Argentina | Fuerzas de seguridad desalojaron una comunidad mapuche en Parque Nacional
Por orden de la Justicia, fuerzas de seguridad desalojaron a una comunidad mapuche en el Parque Nacional Los Alerces
El Ministerio de Seguridad de la Nación, en colaboración con la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Administración de Parques Nacionales, procedió este jueves al desalojo del grupo mapuche encabezado por Cruz Cárdenas, que desde 2020, de acuerdo a lo que dictaminó el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, “ocupa ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces”, en la provincia de Chubut.
De acuerdo a los medios locales, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, estuvieron presentes en el lugar y el juzgado federal informó que no había ninguna persona de la comunidad mapuche “Lof Pailako” en el predio a desalojar en el Parque Los Alerces cuando se presentaron con las fuerzas policiales.
“Acabamos de recuperar la seccional El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces que Cruz Cárdenas y su séquito autoproclamado mapuche usurpaban desde 2020. Continúa el operativo. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, publicó en su cuenta de X el director de parques nacionales, Cristian Larsen.
Acabamos de recuperar la seccional El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces que Cruz Cárdenas y su séquito autoproclamado mapuche usurpaban desde 2020.
Continúa el operativo.
Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. pic.twitter.com/IeqHkO4zsW
— Cristian Larsen (@CristianGLarsen) January 9, 2025
El funcionario aludió de ese modo a la ocupación que mantenía la comunidad mapuche “Lof Paillako”, encabezada por Cruz Cárdenas, y cuyo desalojo fue ordenado por el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, quien interviene en la causa por tratarse de un parque nacional cuyas tierras son federales.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó que el predio fue desalojado por las fuerzas federales manera pacífica y cuestionó a los ocupantes ilegales, de quienes dijo se “autoperciben originarios”.
Desde la gobernación se señaló que “la ocupación de estas tierras generó múltiples inconvenientes, entre ellos ataques físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales y un grave perjuicio al derecho de la propiedad del Estado Nacional”.
Desde Parques Nacionales, Larsen, destacó en su cuenta de X que “cuando asumimos nuestra gestión dijimos que ninguna otra bandera más que la argentina iba a flamear en los Parques Nacionales. Hoy lo cumplimos”.
Qué decía el comunicado de Parques Nacionales
Según indicaba el comunicado que anunciaba la medida, el operativo se llevaba a cabo por las Fuerzas Federales con el objetivo de “restablecer el orden y garantizar el cumplimiento irrestricto de la ley”. El comunicado detalla que la “ocupación incluye una seccional de Guardaparques y ha generado conflictos en la zona, con ataques verbales y físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales, además de un grave perjuicio al derecho de propiedad del Estado Nacional”.
COMUNICADO OFICIAL SOBRE EL INMINENTE DESALOJO EN EL PARQUE NACIONAL LOS ALERCES, CHUBUT pic.twitter.com/SZcR7HBPnN
— Parques Nacionales Argentina (@ParquesOficial) January 8, 2025
“El Gobierno Nacional ha decidido no prorrogar la Ley N.º 26.160 de emergencia territorial indígena, una legislación impulsada y respaldada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos”, sostuvo el texto oficial.
A partir de esta decisión, el Gobierno retoma la facultad de actuar en defensa de la propiedad y el orden legal, siempre que existan sentencias firmes dictadas por la Justicia. El operativo se realizará bajo estrictos protocolos de seguridad, con el fin de proteger tanto la integridad de las personas como la preservación del entorno natural.
“Este procedimiento tiene como objetivo poner fin a una situación que ha alterado la tranquilidad de la comunidad local y perjudicado, de manera directa o indirecta, los intereses de todos los argentinos”, agregaba el comunicado.
#URGENTE Desalojo del Lof Pailako en el Parque Nacional Los Alerces. pic.twitter.com/7zpfhl3B4l
— originarios.ar (@originariosAR) January 9, 2025
Qué habían dicho los abogados de Cruz Cárdenas
Los integrantes de la Asociación Gremial de Abogados que representan a la comunidad mapuche “Lof Pailako” que se encuentra instalada en la seccional de guardaparques El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces, denunciaron días atrás una “cacería interminable contra los pueblos originarios” por parte de la Administración de Parques Nacionales, organismo al que calificaron como “Parques Nacionales SA”, de acuerdo a lo que informó El Cordillerano el pasado 30 de diciembre.
