Santos no hizo lugar a la cautelar de la CIDH y firmó la destitución del alcalde de Bogotá
Gustavo Petro Urrego perdió la batalla. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó a las 6:00 p. m. de este miércoles la destitución e inhabilidad por 15 años decretadas por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Así, el jefe de Estado hizo caso omiso a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares.
Acto seguido, Santos nombró al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como alcalde encargado de la ciudad. Se trata de una persona con amplia experiencia política: fue comisionado de Paz y logró la desmovilización del M-19 -paradójicamente el mismo grupo insurgente en el cual Petro militó-.
Durante el gobierno de César Gaviria, Pardo fue nombrado el primer ministro de Defensa civil. Luego fue aspirante a la Presidencia de la República por el Partido Liberal. Tras perder las elecciones fue llamado por Santos para asumir la cartera de Trabajo.
Es la primera vez en la historia, que el país que no acoge las recomendaciones de la CIDH que, a propósito, fueron solicitadas al filo de la medianoche de este martes, después de que el Consejo de Estado le quitara el oxígeno jurídico a Petro.
Es importante aclarar que esta es la primera vez que la CIDH solicitaba medidas cautelares para defender derechos políticos y no, como ha sido siempre, para defender la vida y la integridad de alguien en riesgo de ser asesinado. En esos casos normalmente los que hace el gobierno colombiano es dar una protección especial a esas personas.
Haber aceptado la solicitud de medidas cautelares para Gustavo Petro era abrir la puerta a una nueva jurisprudencia en la relación entre Colombia y la CIDH con efectos inimaginables, pues todos quienes han sido destituidos podrían reclamar el mismo trato en la Comisión hemisférica.
Ese sería el caso de los parapolíticos e, incluso, del gobernador de La Guajira, ‘Kiko’ Gómez, que fue destituido sin que mediara proceso judicial, únicamente el disciplinario.
Por otra parte la Registraduría anunció que las votaciones para la revocatoria se cancelan después de la decisión del presidente de acoger la destitución del alcalde.
Minutos después de la decisión, Petro manifestó en redes sociales que “el presidente acaba de informar a través de los medios de comunicación que no acata las medidas cautelares que protegían mis derechos, los espero a todos en la plaza de Bolívar esta noche la democracia de Colombia herida de muerteâ€.
La respuesta por parte de las huestes ‘petristas’ no se hizo esperar. José Cuesta, uno de los líderes de la campaña por el ‘No’ a la revocatoria, dijo que se convocará a 800.000 personas para hacer una ‘tutelatón’ desde mañana jueves.
Argumentos de Santos
En su intervención, Santos dijo que respetaba las medidas cautelares de la CIDH, pero aclaró que “el sistema es complementario y alternativoâ€. Luego señaló que la Cancillería entregará las explicaciones del caso.
Precisamente, la canciller María Ángela Holguín dijo que la decisión de la salida de Petro se tomó ya que “la Comisión es subsidiaria de la justicia colombiana (…) la cual ha actuado eficientementeâ€. Este jueves se entregará la comunicación.
“El plan de gobierno ganó en las elecciones y el alcalde encargado no puede cambiar el plan de gobiernoâ€, dijo además el jefe de Estado. Por su parte, el ministro y ahora alcalde encargado Rafael Pardo dijo que va a mantener la propuesta de la ‘Bogotá Humana’.
El presidente manifestó que a Petro se le respetaron las diferentes instancias en la justicia colombiana, de la cual dijo que “ha actuado de manera transparente eficaz y oportunaâ€.
Posteriormente el mandatario señaló que el «gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares†solicitadas por la CIDH.
Añadió que “he recibido la comunicación del procurador (Alejandro Ordóñez) y debo proceder con la Constitución y las leyes
http://semana.hol.es/224/presidente_santos_designa_a_rafael_pardo_como_alcalde_de_bogot_aacute_
Petro denunció golpe de estado y llamo a organizarse para una Constituyente
Sostuvo que la Carta del 91 se murió y por eso es necesario movilizaciones nacionales por la constituyente y la paz.
El destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en su discurso ante una multitud que se agolpó en la plaza de Bolívar aseguró que el presidente Juan Manuel Santos con su decisión de cumplir la sanción de la Procuraduría no sólo le dio un golpe de muerte al sistema americano, sino que demostró que en Colombia en voto no vale.
“Han matado la Constitución del 91 y por tanto nos corresponde como ciudadanía cambiar eso, tenemos que llenar todas las plazas, tenemos que convocar a todos los pueblos, para decirles que nos movamos por la constituyente y por la paz”, insistió.
