COP 532 – Por Boaventura de Sousa Santos
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Boaventura de Sousa Santos *
Para quien, como yo, presenció el nacimiento del Convenio de la ONU sobre Biodiversidad en mayo de 1992 en Río de Janeiro y ha seguido su evolución a lo largo de los últimos treinta años, reflejada en las sucesivas COP (Conferencias de las Partes), es natural observar cada nueva COP con creciente distancia y escepticismo (siempre con la clamorosa ausencia de EEUU). Casualmente, estuve en Cali, Colombia, durante el periodo en que se celebró la COP 16 (segunda quincena de octubre).
El propósito de mi visita era reunirme con algunos de los movimientos sociales que organizaron la gran explosión social de resistencia en 2021, a la que yo estuve muy vinculado, a saber, Puerto Resistencia (antes conocido como Puerto Rellena). Fue allí donde la gente en lucha erigió el antimonumento, Monumento a la Resistencia, una escultura construida colectivamente, de casi diez metros de altura, que representa la mano de Kay Kimi Ktachi, el dios maya de la guerra, sosteniendo el signo «Resiste». El monumento acaba de ser reconocido por el gobierno colombiano como monumento nacional, lo que puede contribuir a protegerlo de los diversos intentos de las fuerzas de derecha y extrema derecha por derribarlo.
La COP 16 tuvo a su favor el hecho de celebrarse en el país cuyo presidente tiene la conciencia más informada y exigente sobre el inminente colapso ecológico y donde los movimientos y organizaciones, tanto indígenas como afrodescendientes (la vicepresidenta Francia Márquez es afrodescendiente), tienen una experiencia sufrida y reflexiva sobre la guerra contra la naturaleza del actual modelo de desarrollo económico. No en vano, el tema general de la COP fue «Paz con la Naturaleza».
Si nos fijamos en las organizaciones del Norte global que han participado y dominado este tipo de reuniones, es fácil concluir que la COP 16 fue más de lo mismo, ya que la prioridad siempre ha sido preservar la continuidad del capitalismo global y encontrar nuevas oportunidades de negocio en la crisis ecológica. Se pueden hacer compromisos, pero son más retóricos que reales. Algunos de ellos son un ejercicio de hipocresía, como sustituir el término «bonos de carbono» por «bonos de naturaleza».
Pero como ocurre con otros acontecimientos internacionales, la realidad o la eficacia de la COP16 no puede reducirse a lo que oficialmente (no) se debatió y (no) se decidió. Incluye todo lo que tuvo lugar o se hizo posible dentro y fuera de los marcos institucionales. Esta fue la «COP de la gente» debido a la participación masiva de organizaciones y movimientos populares (la «zona verde» de la COP). Utilizaron la COP para impulsar sus agendas nacionales e internacionales. Los movimientos y organizaciones indígenas y afrodescendientes fueron especialmente activos, y dentro de ellos destacó la participación de las mujeres. Es el caso de la Red Internacional de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad y la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad para América Latina y el Caribe.
A nivel institucional, la mayor victoria ha sido sin duda el reconocimiento oficial de la contribución de los afrodescendientes a la conservación de la biodiversidad, que la vicepresidenta de Colombia calificó de medida histórica de justicia étnico-racial. Se trata de una medida con un simbolismo especial, ya que Cali es, después de Salvador (Brasil), la mayor ciudad negra de América Latina. Esta victoria se produjo en el marco del acuerdo más amplio sobre el artículo 8J del Convenio (conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales): se aprobó la creación de un órgano subsidiario para los pueblos indígenas y las comunidades locales, que vincula la protección de la biodiversidad a la protección de las comunidades locales que más la cuidan.
Pero lo más importante fue la forma en que se articularon las distintas luchas sociales para converger en reivindicaciones que potenciaron su unidad y visibilidad y tendieron puentes decisivos entre biodiversidad y bioculturalidad. Así, en la Convergencia Regional del Pacífico Colombiano participaron negros, afros, palenqueros, indígenas, jóvenes, mujeres, grupos campesinos, diversas organizaciones LGBTIQ+, comunidades locales y urbanas, juntas de acción comunal y académicos. A nivel internacional, y también por iniciativa de la Vicepresidencia de Colombia, se han profundizado las relaciones con los países del Caribe y algunos países africanos, incluyendo acuerdos de extinción de visas entre Colombia, Mozambique y Ghana.
Los grupos oprimidos que la dominación eurocéntrica moderna (capitalista, colonialista y patriarcal) ha arrojado al otro lado de la línea abisal, en la sociabilidad colonial, como he propuesto en las epistemologías del Sur, han aprendido a lo largo de siglos a vivir estos acontecimientos con una hermenéutica de la sospecha, y por tanto a participar con un pie dentro y otro fuera de las instituciones que se les imponen. Los movimientos y organizaciones indígenas han sido especialmente ingeniosos a la hora de dar a la COP 16 su verdadero nombre: COP 532. Es decir, el número de años de colonialismo europeo en Abya Yala.
