El silencio del gobierno uruguayo ante el genocidio del pueblo palestino – Por Diego Roselli González
El silencio del gobierno uruguayo ante el genocidio del pueblo palestino
Por Diego Roselli González*
Estamos siendo testigos de los momentos más tensos de nuestro tiempo. Desde el año 2007, la inestabilidad económica mundial, las catástrofes ambientales, las pandemias y epidemias y los conflictos armados se han incrementado de manera acelerada. En los últimos años, el deterioro de la seguridad internacional es notable y se vislumbra en la cantidad de conflictos, que algunas estimaciones llegan a contar en más de cincuenta.
A su vez, los organismos internacionales encargados de mantener la paz están bloqueados o no tienen capacidad política real, ciertos países con armamentos nucleares actualizaron sus doctrinas, sentando las bases para el posible uso de misiles bajo determinadas condiciones.
Por su parte, la reciente escalada en Asia Occidental, con Israel y sus siete frentes, no augura escenarios alentadores, donde las instalaciones energéticas y nucleares están amenazadas y las potencias pertenecientes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se alinean detrás de los contendientes.
Lo sucedido hace un año en la frontera de Gaza cambió para siempre la historia de la región y del mundo. La operación Diluvio de Al-Aqsa, como se hizo llamar a la masacre y a la toma de rehenes llevada a cabo por Hamás y otras milicias de la Resistencia Palestina, responde, en primer lugar, a la larga historia de ocupación colonial. En segundo término a los ataques sufridos por las comunidades palestinas en torno a su lugar sagrado y tercero a que 2022 y 2023 fueron los años más letales para su población. Todo antes del 7 de octubre.
A su vez, las denuncias de apartheid, de ocupación colonialista, de detenciones administrativas y de centros de tortura en las cárceles israelíes, ya estaban presentes en las proclamas de diversas organizaciones sociales y políticas de la región latinoamericana y del mundo.
Por supuesto que este es un problema regional, pero también excede lo que pueda pasar entre Israel-Hamas, Israel-Palestina o Israel-Irán. La presente escalada tiene que ver con la reestructura del sistema internacional de la posguerra, donde la creación del Estado de Israel ocupó un lugar central en la reconfiguración posterior.
A un año del inicio de la Guerra de Sucot en la Franja de Gaza y en los Territorios Palestinos Ocupados, el Estado de Israel ha causado una destrucción completa. Según estimaciones de la Autoridad Palestina, hay aproximadamente 52.000 personas asesinadas, más de 100.000 heridos y más de 10.000 desaparecidos bajo los escombros entre la Franja de Gaza y Cisjordania.
Las cifras son catastróficas. 16.000 niñas y niños asesinados, 11.000 mujeres asesinadas, dos millones de personas desplazadas por la fuerza y un millón de personas enfrentan niveles alarmantes de inseguridad alimentaria. La revista científica The Lancet estima que la cifra de muertes provocadas por el conflicto llega a 186.000 personas.
Por su parte, fueron destruidas instalaciones de personal de la salud, al igual que los centros educativos y las instalaciones de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) y “más de 70 mil toneladas de explosivos fueron arrojadas por Israel sobre la Franja de Gaza.
Estamos siendo testigos de los momentos más tensos de nuestro tiempo. Desde el año 2007, la inestabilidad económica mundial, las catástrofes ambientales, las pandemias y epidemias y los conflictos armados se han incrementado de manera acelerada. En los últimos años, el deterioro de la seguridad internacional es notable y se vislumbra en la cantidad de conflictos, que algunas estimaciones llegan a contar en más de cincuenta.
A su vez, los organismos internacionales encargados de mantener la paz están bloqueados o no tienen capacidad política real, ciertos países con armamentos nucleares actualizaron sus doctrinas, sentando las bases para el posible uso de misiles bajo determinadas condiciones.
Por su parte, la reciente escalada en Asia Occidental, con Israel y sus siete frentes, no augura escenarios alentadores, donde las instalaciones energéticas y nucleares están amenazadas y las potencias pertenecientes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se alinean detrás de los contendientes.
Lo sucedido hace un año en la frontera de Gaza cambió para siempre la historia de la región y del mundo. La operación Diluvio de Al-Aqsa, como se hizo llamar a la masacre y a la toma de rehenes llevada a cabo por Hamás y otras milicias de la Resistencia Palestina, responde, en primer lugar, a la larga historia de ocupación colonial. En segundo término a los ataques sufridos por las comunidades palestinas en torno a su lugar sagrado y tercero a que 2022 y 2023 fueron los años más letales para su población. Todo antes del 7 de octubre.
A su vez, las denuncias de apartheid, de ocupación colonialista, de detenciones administrativas y de centros de tortura en las cárceles israelíes, ya estaban presentes en las proclamas de diversas organizaciones sociales y políticas de la región latinoamericana y del mundo.
Por supuesto que este es un problema regional, pero también excede lo que pueda pasar entre Israel-Hamas, Israel-Palestina o Israel-Irán. La presente escalada tiene que ver con la reestructura del sistema internacional de la posguerra, donde la creación del Estado de Israel ocupó un lugar central en la reconfiguración posterior.