Al referirse al caso, los letrados explicaron que la causa “llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación tratando de parar el arbitrario desalojo que ordenó el juez Otranto, de Esquel, y que los jueces Aldo Suárez y Javier Leal de Ibarra, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, convalidaron sin ningún miramiento”.
Según los abogados, “cuando se recurre en queja a la Corte, en principio las sentencias deben ejecutarse igual, pero existen varios antecedentes en los que la Corte suspendió la ejecución por considerar que se podía producir un daño irreparable, como lo sería en este caso”, al tiempo que recordaron que el juez Otranto, “en un rapto de lucidez, entonces, suspendió el desalojo hasta que la Corte decidiera”, pero que, ante la intervención de Parques, los jueces de la Cámara “revocaron la resolución”.
De acuerdo a la recopilación de las instancias que hicieron los letrados, “luego desde Parques Nacionales se presentaron ante Otranto para solicitar que el desalojo se concretara, ante lo que el magistrado dio la orden para que la medida se efectivice en en cinco días hábiles, habilitando la feria para que se pueda llevar a cabo”, algo que finalmente ocurrió este jueves 9 de enero con intervención de fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y locales.
Para los representantes legales, “ni este ni otros conflictos territoriales son temas exclusivamente jurídicos. De jurídico tienen poco o nada. Son causas y temas esencialmente políticos y por ende la solución también es política”, sostuvieron.
El decreto que abrió la puerta para los desalojos de las comunidades indígenas y la llegada de los negocios mineros
Mediante el Decreto 1083/24, publicado a comienzos de diciembre pasado en Boletín Oficial, quedó sin efecto la ley 26.160. Esta norma, vigente desde hace 18 años, declaraba la emergencia territorial, ordenaba el relevamiento de comunidades indígenas y prohibía los desalojos hasta que completarse el relevamiento de las tierras ancestrales.
Como informara elDiarioAR en su momento, en una nota de la periodista Jazmín Bazán, el decreto dio por “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Entre los argumentos utilizados por el Ejecutivo para derogar la norma, aparence las sucesivas prórrogas a la situación de emergencia que terminaron generando “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios”, “un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas”.
“Desde 1492, los pueblos originarios, sujetos preexistentes a los Estados, venimos sufriendo un atropello sistemático de genocidio y etnocidio por parte de la empresa colonizadora e imperialista. Hoy, el Gobierno retoma ese camino de persecución, odio y racismo”, aseguran desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).
“Derogar derechos por decreto es propio de un gobierno autoritario. Negar la registración comunitaria y la delimitación territorial es violentar los derechos adquiridos, contradiciendo la Constitución Nacional y los derechos internacionales”, agregan.
La Constitución reconoce en su artículo 75 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. Asimismo, establece la obligación de garantizar “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan” y “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.
El Convenio 169 de la OIT, incorporado mediante la ley 24.071, es considerado el marco más completo para el reconocimiento de los derechos indígenas. Argentina, además, ha adherido a múltiples declaraciones de la ONU y la Organización de Estados Americanos en esta materia.
ENOTPO denuncia que el país busca “congraciarse con las élites del poder concentrado mundial, poniendo al país en un estado de inseguridad jurídica muy peligrosa”. Y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se ha convertido en “una oficina libertaria que convalida los atropellos, saqueos y usurpaciones”.
Uno de los conflictos más resonantes fue el que la comunidad mapuche Paicil Antriao de Bariloche mantuvo con el ex basquetbolista Emanuel Ginóbil por 12 hectáreas de las 625 que el Estado nacional le reconoció a esa comunidad a principios del siglo XX. Ginóbili había denuniciado por usurpación a la comunidad, pero la justicia acabó dándole la razón a los mapuches cuyas tierras habían sido relevadas en el marco de la ley 26.160.
Impacto en los derechos indígenas
María José Venancio, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica que la ley 26.160, de 2006, venía siendo “vaciada en su contenido y vulnerada en sus principios de protección de los territorios indígenas”. Muchos relevamientos territoriales habían sido suspendidos y se emitieron decenas de órdenes de desalojo, incluso contra comunidades con relevamientos concluidos y aprobados.
El CELS va a informar de la reciente derogación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de pueblos indígenas y al Alto Comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas.
