Argentina 2024: el año de la destrucción de políticas públicas de géneros y diversidad
Por Rosario Marina
El 2024 ha sido difícil para mujeres y diversidades en Argentina. A un año de la asunción de Javier Milei y a partir de su idea del Estado como obstáculo, muchas de las dependencias cruciales para la protección de los derechos humanos fueron desarticuladas, sus trabajadores despedides, y las políticas que impulsaban recortadas a grados extremos o dadas de baja. Todo esto impactó -y sigue impactando- de manera drástica en el acceso a derechos básicos de mujeres y personas LGBTIQ+.
Al desmantelamiento de organismos clave como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el INADI, se sumaron las declaraciones discriminatorias de altos funcionarios. El ministro de Justicia negó la diversidad de identidades sexuales, por mencionar solo una de las múltiples expresiones desinformantes en boca del gobierno.
Los retrocesos institucionales también se tradujeron en un aumento de la violencia. Y asomó una serie de medidas gubernamentales que apuntan a dar de baja logros históricos como la Ley de Identidad de Género o la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Más crímenes de odio y un triple lesbicidio
Como cada año, la Federación Argentina LGBT realizó su informe sobre crímenes de odio y en el de 2024 advirtieron: “ El Observatorio de Crímenes de Odio LGBT+ manifiesta su extrema preocupación por el aumento exponencial de los asesinatos de personas de la diversidad sexual. Los números son contundentes: en 2023 hubo 9 asesinatos en todo el año. Sólo en los primeros 6 meses de 2024 se registraron 9 crímenes de odio que terminaron con la vida de las víctimas”.
Entre ellos, el triple lesbicidio en un hotel familiar de Barracas (Ciudad de Buenos Aires). En la noche del 5 de mayo, Justo Fernando Barrientos atacó con un explosivo casero a Pamela Cobbas, Roxana Mercedes Figueroa y Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, cuatro mujeres lesbianas. Sólo Sofia sobrevivió. Hasta la fecha la causa no se investiga como crimen de odio, aunque testigues dijeron a Presentes que las víctimas venían siendo hostigadas por su orientación sexual por el victimario. El juez Edmundo Rabbione la calificó como «homicidio doblemente agravado». En el caso de Sofía el ataque fue reducido a «lesiones».
En Jujuy, el transfemicidio de Ana Paula Costas, de 43 años, conmocionó a la comunidad. Falleció luego de un brutal ataque en el barrio Alto Comedero, tras 12 días de internación. El crimen aún permanece impune.
La violencia contra personas migrantes LGBTIQ+ también cobró entre sus víctimas a Dámaris «Biscochito» León, asesinada en abril, a los 38 años. Había llegado a Argentina en 2018 desde Ecuador, buscando un país con Ley de Identidad de Género para cumplir su sueño de ser bailarina. Su caso evidenció la doble vulnerabilidad que enfrentan las personas trans migrantes, quienes suelen ejercer el trabajo sexual y mantener económicamente a sus familias en sus países de origen.
Rosario Sansone, una de las referentas salteñas destacadas en la lucha por el reconocimiento de los derechos del colectivo LGBTIQ+, también murió este año en circunstancias que aún no fueron aclaradas. El caso se investiga como posible transfemicidio.
Según el informe de crímenes de odio de la FALGBT, en los primeros 6 meses del año 2024 ocurrieron 60 crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia hacia ellas.
El 68% de los casos (41) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar con el 17% (7) se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 10% (6) de los casos prosiguen las lesbianas; y por último se encuentran con el 5% (3) del total, los varones trans.
Discursos de odio y desinformación
En 2024 las declaraciones desinformantes, falsas y hostiles a las personas LGBT+ de parte del gobierno y de influencers vinculados a La Libertad Avanza fueron moneda corriente.
En sus redes pero también en horario central de medios que lo entrevistaron, Nicolás Márquez, abogado y figura cercana a Javier Milei, difundió ideas falsas y peligrosas que patologizan la homosexualidad. Sus afirmaciones, como que la homosexualidad es “incentivada” por el Estado o que las personas LGBT+ viven menos, promovieron el odio y la discriminación.
