Brasil | Dos años después del 8 de enero: investigaciones revelaron crímenes bolsonaristas y complot golpista – Por Igor Carvalho
Dos años después del 8 de enero: investigaciones revelaron crímenes bolsonaristas y complot golpista
Por Igor Carvalho
Los actos de golpe del 8 de enero de 2023 marcaron uno de los momentos más críticos de la historia democrática brasileña reciente. Miles de personas invadieron y vandalizaron la sede del Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Federal (STF) y el Palacio do Planalto, motivados por el rechazo a la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en las elecciones de 2022. Desde entonces, las investigaciones. y los procedimientos judiciales continúan para desentrañar la trama que precedió al intento de golpe.
Hasta el 26 de diciembre de 2024, el Tribunal Supremo (STF) ha condenado a 310 personas por participar en los atentados. Entre los delitos imputados a los golpistas se encuentran la asociación criminal, la abolición violenta del estado democrático de la ley y el daño a la propiedad pública. La mayoría de los condenados fueron arrestados en el lugar de los ataques o en campamentos, que se desarrollaron durante semanas, frente al cuartel y con la anuencia de las Fuerzas Armadas, según revela el informe de la investigación del ministro del más alto tribunal del país, Alexandre de Moraes.
En septiembre de 2023, Aécio Lúcio Costa Pereira se convirtió en el primer condenado por la trama golpista y fue condenado a 17 años de prisión. Las pruebas incluían videos hechos por él mismo que mostraban su participación activa en actos de depredación. Otras condenas siguen el mismo rigor, reforzando el mensaje de que los ataques a la democracia no serán tolerados por algunas instituciones del país, incluida la Corte Suprema.
En paralelo, la Procuraduría General de la República (PGR) firmó acuerdos de procesamiento no penal con 71 imputados. Estos acuerdos prevén medidas alternativas, como servicios comunitarios y cursos sobre democracia, para personas consideradas menos involucradas en los acontecimientos. Durante el año, algunos críticos de las sentencias indulgentes advirtieron sobre el riesgo de impunidad, mientras que los defensores destacaron la posibilidad de educación política.
Conexión política y financiera
Los financiadores de los actos también están bajo escrutinio. Los empresarios fueron acusados de financiar viajes y alojamientos para los manifestantes. En el ámbito político, se acusa a los antiguos aliados del expresidente Jair Bolsonaro (PL), que sería el principal beneficiario de los actos golpistas, de instigar las manifestaciones.
Las investigaciones señalan que discursos y mensajes incendiarios en las redes sociales sirvieron de catalizadores. Bolsonaro enfrenta demandas en la Corte Suprema, incluyendo incitación al golpe, y sigue sin poder ser elegible para la disputa de cualquier cargo electo en el país.
Dos militares en los tribunales
El punto álgido de las investigaciones sobre los crímenes cometidos el 8 de enero de 2023, fue la detención de dos de los principales nombres vinculados a los actos golpistas: el ex ayuda a un ayuda a los órdenes del expresidente Jair Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid y el general Walter Braga Netto. Las detenciones han traído avances significativos para la elucidación de los acontecimientos y la rendición de cuentas de sus organizadores.
Mauro Cid fue detenido en marzo de 2024 acusado de coordinar la financiación y logística de actos golpistas. El teniente coronel fue identificado como intermediario entre financientes privados y los organizadores de las manifestaciones.
Los testimonios de Cid han permitido avances cruciales. Señaló una red que incluía políticos de diferentes estados, militares activos y reserva, así como empresarios. Cid también entre enviaron mensajes y documentos que evidencian la articulación anticipada de las acciones para prevenir la posesión de Lula.
La detención de Braga Netto el 14 de diciembre de 2024 marcó un momento de entrega de las investigaciones. Ex ministro de Defensa y uno de los nombres más cercanos de Bolsonaro, los militares fueron acusados de dar apoyo estratégico a los actos golpistas. Según las investigaciones, participó en reuniones en las que se discutieron planes para descarrilar la transición democrática.
Las autoridades identificaron su participación en la difusión de mensajes que incitaban a la violencia y organizaban los campamentos frente al cuartel. Braga Netto también habría utilizado su influencia para garantizar el apoyo de los sectores militares a los manifestantes, así como para que los grupos radicales actúen sin ser interceptados.
Durante su interrogatorio, Braga Netto negó su participación directa, pero los documentos incautados en su residencia y en oficinas vinculadas a él contradicen sus declaraciones. Analistas de mensajes sugieren que participó activamente en la formulación de estrategias para la elaboración de un plan que preveía el asesinato de Lula, el vicepresidente de la República, Geraldo Alckmin (PSB), y Alexandre de Moraes.