La letrada destaca que la mayoría de las disputas actuales se concentran en la Patagonia –con fuerte presencia mapuche– y en el norte. Ambas regiones fueron las primeras en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que favorece las industrias extractivas.
En estas provincias se vulnera el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas. Se han promovido protocolos y modificaciones legislativas, como en Jujuy, para simular procesos de consulta, sin respetar los órganos de representación histórica. Esto ocurre especialmente en territorios vinculados a la minería, hidrocarburos, litio y negocios inmobiliarios“, señaló la letrada. Además, afirma: ”Los derechos humanos se convierten en un obstáculo para el desarrollo de estos modelos productivos, sustentados en discursos racistas y discriminatorios“.
Sin ir más lejos, en 2023, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo afirmó que “no hay ni hubo mapuches en Mendoza”. En enero de este año, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apuntó, sin pruebas, contra el pueblo mapuche por un incendio en el Parque Nacional “Los Alerces”, cuestionando su identidad. Al enfrentamiento contra el pueblo mapuche se suma la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable de frases como “basta de terroristas disfrazados de mapuches en Argentina”.
Una ¿segunda “campaña al desierto”?
Gabriel Jofre, profesor de historia y autoridad de la organización Identidad Territorial Malalweche (perteneciente al pueblo mapuche en la provincia de Mendoza), enfatiza que no se debe hablar de “retroceso” como un hecho consumado. En cambio, sugiere que se vive un momento de enfrentamiento de modelos, con lugar para la resistencia.
Jofre señala que la sanción de la ahora derogada ley 26.160 había representado un punto cúlmine en el derecho indígena en Argentina. “El proceso de relevamiento visibilizó disputas en áreas donde las comunidades luchaban por permanecer en sus territorios ancestrales o recuperar aquellos de donde habían sido desplazadas. También mostró los intereses económicos en zonas ricas en bienes naturales”.
“El actual gobierno nacional ha profundizado esta tensión, avanzando en políticas que priorizan los intereses corporativos”, alega Jofre. En este contexto, enmarca la cada vez mayor convergencia de las demandas indígenas y ambientalistas.
Para Jofre, el modelo impulsado por el gobierno nacional de desarrollo perpetúa las lógicas de “neocolonialismo”; una nueva “campaña al desierto”. “Históricamente, los pueblos indígenas han sido acusados de fragmentar los Estados nacionales o promover el separatismo. Sin embargo, no buscan dividir, sino replantear la relación entre las comunidades y los territorios, considerando una cosmovisión donde el vínculo espiritual y cultural con la tierra trasciende las divisiones geopolíticas modernas”, concluye.
La posición de La Libertad Avanza quedó evidenciada en noviembre, cuando Argentina votó en contra de una resolución de la ONU para fortalecer el marco normativo internacional de protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas. “Hay una campaña de estigmatización y persecución del gobierno, y tiene que ver con los recursos naturales. Solo en Mendoza, hay 34 proyectos mineros que no han sido consultados”, indica Sandra Silva. Ella es werkén del Lof mapuche Pewel Katuwe, de San Rafael Mendoza, y referente de la Organización Nacional Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio (MOEL).
De acuerdo con MOEL, los derechos conquistados peligran, de la mano del “cambio climático, la situación económica, el avasallamiento a los pueblos”. La cuestión de género se mezcla con la ambiental e indígena. “Creemos en la dualidad, pero nuestra cultura es matriarcal”. Insiste en que la presencia de las mujeres originarias es fundamental para defender el territorio.
Derechos de la naturaleza y comunidades originarias
Diversos tratados vinculados a la protección del medioambiente también resguardan los derechos de los pueblos originarios. Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), detalla que el rol de los pueblos originarios como custodios de la biodiversidad fue reconocido hace más de dos décadas, en el texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, ratificado en el país mediante la ley 24.375.
Este año, durante la Conferencia sobre Biodiversidad (COP16) en Cali, se creó un órgano subsidiario para proteger los conocimiento tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales asociados a la biodiversidad. Sin embargo, hay una gran brecha entre el texto y la implementación.
Pía Marchegiani, también directora ejecutiva adjunta de FARN, destacó que el Acuerdo de Escazú exige proteger a quienes defienden el ecosistema. “El gobierno está ignorando estas obligaciones”, advirtió. La especialista enfatizó que el modelo extractivista actual promueve una explotación de recursos sin criterios responsables ni evaluaciones de impacto ambiental, lo que pone en riesgo tanto el medio ambiente como el diálogo democrático e intercultural que el país debería consolidar.