Sostuvo que vienen días difíciles que valen la pena vivir y anunció que su campaña por la constituyente comenzará en la plaza de la paz de Barranquilla y que en ese recorrido por todo el país también irá a escenarios internacionales como La Habana y Washington.
“Nosotros nos vamos al pueblo, quiero las organizaciones por la constituyente organizados, en todas las universidades, los municipios, veredas del país, sin peleas, liberales, conservadores, gente sin partidos, deportistas, artistas, indígenas, mujeres trabajadoras, pueblo indígenas, afro”, indicó.
“GOLPE DE ESTADO”
De otra parte en una entrevista con CNN dijo que su destitución fue un golpe de Estado y que fue una decisión de Gobierno.
Petro dijo que el presidente Juan Manuel Santos se había comprometido a acatar el fallo de la CIDH, sin embargo, algo lo hizo cambiar de parecer y precisó que ese algo fue el movimiento al que pertenecen el expresidente Álvaro Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez.
“Con esta decisión, el presidente privilegió su reelección, mientras que perjudicó al Estado de derecho”, dijo Petro.
Minutos después, desde el Palacio Liévano, el ahora exalcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que su destitución fue todo un cálculo político que se llevó a cabo de tiempo atrás, formulando ideas absurdas ante la opinión internacional y que en su opinión, Rafael Pardo, “el alcalde encargado no deja de ser más que un impostor”.
Así mismo, Petro dijo que cree que las cosas están al desnudo y que es mejor que sea así, ya que la hipocresía no vale para las decisiones que se están por tomar.
Petro aseguró que “la Bogotá Humana y el alcalde ganaron limpiamente en las elecciones, no se compró un solo voto, no ensució la decisión popular ni con la sangre ni con la cocaína. (…) Quienes dan el golpe de estado contra la Bogotá Humana se han hecho elegir con los dineros de la cocaína, la sangre y la corrupción”, afirmó el ex mandatario.
Petro dijo que: después de dos años, cuando llegamos a este palacio con el 32 % del electorado, hoy tenemos al 62 % de la población al lado nuestro. No solamente nos ganamos el corazón de los bogotanos sino de los colombianos.
El exalcalde arremetió de nuevo en contra del procurador Alejandro Ordóñez al decir que “el procurador ciego en su fanatismo ha llevado a Colombia a esta crisis sólo porque no puede aceptar la diferencia, porque no puede aceptar a un alcalde progresista”.
Finalmente dijo que el presidente Juan Manuel Santos se había comprometido con él de acatar las medidas cautelares de la CIDH y no cumplió.
Las cuatro razones jurídicas detrás de la decisión de Santos
¿Por qué el presidente decidió no acoger las medidas cautelares?
1. Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana no son de obligatorio cumplimiento si no se refieren a la vida y la integridad de las personas. El martes en la noche, en una visita en Washington, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, había señalado que «las decisiones de la Comisión son un consejo, una recomendación» y no una orden. El Gobierno analizó los alcances de las sentencias de la Corte Constitucional que han señalado que las medidas cautelares del Sistema Interamericano son vinculantes y la conclusión fue que esos pronunciamientos se refieren explícitamente a las medidas de protección física.
Las medidas cautelares de derechos políticos que ordenó la Comisión en este caso no forman parte de la tradición del Sistema Interamericano y su base –que el derecho disciplinario colombiano va en contravía con el Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos– ya fue desechada por la Corte Constitucional al ratificar la destitución de Piedad Córdoba, que argumentó, sin éxito, que era una servidora pública elegida por voto popular y que las normas interamericanas prohibían que fuera sancionada por una autoridad no judicial.
2. El caos institucional. En el análisis realizado por el equipo jurídico de Palacio, que incluyó consultas de altísimo nivel, se concluyó que aceptar la tesis de la Comisión sobre la supuesta falta de competencia del Procurador sobre los funcionarios de elección popular generaría un vacío jurídico de imprevisibles consecuencias.
No solo porque la misma situación de Petro, que fue investigado y sancionado según las reglas vigentes desde la promulgación de la Constitución del 91, la han enfrentado más de 1.200 excongresistas, exalcaldes, exgobernadores, exdiputados y exconcejales, sino por el futuro de los actuales procesos, que afectan a no menos de 500 elegidos. Además de las demandas millonarias de los destituidos o sancionados (personajes como Samuel e Iván Moreno, entre ellos), acatar las medidas equivaldría a aceptar la tesis de que las actuales reglas de juego sobre la acción de la Procuraduría no son válidas. Una reforma de las mismas tocaría decenas de artículos de la Constitución, un proceso de reforma que en ningún caso estaría listo antes de finales del 2015. ¿Qué pasaría en el ínterin?
