La Asamblea Legislativa aprobó por trigésima segunda vez el régimen de excepción
El Salvador continúa bajo régimen de excepción
El pleno del Legislativo votó 57 a favor, uno en contra y dos abstenciones por ampliar la normativa.
La medida suspende garantías constitucionales para facilitar “las herramientas y mecanismos jurídicos a las instituciones de Seguridad Pública, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador, para restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”, sostienen sus promotores.
El régimen, contenido en el decreto No. 333 de fecha 27 de marzo 2022, suspende derechos fundamentales para la población como el de ser asistido por un abogado en caso de detención, ser informado de los motivos de la detención o el de la inviolabilidad de las comunicaciones o de asociación.
Según los legisladores salvadoreños tras más de dos años y medio, se mantendrá hasta terminar con el último pandillero, aunque en agosto el presidente Nayib Bukele planteó la posibilidad de prescindir de ella, que debía ser supuestamente temporal y que fue aplicada como estrategia de seguridad.
En una extensa entrevista con la Revista Time, el jefe de gobierno destacó sus logros con la detención hasta ahora de más de 82 mil pandilleros, por lo cual pudiera considerarse mantener los estándares de seguridad en el futuro sin el régimen de excepción.
“En algún momento en el horizonte cercano, en el corto plazo, nosotros esperamos poder quitar el régimen de excepción, regresar a la normalidad en el término constitucional y poder mantener la paz que hemos logrado con simple actividad judicial y judicial normal”, planteó Bukele aunque no definió una fecha.
La ampliación del régimen de excepción coincide con una cadena de 11 jornadas consecutivas sin asesinatos que partió de octubre cuando se marcó un récord mensual de 27 días sin letalidades atribuibles a las pandillas.
Según el presidente de la Asamblea, el diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, la ampliación del régimen de excepción en El Salvador significa libertad para la población.
Familiares de detenidos marchan hacia la Asamblea Legislativa de El Salvador
Sociedad civil y familiares de personas detenidas en el régimen de excepción se desplazaron hacia la Asamblea Legislativa de El Salvador, para entregar una solicitud que derogue la normativa que restringe las visitas en los penales.
#MOVIREnPieDeLucha defendiendo inocentes
Exigimos vistas familiares pic.twitter.com/Iu2zM8Lw8G— Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) November 5, 2024
Por su parte, el Movimiento de Víctimas del Régimen del Salvador (Movirsv) se manifestaron para exigir la visita de los familiares y demandaron la posibilidad de acceder a saber el estado de salud de los recluidos.
Asimismo, denunciaron el hacinamiento y los malos tratos físicos y sanitarios, así como carencias nutricionales.
«Nuestra lucha es defender derechos, comprobar inocencia de inocentes, exigir su libertad, justicia y reparación. Hasta cuando con semejantes injusticias. Ya basta», recalcó Movirsv.
El Censo de Población y Vivienda del 2024 reflejó que en la nación salvadoreña existen 107.055 personas privadas de libertad, de ellos 94.112 son hombres y 12.943 mujeres, de una población total de 6.029.976 habitantes en la nación. Esto arroja que el 1.8 por ciento de la ciudadanía se encuentra privada de libertad.
La tasa de privados de libertad actual es mayor desde que se estableció el régimen de excepción, en marzo de 2022, y confirma que El Salvador se mantiene como el país con la estadística más alta de privados de libertad en América, con 1.776 por cada 100.000 habitantes.
El Censo efectuado por el Banco Central de Reserva (BCR) reveló que los 107.055 privados de libertad están clasificados como registro administrativo y la cifra es solo un poco menor que los 143.049 habitantes de Cabañas y los 161.857 residentes en San Vicente.
Antes de la implantación del régimen de excepción, hasta inicios de marzo de 2022, el sistema carcelario de El Salvador tenía aproximadamente 35.000 privados de libertad, independientemente que la capacidad era de 30.000. En enero de 2023, se edificó e inauguró el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que puede alojar un máximo de 40.000 reclusos, pero por hoy solo está a un 36 por ciento de su capacidad.