Cómo es Lof Pailako, la comunidad mapuche que la Justicia ordenó desalojar
Hace meses que la comunidad mapuche Lof Pailako, que reivindica territorio en el Parque Nacional Los Alerces – a 35 km de la ciudad de Esquel (Chubut)- está en la mira de la Justicia y del gobierno de Javier Milei. La amenaza de desalojar a un grupo de familias que viven allí no es nueva ni es la única causa judicial que afrontan sus integrantes. El litigio judicial está repleto de idas, pero sobre todo de vueltas y rechazos a los pedidos de la comunidad, que sigue solicitando una mesa de diálogo, la solución pacífica y la protección de las niñeces que allí habitan.
Todo se aceleró en los últimos días. A fines de diciembre, el juez federal Guido Otranto habilitó a Parques Nacionales a desalojar a la comunidad. El primer día hábil de 2025, a las 8 de la mañana del jueves 2 de enero, personal de Policía Federal recorrió el territorio de Pailako junto al intendente de Parques Nacionales, Danilo Hernández Otaño, y dejaron una notificación. El papel dice que tienen cinco días hábiles para irse. De no retirarse antes del 9 de enero, “se utilizará la fuerza pública”.
“La Corte Suprema nunca se pronunció sobre el recurso de queja presentamos, y el juez entendió que iba a esperar la decisión de la Corte, pero la Cámara de Comodoro le ordenó que se desalojara inmediatamente. Ahora hay que ver cómo se organiza la comunidad”, dijo a Presentes Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados, que les representa en la Justicia.
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La comunidad no está sola. La acompañan muchas otras, entre ellos el Tercer Malón de la Paz de Jujuy, organizaciones sociales y una red solidaria que viene creciendo desde que Pailako convocó a toda la sociedad a frenar el desalojo.
El último fin de semana hubo diversas actividades de apoyo a Pailako en todo el país. Para el miércoles 8 anunciaron un relevamiento del territorio y una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Melipal de Esquel.
El pedido de las comunidades
Pailako, las comunidades que acompañan y la Gremial de Abogados vienen denunciando en las redes y la prensa desde hace meses la presencia de Policía Federal y el atropello de sus derechos, así como la vulnerabilidad en las que se encuentran las infancias de la comunidad.
Un informe técnico realizado en noviembre por la psicóloga Ruth Vargas destacó que “un desalojo forzado implica la participación de funcionarios estatales y funcionarios policiales militarizados todo ello en conocimiento y aquiescencia de sus superiores. Esta acción potencialmente generaría horror en los NNA (niños, niñas y adolescentes), lo cual puede tener un efecto perverso en el momento en el cuerpo y en la mente en desarrollo de NNA mapuches, así como en sus familiares y comunidad. Es también relevante comprender los posteriores efectos nocivos acumulativos de mediano y largo plazo en el desarrollo cognitivo, emocional y madurativo de los NNA”.
Detrás de la batalla judicial se esconde un conflicto político con los pueblos indígenas, que estaba pendiente y recrudeció con el gobierno de Milei. Basta recordar que el 11 de noviembre de 2024 Argentina fue el único país de la ONU que en la Asamblea General en Nueva York votó una resolución en contra de los derechos de las naciones indígenas. Y además el 10 de diciembre por decreto se derogó la ley 26.160 que declaraba hasta 2025 la emergencia territorial y obligaba al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a hacer relevamientos y suspender los desalojos.
Por estos días el movimiento indígena exige al Estado través de un comunicado que firman más de 130 comunidades, el respeto y cumplimiento de las obligaciones constitucionales hacia los pueblos indigenas.
En el comunicado que firmaron las comunidades, se acusa al Estado Argentino ante los organismos internacionales de cometer delitos de lesa naturaleza, lesa humanidad y lesa cultura contra los pueblos indígenas, en complicidad con las empresas trasnacionales extractivistas. Y se exhorta al gobierno argentino a cumplir los compromisos asumidos con la firma del Convenio N° 169 de la OIT, y emitir los títulos comunitarios de los territorios indígenas.