3. El efecto dominó. La polémica tesis de la Comisión Interamericana sobre la aplicabilidad de medidas cautelares frente a derechos políticos, en el sentido de cuestionar decisiones tomadas en procesos que no corresponden al dedillo con lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, afectaría también la labor de la Contraloría (que con sus investigaciones logró la destitución, por ejemplo, del exgobernador del Valle Héctor Useche por un caso de detrimento patrimonial), que es un organismo de naturaleza similar a la Procuraduría: es un ente de control independiente de carácter administrativo, no jurisdiccional. Así, la Contraloría también podría ver frenadas sus actuaciones contra funcionarios elegidos por voto popular. Pero el efecto iría más allá: las investigaciones de la Corte Suprema contra aforados no cumplen protocolos internacionales porque la Sala Penal no tiene doble instancia, sin que esto implique que no se brinden todas las garantías.
En efecto, a los condenados por el proceso 8 mil y por la parapolítica los investigó y sancionó el mismo grupo de magistrados, con una garantía que la Constitución del 91 considera como de primer nivel: quienes juzgan a los congresistas son los máximos magistrados del país, la instancia considerada más alta en la justicia penal. La figura de la pérdida de investidura, que ha sido clave para depurar la política, también se habría visto afectada, pues la Convención dice que los elegidos solo podrían ser sancionados por una investigación penal.
4. Las dudas sobre el procedimiento de la CIDH. Altas fuentes confirmaron que en el Gobierno cayó mal que sin esperar a la audiencia que había convocado para el próximo lunes sobre el tema la Comisión tomara la decisión de pedir medidas cautelares. No se entiende, por ejemplo, cómo se tomó una decisión semejante apenas siete horas después de que el Consejo de Estado tumbó las últimas tutelas en favor de Petro, sin hacer primero un análisis profundo sobre las razones expuestas por ese tribunal colombiano.
Tampoco, el desconocimiento de que en este caso en particular ha habido un profundo análisis jurídico. El Gobierno considera que la Comisión, que forma parte de un sistema de justicia subsidiario, que solo puede operar cuando en el país no se ha podido o no se ha querido impartir justicia, actuó sin competencias, entre otras razones porque el proceso de las tutelas debe esperar aún la revisión de la Corte Constitucional y porque la defensa de Gustavo Petro se ha abstenido de adelantar la demanda administrativa contra la destitución, lo que demostraría que las instancias internas no se habían agotado.
Renuncia masiva del gabinete de Petro será el primero de abril
La designación de Rafael Pardo como alcalde encargado de Bogotá se da en momentos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había emitido medidas cautelares a favor de Gustavo Petro para evitar que se hiciera efectiva la sanción que le impuso laProcuraduría.
Pardo Rueda, quien desde noviembre de 2011 ocupa la cartera de Trabajo, llega a la Alcaldía de Bogotá en una de las peores crisis que ha vivido la ciudad, para garantizar una transición pacífica con la elección de un nuevo alcalde.
El presidente Juan Manuel Santos, al hacer el anuncio de la designación de Pardo como alcalde encargado de Bogotá, aseguró que en el caso de Petro no sólo se respetaron los derechos del destituido mandatario sino que la justicia colombiana operó de manera eficiente y citó por ejemplo la tutelatón con la que se buscó suspender la sanción por parte de la Procuraduría.
“En este caso entonces es evidente que la justicia colombiana no sólo ha actuado, sino que lo ha hecho de manera transparente, eficaz y oportuna”, dijo el mandatario al asegurar que elGobierno de Colombia defiende y harespetado el papel del sistema interamericano de derechos humanos.
“Considera sin embargo que el papel de dicho sistema es complementario y alternativo, con lo cual sólo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno”, aclaró el mandatario.
Durante todo el día el jefe de Estado se reunió con parlamentarios de diferentes bancadas a quienes aseguró que respaldaría la institucionalidad legal colombiana. También tuvo encuentros con asesores jurídicos con quienes evaluó la jurisprudencia de las cortes y las actuaciones de Colombia frente a decisiones de la CIDH.
Horas después el procurador general, Alejandro Ordóñez, envió una comunicación al jefe de Estado en la que solicitaba “se proceda a ejecutar la sanción disciplinaria impuesta contra el mencionado servidor”.
La comunicación incluye las copias del fallo de destitución, del que negó el recurso de reposición presentado por la defensa del alcalde así como del edicto de notificación de la sanción disciplinaria.
