Continúa el juicio a altos mandos de Carabineros por violación de DDHH
Dictar órdenes y más: las responsabilidades que se le imputan a exgenerales en caso Alto Mando
Por Diego Álvarez Calvo
La formalización de cargos por parte del Ministerio Público contra el exalto mando de Carabineros, durante el Estallido Social, se extendió por dos días, tiempo suficiente para detallar las responsabilidades que se le imputan a los exgenerales, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate.
Los tres se encuentran en calidad de imputados en medio del denominado “caso Alto Mando”, donde se les acusa por sus posibles responsabilidades, por el cargo que desempeñaban en la institución policial, en delitos cometidos durante las manifestaciones que comenzaron en 2019.
Cabe recordar que en el periodo mencionado, Ricardo Yáñez se desempeñaba como director de Orden y Seguridad; Mario Rozas como general director; y Diego Olate como subdirector.
A los exgenerales se les apunta por 228 casos
Así, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, terminó de detallar, uno a uno, los 228 casos que son utilizados para argumentar los delitos de “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio”.
Por su parte, del total de las causas incluidas, sólo hay un caso con resultado de muerte. Se trata de Cristián Valdebenito, quien falleció debido a una laceración de arteria por impacto de objeto contundente, luego que personal de Carabineros desplegado en una manifestación, en la intersección de las calles Ramón Corvalán con Carabineros de Chile, hizo uso de la carabina lanza gases con munición .37 mm de manera directa a las personas, específicamente al cuerpo de los manifestantes, sin resguardar además una distancia, segura ni en parábola, según Fiscalía.
En tanto, según los abogados defensores de la causa, de los 228 casos utilizados para argumentar las acusaciones, cerca de 50 contarían con una condena que está firme y ejecutoriada, mientras que el resto todavía se encuentra con procesos judiciales abiertos.
Asimismo, en la intervención de la Fiscalía, también se hizo referencia a los informes de organismos internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos, en los que se cuestiona, respecto a Carabineros, la violación del derecho a la integridad personal que generó la utilización de escopetas antidisturbios sin respetar los criterios y exigencias dispuestos en los protocolos para el mantenimiento del orden público, basados en el derecho internacional de los derechos humanos.
De este modo, los persecutores acusaron que los imputados, en las calidades ya referidas, ejerciendo cargos y funciones públicas en Carabineros de Chile, tomaron conocimiento de que, en contexto de las acciones de control del orden público, sus subordinados, de forma consistente en el tiempo y en todas las regiones del país, incurrieron en una serie de conductas constitutivas de delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, mediante abuso de su cargo y al margen de las reglas de uso de la fuerza, y con infracción de las mismas. También, que bajo ese escenario, estando en posición de hacerlo y contando con autoridad para ello, no desplegaron medidas eficaces ordenadas a impedirlos o hacerlos cesar, estando obligados a ello.
Entre los casos que fueron utilizados para sostener los delitos imputados, se consideró el de la senadora independiente Fabiola Campillai.
“El, a esa fecha, capitán de Carabineros Patricio Javier Maturana Ojeda hizo uso de la carabina lanza gases, con munición 37 milímetros, de forma directa a las personas, específicamente al cuerpo de los manifestantes, sin el resguardo de la distancia”, dijo la fiscal Chong.
“No habrá justicia sin considerar el contexto”
Una vez terminada la audiencia, el exgeneral Yáñez reiteró sus críticas a la investigación y acusó que “la imputación que el día de hoy se nos ha hecho carece de mucho, omite muchos antecedentes que contextualizan lo que ocurrió en esa época. Es muy fácil hoy hacer imputaciones respecto a las actuaciones de ello, pero había que estar ahí”.
“No habrá justicia sin considerar el contexto en el que se vivió es periodo. No podemos dejar la democracia en manos del vandalismo y la destrucción”, agregó.
