Elecciones en Uruguay: aires de un Amplio recambio al Frente del Ejecutivo – Por Paula Giménez y Matías Caciabue
Elecciones en Uruguay: aires de un Amplio recambio al Frente del Ejecutivo
Por Paula Giménez y Matías Caciabue*
El domingo 27 de octubre, la República Oriental del Uruguay será escenario de una importante jornada electoral en la que se decidirá el futuro político del país. Con más de 2,7 millones de uruguayos habilitados para votar, se elegirá tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Estas elecciones no solo definirán quiénes ocuparán los cargos de presidente y vicepresidente, sino también a los 30 senadores y 99 diputados que conforman la Asamblea General. Además, el electorado deberá decidir sobre dos plebiscitos. Por un lado, la reforma de la seguridad social impulsada por la Central Única de Trabajadores, que plantea el rechazo o continuidad de la medida presidencial de llevar de 60 a 65 años la edad de retiro. Por otro lado, una propuesta impulsada por la coalición de gobierno, que busca habilitar los allanamientos nocturnos.
En este contexto, el Frente Amplio, representado por Yamandú Orsi del Movimiento de Participación Popular (MPP), lidera las encuestas. La coalición de Partidos de Izquierda y Centroizquierda contiene un fuerte movimiento de base ciudadana. La fuerza social que sintetiza el Frente Amplio aglutina sectores de trabajadores y pequeña burguesía, del campo y la ciudad.
La fórmula presidencial que integra Orsi junto a Carolina Cosse, indica la vocación unitaria de esta coalición política, la más importante del país en cuanto a los cuadros políticos que aglutina y moviliza. Con la participación sorpresiva del ex presidente Jose “Pepe” Mujica, el MPP cerró su campaña el pasado 19 de octubre, tres días antes al cierre oficial del Frente Amplio el martes 22 de octubre en el Parque Battle de la capital. Convocado por su esposa, la ex vicepresidenta e histórica dirigenta política, Lucía Topolansky, el líder de uruguayo, que padece de cancer de esofago, afirmó frente a una multitud emocionada “Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral estando el resto y lo hago porque estoy peleando con la muerte, al final del partido, absolutamente convencido y consciente, pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes” y convocó a prepararse políticamente porque “las nuevas generaciones van a vivir un cambio en el mundo que no ha conocido la humanidad”.
Uruguay es un país con un relevante 97% de población urbana y una mayoría concentrada en la capital y sus conurbanos. Su actual presidente, Luis Lacalle Pou, del liberal Partido Nacional, no puede optar a la reelección, ya que la Constitución uruguaya prohíbe la reelección inmediata, lo que abre un panorama competitivo y diverso, con varias fuerzas políticas luchando por ocupar el máximo cargo ejecutivo por cinco años.
De acuerdo con el sistema electoral uruguayo, en caso de que ningún candidato presidencial alcance el 50%+1 de los votos emitidos en esta primera vuelta, la segunda vuelta se realizará el 24 de noviembre de 2024. En cuanto al poder legislativo Uruguay no tiene elecciones de medio término.
El país rioplatense cuenta con un sistema de gobierno de tres niveles: nacional, departamental y municipal. A nivel departamental, se distribuyen 19 gobiernos, y a nivel municipal existen 125 municipios, que constituyen el tercer nivel de administración. Desde 2009, los municipios han ganado relevancia en la descentralización del poder y en la organización política del país.
Las propuestas
En esta elección, se presentan once candidaturas presidenciales, con enfoques diferentes en cuanto a las políticas públicas y posicionamientos ante los desafíos que enfrenta Uruguay y la región. Sin embargo, como en el mapa regional, son dos las grandes fuerzas sociales enfrentadas, en un escenario que tiende a la polarización en caso de un balotaje. Los candidatos con mayor proyección, de acuerdo a los datos de las encuestadoras, son cuatro.
