no aparecen figuras como Bukele, Milei o Trump en Guatemala es respondida por varios actores de la siguiente manera: el establishment no las necesita. Según el primer alcalde indígena de Quetzaltenango, Rigoberto Quemé Chay, ya controla todo el Estado, es decir, todas las instituciones están a su servicio. Aunque la promesa de transformación haya llegado a la Presidencia de este país, para Arévalo el Pacto de Corruptos -empresarios, políticos, fiscales y jueces- siguió operando de la misma manera. Eso los obligó primero a “hacer una limpieza profunda”, como, por ejemplo, en el Ministerio de Comunicaciones.
En el gobierno tienen en claro que para este segundo año de gestión necesitan resultados para mantener las esperanzas de transformación y poder enfrentar a los grupos de poder tradicionales enquistados en la política.
*Analistas de Prensa Comunitaria