Declaraciones del gobierno nacional reavivaron la polémica sobre el alojamiento de personas trans en cárceles. Tras un caso de abuso sexual y la solicitud de cambio de género de un jefe narco, Javier Milei y Patricia Bullrich anunciaron medidas para limitar estos derechos, afirmando que no permitirán cambios de penal bajo identidad de género.
Pero como dice César Bisutti, autor de esta nota sobre el mito de cambio de género y los privilegios “la discusión del alojamiento de personas trans en unidades penales no es nueva. Estrategias de sectores conservadores para voltear nuestros derechos tampoco”. Esos sectores están utilizando éste y otros casos para cuestionar la Ley de Identidad de Género, negando derechos y perpetuando estigmas en un sistema penitenciario ya profundamente desigual. Para la activista travesti Alba Rueda, estas medidas forman parte de una estrategia para tirar abajo la Ley de Identidad de Género.
En los últimos meses, activistas y organizaciones LGBTIQ+ han advertido sobre los ataques sistemáticos del gobierno de Javier Milei hacia los derechos de la diversidad. Estas medidas incluyen iniciativas legislativas para prohibir el cambio registral en menores, discursos de odio promovidos por funcionarios, y eventos como un seminario oficial que patologizó a las infancias trans.
Un poco de Justicia
En agosto de 2024 el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 de La Plata marcó un precedente histórico al condenar a Luis Alberto Ramos a prisión perpetua por el homicidio agravado por odio a la identidad de género de Tehuel de la Torre. Es la primera vez que la Justicia argentina trata el asesinato y la desaparición de una masculinidad trans con esta perspectiva. Además, ordenó medidas reparatorias para el colectivo travesti y trans, incluyendo la creación de un protocolo de búsqueda de personas LGBTI desaparecidas.
Sin embargo, el caso sigue abierto: Oscar Montes, el otro acusado, aún no fue juzgado ya que eligió un jurado popular, y el cuerpo de Tehuel no apareció.
En relación a la desaparición y homicidio de Tehuel surgió un caso insólito en la Justicia que se resolvió este año. Pierina Nochetti había sido llevada a juicio por el Municipio de Necochea por pintar un mural con la frase «¿Dónde está Tehuel»? en 2022. En 2024 la Justicia puso fin al proceso de criminalización contra la activista y trabajadora municipal tras alcanzar un acuerdo de conciliación. La causa penal, que se había iniciado en 2022 por «daño agravado», se extinguió. El municipio de Necochea se comprometió además a cerrar el sumario administrativo y considerar su recategorización en el presupuesto 2025. Pero para Pierina fueron casi tres años de proceso penal.
En Salta, el caso de Camila Spears también marcó un precedente judicial cuando su ex pareja fue condenada por intento de transfemicidio. En Santa Fe, la Justicia también marcó un hito en esa provincia al condenar por transfemicidio a Héctor Barrero, quien asesinó a Alejandra Ironici, activista trans y referente histórica. Ironici fue la primera mujer trans en obtener un DNI antes de la Ley de Identidad de Género y dedicó su vida a luchar por los derechos de su comunidad.
Este año la Justicia reconoció por primera vez a ocho mujeres trans y travestis como víctimas del Terrorismo de Estado. La sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata condenó a 11 acusados por delitos de lesa humanidad durante el Terrorismo de Estado. Diez de ellos a prisión perpetua. “Es un fallo único, inédito en el mundo”, expresó a Presentes la auxiliar de fiscal Ana Oberlin tras conocer los fundamentos del juicio Brigadas.
También hubo un fallo histórico que condenó por discriminación al influencer libertario Manuel Jorge Gorostiaga (@danannoficial en redes sociales). Se trata de la primera condena por discriminación contra una mujer trans en entornos digitales.
De acuerdo a lo difundido por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el influencer fue condenado a pagar una multa en efectivo. Además, se le impuso la prohibición de volver a nombrar o referirse a la víctima en cualquiera de sus plataformas o medio de alcance público.
Justicia por Sofía Fernández, un deuda
Entre los reclamos de Justicia pendiente está el de Sofía Fernandez, asesinada en una comisaría de Pilar. Hay 10 policías procesados pero 9 están libres. La familia pidió que se aparte al juez de la causa por una serie de irregularidades. Durante todo el año su hermana Mabel y el activismo convocaron a diversas marchas para que el caso de Sofía no quede impune.