La detención de Cid y Braga Netto generó una cadena de hechos que profundizó las investigaciones. La información obtenida llevó a la apertura de nuevas investigaciones y más de 50 órdenes de allanamiento e incautación en diferentes estados de Brasil. También se identificaron más financiadores de los actos y personas involucradas en actividades de organización y reclutamiento.
Escapar por todo el continente
Otro aspecto relevante es la situación de los prófugos. Golpistas implicados en los actos antidemocráticos buscaron refugio en otros países, especialmente en Argentina, donde al menos 61 brasileños condenados fueron identificados. En noviembre de 2024, la Justicia argentina emitió órdenes de captura contra estas personas.
Además de Argentina, Paraguay y Uruguay reportó la presencia de brasileños vinculados a actos golpistas. En diciembre de 2024, Perú notificó la entrada de cuatro presuntos individuos, posiblemente huyendo de Argentina tras la emisión de las órdenes de captura.
El proceso de extradición podría ser prolongado, especialmente si los acusados solicitan asilo político. Alegando persecución política, algunos argumentan que no pueden regresar a Brasil. Sin embargo, especialistas destacan que las pruebas contundentes dificultan la sostenibilidad de estos argumentos.
Entre los investigados, hay líderes religiosos que utilizaron sermones para incitar a la participación en los actos. El CPI de Scammers Acts, establecido en 2023, reveló videos de pastores animando a los fieles a depreciar la propiedad pública bajo justificación divina.
Otro aspecto importante es el papel de las redes sociales. Empresas como Twitter, Facebook y Telegram fueron llamadas para facilitar la difusión de contenidos golpistas. Aunque algunos han colaborado, los críticos sostienen que las medidas llegaron tarde.
Los avances legales también incluyen la investigación de los militares involucrados. Imágenes muestran a miembros de las Fuerzas Armadas permitiendo que los manifestantes accedan a zonas restringidas. El Ministerio de Defensa colabora con el Tribunal Supremo para identificar a los responsables.
Un hito en este proceso fue el indulto de Navidad de 2024, emitido por Lula. Excluyó explícitamente a los condenados por los actos golpistas, enviando un mensaje de que estos crímenes no serán tolerados. La medida fue ampliamente elogiada.
Recuperación
Los daños materiales causados por los actos se estiman en cientos de millones de reales. Obras de arte, muebles históricos y documentos fueron destruidos. El gobierno brasileño ha invertido en la restauración, mientras que los casos civiles buscan responsabilizar a los culpables de las pérdidas financieras.
Dos años después del 8 de enero, Brasil sigue lindo con las consecuencias de estos actos y el proceso de rendición de cuentas es complejo, pero fundamental para asegurar que no se repitan hechos similares.
Editado por Nathallia Fonseca
*Traducido al español con herramientas de IA
Un asesor de Milei está acusado por la policía de Brasil de ser parte del intento de golpe contra Lula
Por Celeste del Bianco
La Policía Federal de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro de planificar un golpe de Estado contra Lula Da Silva, tras las elecciones de 2022. Entre la lista de los 37 acusados está el argentino Fernando Cerimedo, un hombre de confianza del Gobierno de La Libertad Avanza que asesoró a Javier Milei y que ahora es investigado por formar parte de una organización criminal, que incluye a militares de alto rango, por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático y golpe de Estado. Cerimedo es especialista en marketing político, dueño de medios digitales, entre ellos La Derecha Diario, y está vinculado con las ultraderechas latinoamericanas. Una investigación transnacional confirmó que Grupo Madero Media, su consultora, utilizó estrategias similares, basadas en trolls y fake news, en Brasil, Argentina y Chile. Además, los vínculos entre LLA y los prófugos brasileños condenados por asalto a los edificios de los tres poderes en Brasilia en enero de 2023. Hasta el momento, hay cuatro detenidos de los 61 que son buscados por el juez federal Daniel Rafecas a pedido de los tribunales del país vecino.
La policía brasileña develó un entramado criminal que se organizó en distintos espacios para derrocar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Además de Bolsonaro, hay una treintena de acusados, entre ellos dos generales del ejército, antiguos ministros y exasesores de su gobierno, que actuaron de forma “coordinada» para «intentar mantener» al expresidente en el poder tras ser derrotado en las elecciones de 2022. Se dividieron en grupos que tenían distintas funciones, pero un solo objetivo: eliminar a Lula. Planeaban asesinarlo –incluso a través del envenenamiento– al igual que a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, para después armar un Comité de Crisis integrado por militares afines a Bolsonaro.