Lof Pailako: dónde, cómo, cuándo
Presentes estuvo en Lof Pailako hace unos meses. Para llegar hay que internarse en el Parque Nacional Los Alerces, atravesar sus bosques. En nuestra visita, los restos de árboles milenarios arrasados por los incendios del verano del año pasado, formaban parte del entorno. Por esos incendios, también hay integrantes del Lof Pailako acusados, y declaraciones a la prensa del gobernador Ignacio Torres y del director de Parques Nacionales, Cristian Larsen, que incriminan a la comunidad.
Por razones de seguridad, sólo será nombrada una de las personas con las que conversamos una tarde alrededor del fuego y el mate en una de las rukas (casas). Los nombres de las otras dos personas no serán publicados. Todos ellos son jóvenes y llevan pañuelos de seda coloridos cubriendo sus cabezas. En el encuentro que mantuvimos estaba también un bebé nacido en esta misma ruka.
Al Lof Pailako lo integran una veintena de personas, en su mayoría familias con niñes, que reivindican ese territorio desde 2020. En plena pandemia, la comunidad en formación se instaló en una parcela de la cordillera andina en Los Alerces, donde fueron armando sus rukas (casas) y un centro educativo.
Están en permanente comunicación. Usan energía solar a pesar de que las baterías se arruinan con el frío. Tratan de comunicarse personalmente. “Así se evitan muchos malentendidos”. Se ponen todos de acuerdo en un momento para sentarse a conversar.
Para llegar hasta la casa donde nos reunimos hay que emprender la subida al cerro y pasar una tranquera donde flamea la bandera mapuche. Ahora esa bandera (la Wüñellfe) y la Whipala están prohibidas desde mayo por Larsen a través de una resolución. “En los Parques Nacionales no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la argentina” dijo el 3 de mayo el vocero presidencial Manuel Adorni. En junio Parques Nacionales profundizó sus prácticas racistas al pedir desde un mensaje enviado por la responsable de Comunicación Iael Gueler la difusión de festividades indígenas como el año nuevo mapuche que se celebraba ese mes.
Lemu
Uno de los primeros en reivindicar el territorio de Lof Pailako fue Lemu Cruz Cárdenas, un joven mapuche de 35 años. Durante siete años, antes de la reivindicación territorial, fue brigadista de Parques Nacionales. Hoy, dice, afronta un asedio de las autoridades de la institución para la que trabajó y del gobierno provincial. Además del delito de usurpación, lo acusaron, con el apoyo de la prensa local, de estar detrás de los incendios.
Cuando lo conocimos en persona, el desalojo estaba en el horizonte, pero no quedaba tan cerca como los recientes incendios y las acusaciones que lo hacían responsable. “La causa que existe es por la recuperación, lo del incendio es mentira. Inventan. Me decían el piromaníaco”, nos dijo Lemu, convertido en el chivo expiatorio de la comunidad.
En la lengua mapuche Pailako puede tener varias interpretaciones. “Para nosotros es arroyo tranquilo”, explica Lemu. El arroyo que da nombre a la comunidad se arma entre varias corrientes de agua, arroyos más pequeños, que bajan del cerro y forman uno más grande. “Vivíamos a la orilla de ese arroyo” recuerda.
Lemu sabe que hay que andar con extremo cuidado. Su presencia atrae miradas y despierta sospechas. Cuando trabajaba en Parques, dice, se negaba a cantar el himno o a izar la bandera argentina. Como otros jóvenes en Bariloche o Esquel, empezó hace varios años su proceso identitario mapuche. “En ese tiempo ya se empezaba a oír más la lucha de mapuche en todas las regiones acá como un resurgimiento así de recuperación y todo eso ya venía escuchando. Pero no se me pasaba por la cabeza todavía”.
Hasta que a una sobrina suya en lado chileno de la cordillera se declaró machi – autoridad espiritual-. La familia se vio obligada a ir en busca de ese conocimiento a Chile donde todavía hay varias machis. Esas machis les fueron guiando y así una cosa llevó a la otra. “Empecé a acompañar el proceso de machi, a llevar lahuen (medicina). Esto me obligó a profundizar mi conocimiento como mapuche”. La machi le recordó a Lemu que tenía sangre mapuche.
El abuelo de Lemu llegó de Chile, de Gulumapu, en un tiempo donde no había fronteras. Llegó al Lago Futalaufquen. Era un tipo de pensamiento gaucho. De chico a Lemu, que creció en esa zona, le llamaba la atención ver las pinturas rupestres. Abandonó la escuela para ir a changuear por los pueblos. Y cuando conoció a su compañera, la madre de sus hijos, decidió instalarse.