Adiós a Ilse Fuskova
El año también estuvo marcado por la pérdida de referentes históricos de los derechos LGBT como Ilse Fuskova, pero también de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aliada crucial de la diversidad sexual y todas las luchas por los ddhh, entre otras figuras.
Ilse fue pionera de la visibilidad lésbica. Falleció a los 95 años el día antes del Orgullo LGBTIQ+. Primera lesbiana en visibilizarse en la televisión argentina y organizadora de la primera marcha del orgullo gay-lesbiano en 1992, su legado quedó plasmado en los Cuadernos de Existencia Lesbiana y en el documental sobre su vida estrenado en 2021.
Logros y resistencias
Un logro de 2024: los datos reunidos en el primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica que expuso datos sobre la comunidad: una importante presencia de personas bisexuales (22,5%) y no binaries (13,2%), así como una significativa proporción de masculinidades trans (5,3%).
El estudio confirmó que la población trans sigue siendo la más perjudicada por la discriminación, tanto en el ámbito educativo como laboral.
Además, en 2024 Buenos Aires fue sede de eventos deportivos internacionales LGBT+ históricos, incluyendo el Mundial de Deportes Acuáticos IGLA+ y el Mundial de Fútbol LGBT+ 2024. El equipo de natación «Al agua putx» de La Plata destacó al competir en la nueva categoría Open.
Una vez más, la capital argentina también protagonizó una marcha del Orgullo multitudinaria con casi dos millones de personas en las calles. En todo el país las manifestaciones del Orgullo se multiplicaron y en muchas de ellas se repitieron las consignas contra el ajuste y la represión.
Las protestas contra el gobierno también se expresaron fuerte en San Salvador de Jujuy, durante el 37° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries.
En el mes del Orgullo, la solidaridad internacional de treinta embajadas impulsó una declaración de apoyo para pedir garantizar los derechos de las personas LGBT, evidenciando que, frente al avance de discursos de odio, la organización colectiva resiste también en las relaciones internacionales.
La cultura también se convirtió en un espacio de resistencia crucial. La obra de teatro «Mi corazón no es de piedra ni de madera» visibilizó realidades poco conocidas, mientras que el Bachillerato Mocha Celis expandió sus iniciativas con una Escuela de Cocina Sustentable.
Retrocesos en políticas públicas
El “ajuste” del Estado tuvo un impacto devastador en las políticas de género durante 2024. El eliminado Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que contaba con 1.282 trabajadores en diciembre de 2023, se redujo al 50% en seis meses, y posteriormente se redujo al 80% del personal restante. Áreas críticas como la Dirección de Abordaje Integral de casos de Femicidios y Travesticidios, y la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género fueron suprimidas.
Por decreto, el gobierno de Milei cerró el INADI, un organismo creado en 1995 que era punto de referencia para la comunidad LGBTIQ+ en situaciones de discriminación y contaba con una red en todo el país. El desmantelamiento de estos espacios institucionales ha dejado un vacío en la protección de derechos fundamentales, en un contexto atravesado por la crisis económica y la devaluación de los salarios. Mientras programas cruciales como el Acompañar, que asistía a personas en situación de violencia de género, y el programa Travesti Trans, están prácticamente paralizados.
El ataque a los derechos laborales del colectivo se profundizó con el despido masivo de al menos 85 trabajadores travestis y trans del Estado en solo dos semanas, violando el decreto 84/2023 que exceptuaba a quienes habían ingresado por cupos. Este ataque directo al cupo laboral trans, que había logrado la inserción de 955 personas en el sector público nacional desde 2021, representa un retroceso significativo en la inclusión laboral del colectivo. Las organizaciones también relevaron 10 trabajadorxs trans despedides en distintos municipios del país, evidenciando un patrón sistemático de exclusión.
Mientras tanto, colectivos travestis y trans siguen sosteniendo y avanzando por vía judicial en el reclamo de reparación histórica y pensión para adultas mayores. También en la sanción de una ley integral travesti y trans.
El año también estuvo fuertemente marcado por la restricción del derecho a la protesta en las calles, a través de operativos represivos, y por los retrocesos en materia de libertad de expresión. Así lo reporta el Informe “Libertad de expresión en la Argentina 2024”, elaborado por la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos AIres. Y también destaca la baja de voces de mujeres y diversidades en los medios.