Álvaro Delgado por el Partido Nacional (PN) es el candidato del oficialismo, actual secretario de Presidencia y ha propuesto profundizar las políticas económicas de corte neoliberal implementadas por el gobierno de Lacalle Pou. En lo discursivo hace énfasis en la atracción de inversiones extranjeras y la mejora del empleo. Su candidatura se complementa con Valeria Ripoll, funcionaria, con antecedentes sindicales y panelista de televisión. El PN promete continuar con la política de reducción del déficit fiscal mediante un ajuste y control del gasto público. Además, su plan incluye incentivar la inversión privada y mejorar la infraestructura logística del país para aumentar la competitividad.
Orsi, actual intendente de Canelones, presenta una plataforma que busca fortalecer el rol del Estado en áreas clave como la educación y la salud. En sus discursos hace énfasis en políticas redistributivas y la ampliación de derechos. Junto a Cosse, ex intendenta de Montevideo, busca recuperar el terreno perdido en las últimas elecciones. Orsi, propone una mayor intervención del Estado en la economía, con políticas de expansión fiscal y planes de empleo público para combatir el desempleo. Asimismo, pretende aumentar la inversión en educación e innovación tecnológica y propone un enfoque preventivo en el ámbito de la seguridad.
Andrés Ojeda es el candidato del Partido Colorado (PC). Él es abogado y figura emergente en el PC, propone un enfoque económico liberal, que se concentra en la desregulación y modernización del Estado. Su candidato a vicepresidente es Robert Silva, con recorrido tanto en la administración pública como en la educación, hasta el 2023 fue presidente de la Administración Nacional de Educación Pública. Andrés Ojeda enfoca sus propuestas en la liberalización del mercado, la reducción de los impuestos y un estímulo a la inversión extranjera.
Así también, Guido Manini Ríos irá por el Cabildo Abierto (CA). Manini Ríos es un excomandante en jefe de confianza del General Jorge Rafael Vera, uno de los líderes del golpe de Estado contra Juan Maria Bordaberry en 1973 y ex legislador por el PN. Representa quizás la opción más conservadora, con un enfoque en la seguridad pública y el nacionalismo exacerbado. Junto a Lorena Quintana, su fórmula destaca por priorizar políticas de defensa y justicia. Ambos centran su propuesta en la soberanía económica, con políticas proteccionistas para sectores como la agricultura. Plantea una reforma profunda de las políticas fiscales para reducir la carga impositiva a los productores nacionales y promueve un enfoque punitivista para la seguridad del país.
El Frente Amplio con posibilidades y una región en alerta
De acuerdo a los datos ofrecidos por la consultora Factum, el Frente Amplio se ubica a la cabeza de las elecciones con un 44 % de intención de voto, seguido por el Partido Nacional que sólo llega al 24 %. Desde el 2005 al 2015, Tabaré Vazquez y Pepe Mujica condujeron los destinos del pueblo uruguayo en una América Latina de gobiernos progresistas donde bloques regionales como el ALBA, UNASUR y MERCOSUR habilitaron tanto relaciones políticas como comerciales con perspectiva de integración soberana y estratégica. En el año 2020 el Partido Nacional asumió el Ejecutivo y a más de cuatro años, la direccionalidad de las políticas del país vuelven a estar en tensión.
Luego del único mandato de Lacalle Pou que avanzó en la financierización económica en detrimento de la producción y el trabajo y promovió la retracción estatal frente a los problemas cotidianos de la gente, estas elecciones resultan una gran oportunidad para construir un nuevo gobierno que responda a los intereses del campo popular.
Yamandú Orsi y Carolina Cosse proponen, entre otros puntos, priorizar inversiones con “mayor impacto dinámico” y promover la conexión entre la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos y los negocios en sectores como las TIC, las ciencias de la vida y la producción sostenible. Otra de sus propuestas es la articulación del ecosistema de ciencia y tecnología con el objetivo de atraer inversiones extranjeras y aumentar la productividad. En su plataforma se encuentra también la reducción de los costos y carga burocrática para las pequeñas y medianas empresas, el mejoramiento del transporte público y la promoción de la asociación entre industrias y centros de investigación.