Según el defensor del ex subdirector de la institución uniformada, Diego Olate, el abogado Sergio Contreras, la Fiscalía se encuentra incluso cuestionando los resultados de los sumarios administrativos que hubo al interior de la institución, al no obtener los resultados, que según él, esperaba el ente persecutor.
Por su parte, la abogada querellante y defensora de los Derechos Humanos, Karinna Fernández, explicó que “son cuatros los ejes sobre los que se levanta esa obligación que fue omitida, en la idea que no se hizo cesar”.
En ese sentido, detalló que son “la responsabilidad en materia de derechos humanos”, “el gasto de munición”, “supervisión” y “disciplina”.
Las responsabilidades que se imputan a Yáñez, Rozas y Olate
De esta manera, según el Ministerio Público, Mario Rozas debía aprobar la adquisición, el retiro del servicio y la enajenación de armamento conforme a los criterios técnicos institucionales, sin perjuicio de las disposiciones legales sobre dichas materias.
También, le correspondía aprobar y disponer el uso y aplicación de todas las publicaciones oficiales internas de su Institución y los textos de estudio de sus planteles. Además, al entonces general director de Carabineros, le correspondía dictar órdenes generales, disposiciones obligatorias para toda la institución policial, e instrucciones por medio de circulares, y emitir Boletines Oficiales.
En cuanto a Diego Olate, como ex subdirector de la institución, le correspondía asesorar al general director de Carabineros en el proceso de dirección estratégica, especialmente en el estudio e implementación de políticas, planes, programas y estrategias que permitan mejorar la gestión institucional.
Por su parte, a Ricardo Yáñez, mientras se desempeñaba como ex Director Nacional de Orden y Seguridad, le correspondía planificar, organizar, dirigir, controlar, evaluar y coordinar a nivel estratégico el cumplimiento de la misión institucional de seguridad y orden público, que se realiza a través de las zonas de Carabineros dependientes de él, a la vez que era el puente de comunicación y de relación entre las jefaturas de Zona de su dependencia y la Dirección General.
En tanto, la formalización será reanudada el próximo lunes 14 de octubre, luego de que fuese suspendida antes de comenzar con la discusión de las medidas cautelares de los imputados, con el fin de que la nueva defensa de Yáñez pueda prepararse de forma adecuada.
Primera jornada de formalización de generales de Carabineros alcanzó para relatar apenas un 10% de casos de violaciones a DD.HH.
Por Diego Ortiz y Lun Lee
úmero 1, víctima don F.P.M.: El día viernes 18 de octubre del año 2019, alrededor de las 16:30 horas, en la intersección de las calles Nataniel Cox con Santa Isabel, mientras la víctima se encontraba en una manifestación, personal de Carabineros desplegado en el lugar en labores de control de orden público, hizo uso de la carabina lanza gases, realizando disparos directos al cuerpo de los manifestantes […], dando alcance a la víctima, lesionándolo en su ojo izquierdo y provocándole una lesión cuyo diagnóstico es de trauma ocular severo con estallido ocular”.
“Número 52, víctima J.G.V.: El día viernes 25 de octubre de 2019, […] Carabineros hizo uso de la escopeta antidisturbios de manera directas a las personas […], dándole alcance a la víctima, hiriéndolo en su ojo izquierdo, provocándole una lesión traumática de carácter grave, diagnosticada como trauma ocular severo, producto de la cual la víctima termina con la pérdida de funcionalidad total y permanente de su ojo”.
“Número 137, víctima N.O.T.: El día martes 12 de noviembre de 2019 […] Carabineros hizo uso de la escopeta antidisturbios de forma directa a las personas, en específico, al tercio superior del cuerpo de los manifestantes […], alcanzando a la víctima N.O.T. e hiriéndolo en su ojo derecho, provocándole una lesión traumática de carácter grave, en el ojo derecho, con desprendimiento de retina”.