Teniendo en cuenta que los pueblos indígenas no representan más que el 6,2% de la población mundial, ¿cómo explicar que el 80% de la biodiversidad se concentre en sus territorios y en los de los campesinos pobres? Si han sido los guardianes de la biodiversidad durante siglos, ¿no deberían estar al frente del Convenio de la ONU sobre Biodiversidad y proponer las medidas necesarias para salvar lo que aún no se ha perdido? ¿No son ellos los expertos? ¿Por qué estas reuniones se dirigen y organizan según la matriz cultural y obedeciendo a los intereses de quienes han sido y siguen siendo los máximos responsables de la destrucción de la biodiversidad? Estas preguntas están fuera del debate político autorizado a circular por los pasillos de la COP.
Pertenecen al debate civilizatorio con el que los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos quieren condicionar el debate político, y lo están haciendo cada vez con más insistencia. Por ello, los movimientos indígenas que promueven el «Plan Global de Vida», aunque celebran la victoria en el marco del artículo 8J, la consideran insuficiente «porque los pueblos del mundo seguimos luchando para que nuestras nacionalidades originarias tengan voz y poder de decisión propio en el escenario global y como gobiernos indígenas».
La idea de la COP 532 era reforzar la legitimidad de las luchas sociales que se están llevando a cabo en Colombia. Tres ámbitos merecen una mención especial: la tierra, la educación y el derecho. La lucha por la reivindicación de la tierra está presente en toda la región y, en particular, en la región del Cauca, donde se celebró la COP. El Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) viene recuperando miles de hectáreas de tierra con el objetivo de promover la agricultura indígena y campesina. En el ámbito de la educación propiamente dicha, los pueblos Misak, Nasa y Pijaos vienen reclamando al gobierno colombiano una mayor atención a los procesos educativos interculturales.
El Taita (autoridad) Jesús Maria Aranda, de la comunidad Misak, dijo que el objetivo de la autoeducación es «garantizar que los procesos de vida de los pueblos perduren para sus generaciones y esto sucede por la existencia de los espacios desde siempre y para siempre. La Misak Universidad o Ala Kusrei ya Misak Universidad es muy importante. La Misak Universidad se articulará con el sistema educativo oficial de acuerdo con los principios del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y respeta los mandatos propios y la dignidad de los pueblos, como es el Derecho Mayor».
La cita de Taita Jesús tiende un puente con el tercer eje de lucha: el reconocimiento del derecho propio indígena. Esta lucha cobra especial actualidad en la actualidad, ya que 33 años después de su consagración en la Constitución Política de 1991 (art. 246), el Congreso colombiano discute la «coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional» a través de un proyecto de ley de coordinación interjurisdiccional.
Este proyecto de ley ya ha sido objeto de consulta previa, libre e informada de conformidad con el derecho internacional de los pueblos indígenas. Los objetivos de la ley son amplios: Establecer una hoja de ruta que refuerce el reconocimiento de los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas y promueva el diálogo de autoridad a autoridad. Avanzar en escenarios de coordinación con todo el respaldo y la seguridad jurídica necesarios. Crear una base y reglas generales para que las diferentes formas de justicia puedan trabajar juntas. No pretende unificar o hacer iguales los sistemas de justicia de los 115 pueblos indígenas del país.
Respetar siempre la autonomía y diversidad de los pueblos indígenas, reconociendo la riqueza cultural de la nación. Recopilar la jurisprudencia de las altas cortes sobre cómo coordinar la justicia indígena con la justicia ordinaria, y las reglas para determinar cuándo aplica el fuero indígena. Establecer la obligatoriedad de mediación lingüística y la formación de intérpretes. Reforzar el deber de apoyo técnico, científico y jurídico entre las autoridades, operadores y colaboradores del Sistema Judicial Nacional y las autoridades de los pueblos indígenas.
Fortalecer las instancias existentes de coordinación entre la justicia indígena y el sistema judicial nacional. Abordar e incluir las demandas del movimiento indígena y las posturas de las entidades judiciales. Todos estos temas han sido discutidos y acordados en la Comisión de Coordinación Nacional del Sistema Judicial y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN), principal espacio de diálogo en este tema, junto con la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas.
A pesar de que “todos estos temas han sido discutidos y acordados en la Comisión Nacional de Concertación del Sistema Judicial y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN), principal espacio de diálogo sobre el tema, junto con la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas” es de esperar que la aprobación de este proyecto de ley sea particularmente polémica y turbulenta. Pero lo cierto es que Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro, se está convirtiendo en el país de América Latina donde los pueblos indígenas tienen más razones para esperar el reconocimiento de su autodeterminación y autogobierno. Esta sería la realización más plena de la COP 532.
*Sociólogo. Profesor catedrático jubilado de la Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.)