A un año del inicio de la Guerra de Sucot en la Franja de Gaza y en los Territorios Palestinos Ocupados, el Estado de Israel ha causado una destrucción completa. Según estimaciones de la Autoridad Palestina, hay aproximadamente 52.000 personas asesinadas, más de 100.000 heridos y más de 10.000 desaparecidos bajo los escombros entre la Franja de Gaza y Cisjordania.
Las cifras son catastróficas. 16.000 niñas y niños asesinados, 11.000 mujeres asesinadas, dos millones de personas desplazadas por la fuerza y un millón de personas enfrentan niveles alarmantes de inseguridad alimentaria. La revista científica The Lancet estima que la cifra de muertes provocadas por el conflicto llega a 186.000 personas.
Por su parte, fueron destruidas instalaciones de personal de la salud, al igual que los centros educativos y las instalaciones de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) y “más de 70 mil toneladas de explosivos fueron arrojadas por Israel sobre la Franja de Gaza, provocando cerca de 42 millones de toneladas de escombros, destruyendo el 60% de los edificios, además de una destrucción masiva que afectó a varios sectores.”
Esta es parte de la evidencia que se puede encontrar hoy, para sostener que los más elementales Derechos Humanos están oprimidos para todas las personas que viven la etapa presente del genocidio que viene cometiendo el Estado de Israel sobre el Pueblo Palestino. Este genocidio es tan solo la fase más larga de la Nakba que fue iniciada hace 76 años.
En palabras de Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, “el genocidio es un proceso, no un acto.”[2] Es la negación del derecho de un pueblo a existir con el consiguiente intento de aniquilarlo y es “un compuesto de diferentes actos de persecución o destrucción”, que van desde la eliminación física hasta la “desintegración forzada” de las instituciones políticas y sociales, la cultura, la lengua, los sentimientos nacionales y la religión de un pueblo.
[…] la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 codifica el genocidio como un delito internacional cuya prohibición es una norma imperativa inderogable. La obligación de prevenir y castigar el genocidio vincula a todos los Estados, tanto en virtud de la Convención como del derecho internacional consuetudinario, y les exige a todos ellos prevenir y perseguir los actos genocidas. El genocidio no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, incluida la supuesta legítima defensa.Finalmente, Albanese concluye en su informe que:
[…] existen motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión de los siguientes actos de genocidio contra palestinos en Gaza: asesinato de miembros del grupo; causar graves daños físicos o mentales a los miembros del grupo; e infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial […] de este modo, ningún Palestino de Gaza está a salvo por definición.La historia de esta ocupación colonial es larga, no comenzó hace un año, aunque es evidente que la comunidad internacional se ha mantenido en silencio durante los últimos años y sólo se ha atrevido a alzar su voz cuando las agresiones fueron sufridas por una parte de la población israelí.
Algunos hitos de esta historia son: la Declaración de Balfour de 1917 donde el ministro de relaciones exteriores británico se declara a favor del establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina[5]; la Gran Revuelta Palestina del año 1936 donde nace el movimiento de resistencia palestino que ya reivindicaba el fin de la inmigración judía, de la transferencia de tierras árabes y la instalación de un gobierno democrático[6].
Seguidamente, se establece el Plan de reparto de Palestina, en la resolución N° 181, con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, votada el 29 de noviembre de 1947, momento en el que Uruguay jugó un papel determinante, al integrar el Comité Especial para Palestina de las Naciones Unidas (UNSCOP).
Posteriormente, podemos resaltar, la Guerra de los seis días (1967); la guerra de Yom Kipur (1973), la Primera Intifada[7] (1987) donde se funda Hamas, los Acuerdos de Oslo (1993-1995), la Segunda Intifada (2000), la operación Plomo Fundido (2008), donde los bombardeos contra Gaza duraron 22 días y murieron
cerca de 1400 personas de las cuales 300 eran niñas y niños[1]; la Operación Diluvio de Al-Aqsa (2023) y la Guerra de Sucot y, finalmente, la ampliación de derechos a Palestina como Estado observador no miembro en mayo de 2024.
En todo este contexto, nuestro país nunca ha pasado desapercibido. El primer embajador de Uruguay ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Enrique Rodríguez Fabregat, jugó un papel determinante evidenciando el “compromiso de Uruguay con la creación del Estado de Israel y con una justa solución en Medio Oriente”
Como fue mencionado anteriormente, Uruguay participó, como miembro electo, de la Comisión Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP) con el mandato de investigar toda cuestión pertinente al caso Palestina y preparar un informe con propuestas para la solución del problema en la región. En este sentido, es importante resaltar que:
El proceso de partición de Palestina representó uno de los momentos de mayor protagonismo diplomático de Uruguay en la arena internacional, en un conflicto en el cual el gobierno uruguayo no tenía mayor interés que la defensa de los principios rectores de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.[3]
En conclusión, desde 1947, la diplomacia uruguaya y las fuerzas armadas, a través de la participación en las Misiones Operativas de Paz, han puesto de manifiesto el compromiso de los distintos gobiernos en la contribución de una solución para la región, viabilizando la creación del Estado de Israel y, en último tiempo, apoyando la creación de un Estado Palestino independiente y soberano.