Este jueves, la fiscal jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, dio inicio ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago a la acusación del Ministerio Público en contra de los ex directores de Carabineros, generales (R) Ricardo Yáñez y Mario Rozas, y el ex subdirector de la institución, general (R) Diego Olate, por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios contra civiles por hechos ocurridos en el contexto del estallido social.
En otras palabras, los ex altos mandos de Carabineros son acusados de no haber realizado las acciones pertinentes para evitar que los funcionarios policiales vulneraran los derechos fundamentales de los civiles que participaron en las manifestaciones, o bien, estuvieran en el radio de acción en el que ocurrieron los hechos.
La audiencia se suspendió después de varias horas de exposición del Ministerio Público. La fiscal Chong busca exponer ante el tribunal los 1.386 casos de violaciones a los Derechos Humanos que presentará como evidencia en contra de los altos mandos de Carabineros. En 2 horas 40 minutos, Chong alcanzó a relatar el 10% de éstas, con 138 causas brevemente descritas.
Cada uno de los hechos de violencia policial que expuso siguió la misma fórmula: sólo se mencionó el nombre de la víctima; dónde fue herida por personal policial; fecha y hora en que ocurrieron los hechos; lesiones provocadas; características de los disparos —zona del cuerpo a la que fueron dirigidos y si se realizaron a una distancia permitida—; y una descripción del actuar policial, el cual en la mayoría de los casos incluyó un abuso del cargo y una actuación al margen de las reglas de uso de la fuerza por parte de los efectivos. Se espera que la jefa de la fiscalía de Alta Complejidad tarde al menos cinco días en terminar la exposición de las causas.
La formalización en contra de Ricardo Yáñez propició que el número 1 de Carabineros presentara su renuncia el pasado 27 de septiembre para asistir a tribunales sin ostentar el cargo de director general. La decisión responde al denominado criterio Tohá, que indica que ninguna autoridad puede mantenerse en su puesto si es imputada formalmente ante la justicia, aunque tanto Yáñez como desde el Gobierno han argumentado que la decisión del ex director fue personal y no por presiones del Ejecutivo.
“Valoramos que en este momento al enfrentar la situación que está ad portas en términos de lo definido por los tribunales, el general haya contribuido a dar una salida correcta a esta situación, salvaguardando en primer lugar a la institución, que es de todos los chilenos, que trasciende a las personas”, indicó Tohá.
La ministra fue más allá a través de su cuenta en X, dándole las gracias a nombre del Presidente Gabriel Boric y “de todo el país” al ahora ex director Yáñez. “Al concluir su gestión, tenemos a Carabineros fortalecido y con una renovada valoración ciudadana”, tuiteó.
Si bien la primera jornada de formalización concluyó con parte de la lectura de 1.386 casos vinculados al estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso más del doble de querellas en contra de Carabineros, la Armada y el Ejército por hechos ocurridos durante el estallido social. Entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, el organismo interpuso ante los tribunales de justicia 3216 querellas en favor de 3777 víctimas.
Sobre los delitos contenidos en dichas querellas, 2814 corresponden a hombres y 959 a mujeres con una edad promedio de 26 años- En el detalle, 1486 víctimas corresponden a personas pertenecientes a algún grupo especial de protección y 591 corresponden a niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, 194 víctimas mujeres denunciaron algún hecho de violencia sexual, mientras que en caso de los hombres hubo 298 víctimas en esa materia.
Por otra parte, el INDH recibió denuncias por 6.807 hechos vulneratorios. Los más frecuentemente denunciados por las víctimas fueron golpizas, con 2.095 casos; disparos, con 1.844; y desnudamientos, con 381.
Respecto a consecuencias, según el INDH siete personas fallecieron por la acción de agentes del Estado y 3581 víctimas sufrió algún tipo de lesión física. Dentro de ellas, un total de 220 víctimas sufrió algún tipo de trauma ocular, 50 personas estallido ocular, 82 víctimas la pérdida de visión y 88 víctimas alguna lesión producto del trauma ocular.