“Aunque no lleve apellido mapuche, tengo la sangre. A partir de esa confirmación fui totalmente consciente de mi identidad. Fue un cambio rotundo. Estábamos en un proceso de reconocimiento como mapuche acompañando gente de otras comunidades, con la machi. Y ahí fue como que la gente en los alrededores por el temor que tienen por eso imposición del mapuche malo, terrorista, delincuente, es que mucha gente se nos puso en contra acá dentro. Conocidos de la familia, vecinos, guardaparques. Hasta mí mismo suegro que trabaja en Parques”, cuenta.
Fue otra machi a la que consultaba Lemu la que predijo la recuperación del territorio. “Los espíritus los van a guiar. Ustedes tienen que salir a caminar”, les dijo. “Y ese fue el comienzo, digamos, de una larga historia”, dice Lemu.
Entraron decididos. Fue ingresar, cerrar los caminos, construir un espacio para dormir, decidir enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Y eso fue también el comienzo de losproblemas con los vecinos y los guardaparques. “El problema no era que viviéramos acá, sino que nos nombráramos mapuche”, contó a Presentes cuando visitamos su comunidad. “Estamos protegidos por la mapu”, nos dijo. Las llamas de los incendios, que se presumen intencionales en una zona muy codiciada y donde se cruzan intereses de todo tipo, no llegaron a tocar las casas, pero estuvieron cerca.
Lemu trabajó en la brigada de incendios. Sabe que el viento ayuda al fuego. En Los Alerces el viento viene del noroeste. Y una delicada línea separa la jurisdicción provincial y nacional. “Los incendios siempre entran para la zona de provincia, le prenden sabiendo que va a entrar ahí. Y casi siempre de noche. El incendio genera un desbalance. Fue y es muy estresante. Me pusieron nombre y apellido. Inventan, repiten y agregan, hay mucha gente racista acá adentro”, dice Lemu.
Pasaron cosas raras. En Lof Pailako creen que tiene que ver con los proyectos que buscan expandirse en la zona vinculados a nombres como Joe Lewis, a emprendimientos como una turbina hidroeléctrica. A cordones montañosos que la minería codicia. “Lo del turismo sostenible en la zona es una pantalla”, dicen.
Nacer de nuevo
W nació en otra localidad de la comarca andina. Tiene 40 años y una abuela que le habló en mapudungun desde niño. “Siempre en mi familia hubo esa claridad de que somos mapuche. Aunque siento que es diferente ser mapuche de la guarría, el pueblo, o del campo o territorio, porque hay otras prácticas dentro de la guarría que son predeterminadas y socialmente impuestas, por ejemplo, los trabajos, los tiempos y hasta incluso las vacaciones. En cambio, en el territorio hay otras prácticas siendo mapuche, como hacer ceremonia, conocer lo que hay alrededor, sustentarse en ese territorio, relacionarse con las fuerzas que lo habitan. Todas esas cosas en el pueblo yo no las tenía, quizás haya personas en el pueblo que sí, esto es lo que me pasó a mí”.
Hace unos 15 años, después de que su mamá falleciera, W sintió el peso de un legado, “que yo de alguna manera acepté”, un quiebre -dice- en su forma de vivir. Salió a recorrer territorios mapuche en conflicto. “Empecé a conocer más profundamente el ser mapuche. Mi madre no pudo recibir ese kimu, esa sabiduría de mi abuela. Mi abuela tiene como 90 y tantos años en los documentos, pero para mí son más de cien. Ella habla la lengua y conoce el espíritu pero la niega. Al no haber ese paso generacional de la lengua y de la cultura, yo tengo que hacer el esfuerzo por recuperarlo, aprender a relacionarme y a moverme en ese universo. Fue como nacer de nuevo”.
En el camino por recuperar esa identidad mapuche W se hizo trashumante durante un tiempo. Recorrió la costa y la meseta, volvió a la comarca, cruzó a Gulumapu a conocer a otras comunidades del lado de Chile. W dice que no fue sólo el camino sino también las decisiones que tomaron otros antes que él y que acompañaron los procesos, lo que lo condujo a Pailako.