Con respecto a los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre de 2023, el actual gobierno, encabezado por Luis Lacalle Pou, emitió una firme condena (acorde a la tradición de la política exterior uruguaya), criticando la violencia como herramienta de la política internacional y solidarizándose con el Estado de Israel.
Posteriormente, manifestó el respaldo uruguayo a la exagerada respuesta militar israelí y evitó emitir críticas sobre las violaciones a los derechos humanos que dicha respuesta generó, alejándose de dos principios rectores de la política exterior uruguaya: el apoyo a la solución pacífica de controversias y la defensa de los derechos humanos.
Esta situación es particularmente evidente en relación con la negativa de apoyar el reclamo internacional de un cese al fuego, que se evidenció con las abstenciones de Uruguay en las dos votaciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que aprobaron el llamado a una tregua humanitaria, en octubre y diciembre de 2023.
Este cambio de postura contraria a la utilización unilateral de la fuerza para la solución de los conflictos y a las abstenciones ante los pedidos de una tregua humanitaria han sido cuestionadas por diversos actores de la realidad nacional, aunque, desde el gobierno afirman:
[…] lo que se está haciendo es apoyar a Israel en su legítimo derecho a defenderse y que no se acompañaron los pedidos de tregua humanitaria de la Asamblea General de la ONU porque éstos no eran equilibrados, al no incluir una condena al terrorismo.En este sentido, es importante recordar que, antes de comenzada esta nueva fase de la ocupación, el actual gobierno ya había modificado los lineamientos de la política exterior con respecto al conflicto Palestino-Israelí. En 2021 cambió el posicionamiento en las votaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a
partir de un reclamo de la embajada de Israel en Uruguay y en 2023 anunció la apertura de una oficina comercial y de innovación en Jerusalén, tras la visita del ministro de asuntos exteriores de Israel.
Esto último ha sido cuestionado por los embajadores en Uruguay de Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica, en una carta enviada al Canciller Omar Paganini, donde expresaron su “grave preocupación”, ya que la iniciativa del gobierno actual “constituye una violación flagrante del derecho internacional” y “supondría respaldar la anexión ilegal de la ciudad por parte de Israel y los crímenes de guerra que conlleva, lo que además iría en contra de la posición de la Corte Internacional de Justicia.”
En resumen, el gobierno uruguayo se abstuvo, durante este último año, en acompañar las solicitudes de tregua humanitaria y en condenar el genocidio esgrimiendo, como principales argumentos, el derecho a la defensa del Estado de Israel y el desequilibrio de las declaraciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, al no incluir la condena al terrorismo de Hamas. Este posicionamiento merece ser cuestionado basado en cinco puntos clave:
La postura histórica de Uruguay ha apoyado a la solución pacífica de controversias y la defensa de los derechos humanos.
A la potencia ocupante no le corresponde ningún derecho a la defensa.
Cualquier respuesta, que estuviera basada sobre el derecho a la defensa, debería ser asimétrica y proporcional, y debería proteger a las poblaciones civiles.
No existe consenso en la comunidad internacional sobre la categorización de lo que puede llamarse terrorismo y, en general, la utilización del término responde a los intereses particulares o asociativos de quien lo utiliza.
El Derecho Internacional Público sí consagra el derecho de resistencia a la opresión de parte de los pueblos a reaccionar contra la autoridad ilegítima y resistir por la fuerza los mandatos excesivos.
Sobre estos elementos, el derecho a la defensa del Estado de Israel está excedido y ha cometido delitos de genocidio, basados en la Doctrina Dahiya, destruyendo la totalidad de las infraestructuras civiles para el desarrollo de las sociedades: hospitales, escuelas, universidades. A esto hay que sumarle el uso del hambre como arma de guerra y el cierre de fronteras, que niega el ingreso de medicamentos, agua, insumos básicos, de toda ayuda internacional, de prensa internacional y personal humanitario de la ONU, a los que atacaron sistemáticamente.
A su vez, el gobierno actual pasará a la historia por su alineamiento explícito con el grupo de países representantes de un proyecto occidental colonial inhumano sin límites, basado en el asesinato indiscriminado de civiles (niños, niñas y mujeres), el genocidio, la destrucción total de las infraestructuras y es el uso del hambre como instrumento de guerra.
Finalmente, la comunidad internacional no ha logrado, desde hace mucho tiempo, el cumplimiento cabal de muchos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en su Art. 3 sostiene: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. La vulneración a este artículo resulta evidente al repasar las cifras de asesinados, heridos y desaparecidos: 52.000 personas asesinadas y más de 180.000 muertes indirectas a causa de la destrucción total.
Es urgente alzar la voz por la paz y por el cese inmediato de la utilización de las armas para resolver este asunto, que debe ser dirimido mediante acuerdos diplomáticos, que incorporen definitivamente el establecimiento de un Estado Palestino libre y soberano en el que su ciudadanía pueda decidir libremente su destino.
*Es licenciado en economía por la UdelaR, maestrando en estrategia nacional por el CALEN y miembro del Serpaj