Se estructuraron en distintos núcleos para orquestar el golpe y se armaron comisiones para difundir mentiras, incitar a los militares, buscar salidas jurídicas, ejecutar los planes golpistas y hasta contaban con un departamento de inteligencia. La investigación de casi 800 fojas muestra los intentos desestabilizadores desde la victoria de Lula hasta el paso de mando en de enero de 2023, entre ellos bloqueos de carreteras, campamentos frente a los cuarteles pidiendo «intervención militar» y graves disturbios en Brasilia. El argentino asesor de Milei, Cerimedo, estaba en esa organización y se encargó del núcleo «Desinformación y ataques al sistema electoral». Así lo demuestran las pruebas de la policía, que indican que utilizó las redes sociales y las plataformas digitales para desprestigiar los resultados electorales con información falsa sobre las máquinas de votación electrónica. Entre otras cosas, armó una transmisión por Youtube que tuvo más de 400.000 vistas en vivo para “facilitar la difusión de estas noticias fraudulentas y amplificar la desinformación ilícita”.
Pero Cerimedo no solo asesoró a la ultraderecha en Brasil, también lo hizo en Chile (donde realizó campañas en contra de la reforma constitucional) y en Argentina, donde trabajó con Milei durante su candidatura a través de su consultora Numen. En el año 2022, organizó una reunión con el hijo del todavía presidente de Brasil y diputado, Eduardo Bolsonaro, que hizo una visita oficial a la Argentina en la que aprovechó para reunirse con Milei y su candidata a vicepresidenta, Victoria Villaruel. Bolsonaro viajó junto con Giovanni Larosa, corresponsal en Brasil del portal La Derecha Diario (propiedad de Cerimedo). Según confirmó el equipo periodístico de una alianza de 18 medios latinoamericanos liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en las cuentas rendidas al Tribunal Superior Electoral (TSE) se comprobó que Larosa recibió dinero de la campaña de Eduardo Bolsonaro en 2022. Ese mismo equipo de investigación corroboró que Cerimedo difundió mensajes basados en mentiras en Brasil, Argentina y Chile.
La trama criminal para eliminar a Lula se completa con el general de la reserva del Ejército, Walter Braga Netto, quien fue ministro de la Presidencia y de Defensa bolsonarista, además de compañero de fórmula de su reelección en 2022; el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos; el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem; el presidente del Partido Liberal bolsonarista, Valdemar Costa Neto y el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, Agusto Heleno. Ahora, el informe final fue enviado al Supremo Tribunal Federal y es la Procuraduría General de la República, a cargo de Paulo Gonet, la que evaluará las pruebas.
Los vínculos bolsonaristas en Argentina
Desde el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil hablan de un “despacho del odio”, que estuvo comandado por Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro e hijo del expresidente, y Cerimedo. “Se trató de una industria de desinformación financiada por el aparato del Estado Brasileño”, le dijo a Página 12 Paulo Pereira, representante del PT en Argentina. Y señala a Cerimedo como uno de los encargados de imponer la “narrativa del golpe de Estado”. “No es un simple influencer, es un empresario del odio”, agregó.
En Argentina hay 61 prófugos de la justicia de Brasil que tienen pedido de captura ordenado por el juez federal Daniel Rafecas por instrucción de los tribunales brasileños. Hasta el momento, hay cuatro detenidos. Todos forman parte de un grupo de ultraderechistas que fueron condenados o procesados por el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo una semana después de la asunción de Lula.
Según la información que pudo recolectar este diario, la diputada libertaria María Celeste Ponce mantuvo reuniones con varios, incluso se mostró sonriente en las redes sociales. Uno de ellos es Fabricio de Moura Gomes, empresario de Iha Bela, que tiene una condena a 17 años de prisión por abolición violenta de Estado Democrática y Golpe de Estado durante el ataque al Palacio de Planalto el 8 de enero. Lo señalan como el “líder político de los prófugos”, un grupo que, incluso, participó del acto de Milei en Parque Lezama cuando lanzó LLA a nivel nacional. Moura Gomes es el que articula entre los bolsonaristas que están en Argentina y LLA. Ponce también se reunió con Raquel Lopes de Sousa, otra de las prófugas condenada a 17 años por participar “activamente” en la “destrucción del mobiliario del Planalto”. “Todos gritaban palabras que demuestran su intención de deponer al Gobierno legítimamente constituido como ‘Fuera Lula’ y ´Presidente ladrón´”, sostiene la sentencia firmada por el juez Alexandre de Moraes, que también era uno de los objetivos del plan de Bolsonaro.
La diputada libertaria también recibió a Alethea Verusca Soares, condenada a 17 años de prisión por la Corte. La lista de Ponce también incluye a Simone Aparecida Tosato Días (condenada a 14 años) y Alessandra Faria Rondon (con una pena de 17 años). Todas sostienen que son perseguidos políticos del juez Moraes. Los últimos detenidos fueron Wellington Luiz Firminio, detenido en Jujuy mientras intentaba cruzar a Chile, y Joel Borges Correa, interceptado en San Luis.