Primero recibió una invitación del Lof, vino a un trawn, después llegó con su compañera y empezaron a participar, a tratar de generar una vida en comunidad. Más tarde tuvieron un hijo, L, nacido en esta ruka en pleno invierno. “Es parte de lo que el territorio propuso también, que vuelvan a nacer Pichis (niñes) pero en estado libertad no en el hospital y no en un contexto institucional”, dice M, la compañera de W.
“El ideal que se plantea como base política es vivir con lo que la naturaleza, la mapu, nos ofrece. Pero hay un desfasaje entre el ideal político y lo que está pasando. Eso hace que podamos conseguir parte del alimento en el territorio y parte en el pueblo, hasta que podamos sostenernos completamente del territorio”, sintetiza W.
M resalta una diferencia entre los movimientos ambientalistas y los indígenas porque se trata de una defensa que tiene también una dimensión espiritual. “Parque Nacionales llegó en 1937. Propone un conservacionismo. Pero proteger el bosque también es acompañar a las fuerzas. Antes que nosotros están las fuerzas. Las respetamos y queremos que sigan. Les pedimos permiso para todos los que hacemos, o sea, esto no es simplemente una necesidad habitacional ni sólo vivir de un modo natural”.
¿Por qué molesta tanto que estemos acá? les preguntaron hace poco a les integrantes de Lof Pailako. Se quedaron pensando. “A los que son tienen cabeza de milico o empresarios, porque es un negocio que se están perdiendo. Hablan de proteger los árboles milenarios, pero los tienen rodeados de acero. Acá hay un bosque nativo y mientras esté la comunidad, no van a poder prenderlo fuego ni lucrar con eso. Y eso es lo que más molesta”.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ya dijo que estará en el territorio el día del desalojo. También Larsen, el presidente de Parques Nacionales. “Torres fue a hablar con Otranto para que nos desalojen”.
El Lof cuenta con una fuerte red de apoyos de parte de comunidades indígenas y organizaciones nacionales, pero también de otros países.
Necesitamos frenar el desalojo a Lof Pailako dice el documento que convoca a la solidaridad nacional e internacional “con el pueblo mapuche-tehuelche, para visibilizar las violencias de los estados argentino y chileno, las corporaciones extractivistas y Parques Nacionales”. El escrito que circula en redes exige “la apertura de una mesa de diálogo con las autoridades de la Administración Nacional de Parques Nacionales. El juicio civil en el que se podrían dirimir los derechos ancestrales de los integrantes de la lof, duerme en un cajón de la justicia argentina, sin dar la posibilidad entonces de sacar a la luz la ocupación tradicional de este espacio territorial por algunos de sus miembros que son la quinta generación de las familias que allí vivían, mucho antes de la creación de Parques Nacionales. La orden de desalojo resulta de la aplicación de una ley interna que regula el funcionamiento de Parques sancionada en la última dictadura cívico eclesiástica militar. La zona es codiciada por intereses inmobiliarios, mineros, forestales e hidroeléctricos. Hoy la lof constituye un escollo para la el avance del extractivismo capitalista”.
El miércoles 8 de enero hay una conferencia en la APDH (Asamblea Permanente por los DDHH) regional de Esquel, La Liga por los DDHH y el Comité por la Libertad de lxs presxs políticos mapuche en Puelmapu.
“Acá siempre estuvimos muy protegidos por las fuerzas de la tierra. En el territorio la mapu nos protege. Hay muchos que quieren que nos saquen y nos desalojen. Hay empleados de Parques que, aunque no salgan a decirlo están de acuerdo con la reivindicación, pero no pueden expresarlo” dicen.
“Nosotros estamos protegiendo un bosque milenario, el agua. Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos recuperen la forma de vida mapuche. Parte de esa forma de vida es proteger la tierra de cualquier amenaza. Es como una misión y la gente lo tiene que saber, porque si se dejan llevar por lo que dicen, piensan que estamos usurpando. Hay como una cacería. Está pasando en todas las comunidades la criminalización hacia el mapuche”. Lof Cayunao. Lof Winkul Mapu. Buenoalo. Son solo algunos. En Pailako hasta ahora hay dos personas judicializadas, Lemu y su compañera, “metida de prepo por estar conmigo”.
“A la mayoría de quienes están encabezando las luchas los quieren meter presos y así infundir miedo a otras comunidades con la judicialización. Saben que legalmente por la Constitución es completamente legítimo lo que se está haciendo. Lo que correspondería es que acá se mantenga como territorio mapuche”.
