Cuando llegó el dato de que Sánchez estaba en Brasil, el juzgado dictó su captura internacional e Interpol procedió a detenerlo en la zona de Mariluz, Rio Grande do Sul. Sánchez había tenido una fama efímera en marzo de este año: fue el único que sobrevivió a la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de dar de baja todas las recompensas para encontrar a los represores de la última dictadura que están prófugos.
Rafecas pretende indagarlo por 37 secuestros, ocho homicidios y cinco casos de tormentos. Sánchez debería haber sido juzgado en el proceso que se siguió contra otros integrantes del RI 6 de Mercedes entre 2021 y 2022. En ese momento, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Martín Sánchez Zinny, Emilio Pedro Morello y Horacio Linari a prisión perpetua mientras que absolvió a Luis Alberto Brun y Rubén Osmar Andrade.
El RI6 fue la cabeza del área 115 en la subzona 11 del Primer Cuerpo de Ejército. Según se reconstruyó en el juzgado de Rafecas, el RI 6 estuvo involucrado en una serie de secuestros que comenzaron antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Las víctimas que tuvieron como blanco, en general, eran parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Juventud Guevarista o el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Sus víctimas se movían, en general, en la zona de Luján. Muchas de estas personas coincidían alrededor de algunos nodos culturales –había marcado Rafecas en su procesamiento: la escuela de arte de Luján, la escuela nacional de comercio y la casa del escritor Dardo Dorronzoro.
Dentro de los hechos que se le imputan a Sánchez están los secuestros de Rocío Martínez Borbolla y su compañero, Pedro Martucci, ocurridos el 14 de junio de 1976. Rocío era maestra, estudiante de sociología y la encargada de editar la revista El Combatiente, del PRT-ERP. Es, además, la mamá de los periodistas Bárbara y Camilo García. También el RI 6 fue responsable por el operativo en la imprenta del PRT de la localidad de San Andrés, ocurrido el 10 de julio de 1976.
Brasil tendrá que decidir si concede la extradición que reclama Rafecas. En el juzgado lograron que la república federativa mandara al militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini, que actuaba conjuntamente con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en el centro clandestino Automotores Orletti. En 2016, Cordero Piacentini fue condenado a 25 años de prisión en el juicio conocido como Plan Cóndor. Fue uno de los criminales que se reunieron con los diputados de La Libertad Avanza (LLA) el 11 de julio pasado en el penal de Ezeiza.
En plena pandemia, Brasil extraditó al represor Gonzalo Sánchez, un oficial de Prefectura que actuaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El «Chispa» fue uno de los primeros en relatarles a los secuestrados de ese campo de concentración cómo era la mecánica de los vuelos de la muerte. Preso en la Unidad 34 de Campo de Mayo a la espera de ser juzgado, Sánchez es uno de los miembros del grupo de los “Muertos Vivos” –que integran represores dedicados a hacer lobby para recobrar su libertad. Desde la cuenta de X de Muertos Vivos, Sánchez le mandó un mensaje agradecido a Alida Ferreyra, una de las diputadas que visitó genocidas en Campo de Mayo y en Ezeiza.
A contramano de lo que sucedió con el “Chispa” Sánchez, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó la extradición de Roberto Oscar González, otro represor que operó en la ESMA. “Gonzalito” era integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) y bastante jactancioso: reconoció haber sido parte de la patota que hirió de muerte al periodista Rodolfo Walsh en marzo de 1977. En 2016, se lamentó ante una revista no haber sido él quien mató al autor de Operación masacre y dijo que tenía más de 100 muertes en su haber.
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