Colombia | El CNE continuará la investigación por el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro
Consejo de Estado emite concepto sobre competencia del CNE para investigar campaña Petro Presidente
Aunque tienen fecha del 6 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) acaba de recibir un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sobre si son o no competentes para investigar la presunta violación de topes electorales en la acampaña Petro Presidente 2022-2026.
![Este es el concepto del Consejo de Estado sobre competencia del CNE para investigar campaña Petro Presidente.](https://imagenes.eltiempo.com/files/image_414_541/uploads/2024/08/23/66c8b234a93b9.png)
«Declarar competente al Consejo Nacional Electoral, para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego e imponer las sanciones administrativas correspondientes, si ha ello hay lugar», se lee en el resuelve.
Y agrega que el Congreso es el competente para decidir sobre una eventual sanción de pérdida de cargo del Presidente de la República.
«Declarar competente al Congreso de la República para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente de la República, de manera autónoma y según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política, en los términos del artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, cuando de la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la financiación de la campaña presidencial 2022- 2026 proceda la referida sanción», se lee en el documento.
El pliego de cargos
El pasado 8 de mayo, EL TIEMPO reveló en primicia que los magistrados investigadores del CNE Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) radicaron una ponencia en la que piden abrir investigación formal a la campaña Petro Presidente 2022-2026.
También, formular cargos por violación de topes al entonces candidato, Gustavo Petro, al gerente de la campaña, Ricardo Roa, y a los auditores de la misma.
EL TIEMPO anticipó que son al menos 6.000 millones de pesos los que no les cuadrarían a la campaña y hay cuatro casos concretos que se mencionan en la ponencia de Ortiz y de Prada.
Además de los pagos a los testigos electorales, los gastos que se indagaron incluyen publicidad pagada a un canal de televisión y los aportes de los sindicatos de Fecode y la USO, entre otros. Ninguno de estos aparecen en libros de campaña.
CNE reanudará estudio de ponencia que pide formular cargos a Gustavo Petro y Ricardo Roa
El Consejo Nacional Electoral se refirió al fallo del Consejo de Estado que ratifica su competencia para continuar la investigación administrativa que está adelantando a la campaña Petro Presidente. En un comunicado, el CNE reveló que ya fue notificado y que retomarán las actuaciones en la próxima sesión de la Sala Plena.
“La decisión fue comunicada a esta Corporación el 23 de agosto de 2024. En ese orden, la Sala reanudará el estudio de las actuaciones administrativas en la próxima sesión de Sala Plena”, dice el comunicado del CNE.
Uno de los temas que retomará el órgano electoral tiene que ver con la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz que pide formular cargos a Gustavo Petro y Ricardo Roa por una supuesta violación de los topes de campaña.
Cabe señalar que el Consejo de Estado señaló en su decisión que el CNE es competente “para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego e imponer las sanciones administrativas correspondientes, si ha ello hay lugar”.
En el mismo fallo se deja claro que el Congreso de la República es competente “para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente de la República”.