Por otro lado, como parte de las medidas sociales que proponen se encuentran: el aumento de un 50% del monto de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y del Bono Crianza; apoyo económico a familias con niños en centros de educación inicial (CAIF y otros), jardines y escuelas; becas para estudiantes de enseñanza media; mayor cobertura de niños en jardines y escuelas de tiempo completo y programas de empleo para jóvenes de 18 a 24 años.
En este contexto es que además de la elección de los cargos ejecutivos y legislativos, las y los uruguayos votarán los proyectos de reforma constitucional. El primero se refiere al artículo 11, que actualmente prohíbe los allanamientos en hogares durante la noche, permitiéndolos únicamente durante el día, previa orden judicial, mientras que el segundo busca modificar el artículo 67 relacionado a los derechos laborales y el sistema de pensiones (jubilaciones). Ambos proyectos han generado un intenso debate en la sociedad, y su aprobación o rechazo será también definida el domingo 27 de octubre.
En cuanto al plebiscito de reforma jubilatoria de 2024, el sindicato PIT-CNT ha lanzado una propuesta con tres objetivos principales:
Eliminar las AFAP y prohibir el ahorro individual para la jubilación. Las AFAP son empresas que administran los fondos de pensión de los trabajadores a través de cuentas de ahorro individual. La propuesta de PIT-CNT busca eliminarlas y, además, impedir que el ahorro individual sea para fines jubilatorios. En otras palabras, el sistema pasaría a depender exclusivamente de un modelo público, eliminando las opciones privadas de ahorro.
Establecer la edad de retiro en 60 años. La propuesta busca garantizar que los trabajadores puedan retirarse al cumplir 60 años. En 2023 el actual presidente modificó este derecho y estiró la edad jubilatoria a 65 años.
Fijar una jubilación mínima igual al Salario Mínimo Nacional: El objetivo de esta medida es garantizar que todos los jubilados reciban al menos una pensión equivalente al salario mínimo. Esto aseguraría un nivel de ingreso básico para quienes se retiran.
Así, esta reforma busca cambiar de manera significativa el sistema jubilatorio, eliminando las opciones de ahorro privado, estableciendo una edad de retiro más baja, y garantizando una pensión mínima que proteja a los jubilados frente a la pobreza.
Los retos para el futuro gobierno
El nuevo gobierno uruguayo deberá enfrentar varios desafíos estructurales. En primer lugar, el envejecimiento de la población y la necesidad de reformar el sistema de pensiones será uno de los temas más urgentes. Otro desafío importante es la seguridad ya que a pesar de ser uno de los países más seguros de América Latina, hay un aumento en los delitos violentos en los últimos años, lo que ha puesto la seguridad pública en el centro del debate electoral.
Las elecciones en Uruguay este 2024 representan un momento crucial para el país y la región. Con una diversidad de candidatos y propuestas, los ciudadanos uruguayos tendrán la responsabilidad de decidir el rumbo que tomará el país en los próximos años. Desde los desafíos económicos hasta las reformas constitucionales, estas elecciones marcarán un antes y un después. Como siempre, la participación ciudadana más allá del proceso electoral será fundamental para asegurar que la democracia tenga contenido y protagonismo popular, incluyendo propuestas de cambios profundos en la matriz productiva que permitan mayor desarrollo soberano. Esta vez no sólo en el país sino también de cara a la región se presenta una nueva posibilidad de generar acciones y marcos de integración para hacer frente al modelo de hiperfragmentación y nacionalismos conservadores de gobiernos que tienen impulso a lo largo y ancho del territorio latinoamericano.
En definitiva, la posibilidad de una vuelta del Frente Amplio después de los cinco años del gobierno del Partido Nacional no sólo habilitará un renovado modelo social y económico para el país, sino que también permitirá construir nuevas alianzas en un contexto regional en el que gobiernos neofascistas como los de Javier Milei y Nayib Bukele acumulan poder y configuran fuerzas políticas con sectores económicos y financieros cuyos intereses son opuestos a los de las mayorías.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, directora de NODAL. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y ex Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).